"La reflexión crítica de los derechos humanos en el ámbito empresarial, sin duda es tema crucial. Reconocimiento a José Luis Armendáriz y Luis Raúl González, abogados ambos, responsables de la comisión estatal y nacional de derechos humanos, que impulsan este debate, hoy y mañana, en esta ciudad de Chihuahua"
Dos son los elementos más preocupantes en el Informe Anual 2015 que rinde la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: el primero de ellos, que crece la lista de periodistas y comunicadores asesinados en relación al año anterior, lo cual significa que han sido insuficientes los esfuerzos institucionales y sociales emprendidos para proteger la libre expresión de las ideas, y, el segundo, y no por ello menos relevante, la estrategia gubernamental latinoamericana de criminalizar la actividad periodística crítica para proteger la imagen oficial y sus diversos funcionarios, e incluso candidatos.
Si en 2013 fueron asesinados 18 comunicadores, para 2014 la lista creció a 25 y un año después, en 2015, fueron muertos 27 periodistas, todos ellos con motivo de su ejercicio profesional. Destacan en la lista de países donde se cometieron los crimenes Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos, y Paraguay.
La constante en las investigaciones desarrolladas en relación con los crimenes, es que los colegas indagaban asuntos relacionados con crímen organizado, corrupción política o representaban voces robustas de denuncia social en sus comunidades: los comunicadores fueron asesinados por el ejercicio de su actividad de libre expresión y crítica social. Lo más grave es que la mayoría de los crimenes continúa en la impunidad: no han sido detenidos los autores materiales ni mucho menos los intelectuales, prohijandose, por esta ausencia de sanción, un aliento a mayores atrocidades.
Por lo que respecta a la oficialización de una persecusión penal contra comunicadores, el organismo interamericano de derechos humanos, encuentra que los Estados utilizan el aparato punitivo para desalentar la comunicación crítica.
Particularmente, preocupa que se apliquen sanciones desproporcionadas por la autoridad utilizando como pretexto el derecho de rectificación, como mecanismos para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al gobierno, tutelar la imagen de funcionarios públicos afines a éste e imponer una visión y discurso oficial a medios de comunicación, periodistas y caricaturistas.
Por ello, sostiene la relatoria en su informe, "en un sistema democrático pleno se debe fomentar la deliberación pública y garantizar una mayor apertura frente a expresiones y apreciaciones realizadas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático".
Ante estas dos situaciones graves, la agresión directa homicida contra periodistas y comunicadores y la agresión indirecta mediante el pretexto del derecho de réplica o rectificación, la Comisión Interamericana recomendó, de los Estados parte, por un lado, investigar los hechos criminales, detener y sancionar a los responsables, protegiendo a los comunicadores que en éstos momentos se encuentren en riesgo.
En cuanto al uso desmedido de la vía penal para sancionar a los comunicadores, la Comisión demanda fomentar la deliberación pública y garantizar una mayor apertura, derogar las leyes penales ambiguas que limitan la libertad de expresión y aplicar el estándar de la real malicia en aquellos procesos civiles seguidos contra comunicadores, en protección a la necesaria e indispensable libertad de prensa y expresión.
Es cierto que en México existen avances en la materia. A nivel nacional se ha construido un mecanismo de protección, que en estos momentos mantiene medidas cautelares de protección a decenas de colegas en el país. Sin embargo no es suficiente. Se debe revisar su rápidez y eficacia. Y descentralizar el procedimiento. Bajarlo, comunicarlo para una gestión más eficaz a los periodistas en cada entidad federativa.
Es cierto que en Chihuahua no existe más el delito de difamación y calumnia. Pero aún existe la posibilidad de amenaza contra los periodistas y medios de comunicación en su patrimonio por la vía civil, en una desproporcionada ventaja que da el poder público a los personajes que se sienten agredidos en su honor, cuando debieran ser los primeros en ser sometidos a la más severa crítica, dado el carácter de interés público de la información vinculada con ellos. Y para sostener esa amenaza, el derecho de réplica, recientemente legislado en el país, es un instrumento adicional para imponer una visión oficialista en la comunicación, alejada de la crítica, tan necesaria e indispensable en una sociedad democrática.
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