Es cierto. No
todos los delitos cometidos contra periodistas tienen que ver con violaciones a
la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.
Los periodistas
somos ciudadanos que desarrollamos diversas funciones como padres de familia,
trabajadores, profesionistas, etcétera. Es decir, estamos vinculados
socialmente con el resto de los ciudadanos que conformamos sociedad.
Al estar
vinculados con el sistema social, corremos los mismos riesgos que cualquier
persona de sufrir en carne propia la comisión de un delito o padecer un
accidente. Por ello nuestras casas pueden ser robadas, o en cualquier momento,
de acuerdo a la estadística, podemos sufrir el hurto de nuestro vehículo.
Estos incidentes
ocurren todos los días en nuestra sociedad, y los padecen cientos de personas,
por el simple hecho de estar en el lugar y el momento equivocado. No lo sufren
por su condición profesional. No hay una causa efecto.
Sin embargo, hay
profesiones que por si mismas aumentan el riesgo. El periodista por su
ejercicio profesional tiene horarios de riesgo, viaja mucho, convive con muchas
personas, y, por la naturaleza de su actividad, tiene que ver con actividades
de riesgo, vinculadas a sus mismas fuentes de información: policía, política y
economía. La cobertura informativa implica navegar entre intereses encontrados,
y muchas veces confrontados. Eso aumenta el riesgo.
Los horarios de
trabajo del periodista la hacen una actividad con mayor riesgo. El área
geográfica de cobertura también aumenta la posibilidad de sufrir alguna
consecuencia por su actividad, viaja mucho y a lugares que el común de las
personas no acude. Eso es lo que hace interesante la noticia o el tema
cubierto. Por ello, por si mismo, el periodismo es sinónimo de riesgo.
El lector lo
sabe. Huele el riesgo cuando escucha, observa o lee la información. Ese
contenido interesante, inédito, atrevido, retador o confrontador, hace de la
información un algo de interés. Por ello la busca, la escucha, la ve o la lee,
porque la noticia generada por el periodista, para ser auténtica noticia,
atrae.
Por eso el
periodismo esta considerado como una actividad de gran riesgo. Y dada la
utilidad que le aporta al sistema de pesos y contrapesos de una sociedad
democrática, y porque se le considera, dentro de las libertades, una de las más
caras y anheladas, se ha legislado para protegerla, desde el ámbito
constitucional –Artículos sexto y séptimo- hasta el convencional –Declaración
universal de los derechos humanos (Artículo 19) y Convención americana de los
derechos humanos (Artículo 13).
En este
contexto, cuando se agrede a un periodista, se agrede a una de las más
importantes libertades. Y ante ello se levanta la voz para exigir su respeto.
Las investigaciones deben deslindar responsabilidades y determinar si estamos
frente a una afrenta a la libre expresión de las ideas o el derecho a la
información, o bien, frente a un delito que nada tiene que ver con estas
circunstancias. Pero debe ser con base en una investigación seria y profunda,
transparente, que agote todas las líneas de investigación, nunca sobre las
rodillas, a priori o a contentillo del interés político.
Esto es así
porque desde el poder formal y fáctico siempre existe la probabilidad de que se
busque realizar acciones ocultas para coartar la libertad de expresión, con
intereses de muy distinta índole. Y porque existe esa posibilidad, la autoridad
esta obligada a investigar hasta el último rincón para proteger el ejercicio
periodístico.
Por ello es
correcto que la indagatoria por el homicidio del foto-reportero Rubén Espinosa
se extienda hasta Veracruz y que la máxima autoridad de dicha entidad, el
gobernador Javier Duarte, comparezca ante el Ministerio Público en el Distrito
Federal, en una línea de investigación que no debe ser descartada, por la
acumulación de acusaciones sobre violaciones a la libre expresión y ataques a
derecho-humanistas, que no deben quedar impunes.
