Columna de análisis crítico

viernes, 15 de enero de 2016

Una mayor discusión de los asuntos públicos



"Enhorabuena por la designación del reconocido académico y editorialista Eduardo Borunda como responsable de la asamblea electoral en Ciudad Juárez"

¿Los candidatos deben estar sujetos a un escrutinio público sin límites, aún con el riesgo de caer en el exceso de la libre expresión, o será que deben ser protegidos de cualquier señalamiento, en una exacerbación del derecho a la protección de la fama pública y su vida privada?
En nuestro país, las leyes electorales y la recién entrada en vigor ley del derecho de réplica, protegen a cualquier persona de ataques que vulneren su privacidad, o estén basados en falsedades o inexactitudes.
Nadie tiene el derecho de ofender la fama pública de las personas, incurriendo en difamación o calumnia.
Sin embargo, ¿los candidatos o funcionarios públicos, deben estar expuestos a una mayor permisividad en cuanto a la expresión de señalamientos, o será que deben gozar del mismo privilegio de inmunidad que cualquier ciudadano que no se ocupa de los asuntos públicos?
Ya la declaración sobre libertad de expresión, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  se ha encargado, desde hace varios años, de establecer la línea que separa al funcionario público del ciudadano común.
Los principios diez y once de la mencionada declaración así lo señalan al descartar delitos penales y privilegiar la vía civil para el resarcimiento de daños y perjuicios cuando la persona ofendida sea funcionario público o persona pública. En estos casos debe probarse además que existió una intención de infringir daño por parte del comunicador o hay conocimiento de falsedad o negligencia en corroborar la información.
Parte la declaración de que, por principio, las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.
Los candidatos a puestos de elección popular -aún en sus inicios en calidad de precandidatos o aspirantes a candidatos independientes- deben estar sujetos al escrutinio público mayor, en función de que la exposición pública es un instrumento adecuado para que el elector lo conozca en sus puntos positivos o negativos, y tener la posibilidad crítica de tomar preferencia. Proteger en exceso a los aspirantes a un puesto de elección popular es apostar a la opacidad.
Los medios de comunicación en su papel de intermediarios entre el lector y la cosa pública deben asumir un papel de responsabilidad social: no acallar los aspectos críticos, ventilarlos y difundirlos, buscando mediante las técnicas periodísticas el mayor acercamiento a la veracidad. Buscar datos duros, concretos. Opiniones. Contrastar, en pro y en contra, descubrir indicios, inferir, interpretar -si el género periodístico lo permite- y finalmente, publicar.
En este procedimiento técnico, el periodista dejará huella de su ejercicio profesional. No mostrará negligencia, sino al contrario, acuciosidad y análisis en la búsqueda de noticia. Expondrá hechos sobre los cuales encontró elementos, y que al ser presentados a la opinión pública, ayudan a tomar decisiones.
Como se ve, tanto la ley electoral, como la ley de réplica, deben ser entendidas en un marco de derecho Convencional, y no de manera aislada: de esta forma comprenderemos que los candidatos y el mismo sistema electoral, requieren de la crítica periodística, e incluso, de la libre expresión de las ideas en sus términos más amplios, y no restringida exclusivamente a los señalamientos que en las estrategias de marketing se intercambien los mismos aspirantes.
La vida electoral, al constituir el alma de la democracia -porque posibilita la renovación ordenada del poder público- requiere como oxigeno la libre expresión de las ideas, aún con los excesos que la misma pudiera implicar en determinado momento. La vida electoral requiere de la más amplia discusión entre actores sociales, porque lo que aquí se dilucida es el destino de la comunidad y no los intereses particulares de los candidatos en disputa: el poder público no es un patrimonio o botín de los candidatos, es la oportunidad de mejorar la vida de la comunidad.
Por ello, hoy más que nunca se trata de abrir los mayores cauces de difusión de las ideas y discusión de las mismas. Hoy más que nunca debe replantearse la comunicación social electoral de spots que inundan la radio y la televisión y que no contribuyen en nada a la discusión de los asuntos públicos.
http://robertopinon.blogspot.mx