Reforma histórica

Será en estos días -probablemente hoy mismo- cuando el Presidente Electo Enrique Peña Nieto entregue a los líderes parlamentarios de su partido, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, una reforma histórica en materia de combate a la corrupción. Se trata de modificaciones constitucionales que crean un órgano autónomo con capacidad de persecución de delitos -antes en manos estrictamente del Ministerio Público Federal-, integrado por un cuerpo colegiado, designado por el Senado de la República. La Comisión Nacional Anticorrupción -que sustituye a la Secretaría de la Función Pública creada en abril del 2003 para sustituir en aquel entonces a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo- constituye uno de los tres ejes autónomos que la constitución reserva de la dependencia jerárquica subordinada de los poderes de la Unión, para realizar funciones clave en una democracia: las materias electoral, banca y, en breve, el combate a la corrupción. En un amplio artículo publicado en el periódico ABC en su viaje reciente por España, el Presidente Electo, de su puño y letra, describe las tres reformas estructurales que planteará al cuerpo legislativo, relativos a los aspectos hacendario, hidrocarburos y anticorrupción. El órgano anticorrupción mexicano, de acuerdo al adelanto realizado por el mismo Enrique Peña Nieto, será una instancia autónoma, con competencia en el territorio nacional, en los tres ámbitos, federal, estatal y municipal, que sin mayor formalidad que las denuncias ciudadanas podrá iniciar procedimientos de investigación. Como ocurre en el resto de los órganos constitucionales autónomos -Banco de México e Instituto Federal Electoral- los Comisionados deberán ser aprobados por el Senado de la República a partir de propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. Serán cinco los comisionados integrantes del órgano, los cuales solo podrán dedicarse -adicionalmente- a actividades académicas. La reforma representa el rompimiento de un paradigma en la función pública, primero, al desprender del Poder Ejecutivo la atribución de perseguir y castigar la corrupción y entregarla a un órgano colegiado, que por la conformación del Senado, se antoja será plural; segundo, porque, de acuerdo al anteproyecto de iniciativa -ventilado desde ayer en diversos medios nacionales- se contemplan reformas al artículo 21 constitucional para dotar a la Comisión Nacional Anticorrupción de facultades para investigar y perseguir delitos relacionados con la corrupción. En el ámbito mundial la tendencia de la administración pública es hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Transparentar es colocar en una vidriera la actuación de los servidores públicos; la rendición de cuentas es sancionar las conductas que se apartan de la actuación legal y ética. La reforma anticorrupción constituye esta evolución de la transparencia a la rendición de cuentas, en busca de construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente, fincado en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad, como escribió puntualmente el Presidente Electo en la página Tres del influyente diario madrileño, espacio editorial destinado a la pluma de los liderazgos y personajes influyentes del mundo.