Una comunidad entera alzó la voz para denunciar el secuestro de uno de sus integrantes, Erick Lebaron.
Sus reclamos y tenaz determinación de exigir la liberación sin el pago de rescate, culminó felizmente con la libertad del joven habitante de la comunidad mormona de Lebaron, en Galeana, Municipio de Chihuahua.
Sin embargo, como represalia –al menos así se considera hasta el momento- Benjamin Lebaron y Luis Wildmar, fueron ejecutados, tras ser privados de la libertad y golpeados frente a sus familias.
Benjamin junto con Luis, se significaron por ser los principales promotores y lideres del movimiento comunitario que rechazó la violencia y el secuestro.
Unos días después, el elcalde de Namiquipa, Hector Ariel Meixueiro Muñoz, corrió la misma suerte: fue acribillado cuando viajaba en su vehiculo a una comunidad cercana.
Pareciera que existe, en ambas muertes, el interés de culpar a la autoridad estatal. Incluso hay quienes han exigido la renuncia del gobernador y de la procuradora de justicia del estado, por la supuesta omisión de no haberlos protegido.
Sin embargo, ¿Cómo responsabilizar de un hecho a una autoridad que no es competente para enfrentar el crimen organizado? Pareciera que se quiere construir una estela de humo para desviar la atención.
El secuestro, en su modalidad simple, es un delito del fuero común, pero cuando existe un grupo paramilitar detrás, que hace uso de armas de alto poder exclusivas del ejército, es competencia federal.
Pero además, el conocimiento de las amenazas en contra de diversos miembros de la comunidad Lebaron, es información que se conoce en el seno del operativo conjunto Chihuahua, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal.
Y es el nivel federal quien posee, de acuerdo al diseño institucional, la fuerza para enfrentar el crimen organizado. Es quien, en determinado momento, debiera responsabilizarse. Lo que pasa es que no se ha tenido la voluntad de elaborar un plan de protección, ya no solo a testigos, sino a quienes han tenido vinculación, como víctimas o familiares de ellas, con el crimen organizado.
No son las entidades federativas quienes tienen esa fuerza para encarar a la delincuencia organizada, tampoco los municipios como Namiquipa o Galeana: es el ejército y las corporaciones policíacas federales, con el respaldo del presupuesto federal.
No es en el deslinde de responsabilidades, como pretende hacerlo la federación, sino en la asunción de las mismas, como se va a garantizar la seguridad de las comunidades así como en la edificación de un programa que proteja a los ciudadanos de las amenazas de la delincuencia organizada, desde un ámbito de competencia correcto, como es el caso del gobierno de Felipe Calderón.
Experiencias hay al respecto, ahí esta Colombia, con un comité de riesgo que evalúa las amenazas e inmediatamente acciona protegiendo la integridad y la vida de las personas.
