Pifia lamentable

Tortuoso ha sido el camino por el cual se espera pueda aplicarse a plenitud la Ley General de Víctimas, instrumento indispensable para evitar la revictimación de las personas objeto de la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos. Autorizada la ley desde abril del 2012, fue hasta enero del presente año, cuando el presidente Enrique Peña Nieto ordena retirar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentado por la administración calderonista y se promueve una nueva reforma para perfeccionar una ley que apenas se encuentra en camino de ser aplicada. Vencido en octubre el obstáculo en la conformación de la Comisión Ejecutiva, al ser electos y tomar protesta ante el Senado, la cual deberá expedir el reglamento de operación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, se presenta el nuevo drama: no hay previsión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014, en una nueva violación a la norma. Es cierto que existe un apartado, en las modificaciones últimas al presupuesto de egresos, que señala un rubro para la comisión ejecutiva de atención a víctimas, dentro de los recursos que operará directamente la Secretaría de Hacienda, pero no es suficiente. No hay un señalamiento de cantidades específicas. También es verdad que dentro del apartado de atención a víctimas, Hacienda tiene recursos por 46.8 millones para atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas y 186.8 millones para atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto. Sin embargo estas cantidades de recursos nada tienen que ver con el objeto del Fondo establecido por la Ley General de Atención a Víctimas del delito, que busca la reparación y compensación por resultar víctima de delitos o violaciones a derechos humanos. Es decir, no es suficiente con que las modificaciones ultimas hayan previsto un recurso -sin señalar monto- para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde el principal gasto público será el destinado a crear el fideicomiso Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas. Este Fondo, de acuerdo a las estimaciones realizadas, debe significar algo así como 500 a 600 millones de pesos, tomando en cuenta que su proyección debe resultar -por obligación legal- de la designación del 0.014 por ciento del presupuesto programable de la federación. El recurso deberá ser administrado por un fideicomiso, que deberá regular la Comisión Ejecutiva, integrada por personalidades del ámbito académico en disciplinas de derecho, psicología y trabajo social, así como por representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos. La cuestión es que los recursos reservados, ya señalados lineas arriba, no dan el monto señalado por la Ley General de Atención a Víctimas, pensando en que fueran redireccionados -aunque esto resultaría de suyo inaplicable, ya que ambos recursos, los 46 y los 186 millones tienen un destinatario especifico, que no necesariamente corresponde a la acepción víctima del delito, que deberá ser atendido por la Ley General de Víctimas. Ahora, los diputados y el gobierno federal se encuentran en un aprieto. Requieren destinar poco más de quinientos millones de pesos al Fondo, situación no prevista de manera especifica en el presupuesto. Seguramente deberá realizarse una modificación y ampliación al mismo, con el fin de cumplir con los fines de la ley. Empero, nos encontramos de nueva cuenta ante la inobservancia de la norma. Es cierto que para la fecha en que se envío la propuesta de presupuesto por parte de la administración de Enrique Peña Nieto aún no existía la Comisión, y por tanto, es imposible que reciba recursos, al no existir el órgano ejecutor del gasto. Pero lo anterior no es óbice para la programación con ciertas condiciones que pudieron ser parte de un transitorio, que obligue a la emisión de normas regulatorias y la creación del fideicomiso respectivo. Me parece que existe una pifia lamentable que debe ser subsanada en lo inmediato. EN EL TABLERO...Con el cien por ciento de agentes policíacos certificados, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua consigno a tres elementos del cuerpo de seguridad publica municipal de Gomez Farias, entre ellos el Director, por diversos delitos, entre ellos usurpación de funciones -uno de los supuestos agentes era un civil- y uso de vehículos con reporte de robo, ya que una patrulla tenía reporte en Texas....Los familiares de los policías se manifestaron en Gómez Farias, exigiendo la liberación de los mismos...Nadie se explica como una patrulla con reporte de robo presto servicios durante tres años...El sector empresarial de Ciudad Juárez cuestionó el monto de poco mas de 5 mil millones de pesos extraordinarios considerados para Chihuahua dentro del presupuesto de egresos de la federación, ya que no resarce el daño ocasionado con el aumento del impuesto al valor agregado...La cuestión de fondo es la decisión del Estado mexicano de captar recursos del sector privado para invertirlos directamente, una decisión de economía fuertemente discutida y que no obedece a los cánones del libre mercado...