Tiene razón el señor presidente al realizar manifestaciones desesperadas contra quienes le han solicitado que rectifique el camino en el combate al crimen organizado.
Tiene también la razón cuando pide a la sociedad una mayor participación en las tareas de denuncia de los criminales que desde la sombra violentan la tranquilidad de las familias.
Tiene razón cuando señala que no es la solución retirar al ejército de las calles.
Hay razón en él, porque hasta el momento ha demostrado la incapacidad de construir un liderazgo desde el gabinete federal para enlazar una adecuada estrategia basada en la inteligencia financiera –fundamentalmente- para ahogar los ríos de recursos económicos que administra el crimen organizado.
También está en la justa razón porque la sociedad se siente abandonada por la federación, quien ha asumido la posición cómoda de acusar a las entidades federativas y a los municipios de ser los responsables de la violencia, cuando la misma es origen del crecimiento y diversificación del crimen organizado, que precisamente le corresponde atender al ámbito federal.
Y ahora en el colmo, lacerada y golpeada, la sociedad es llamada a construir la trinchera contra el crimen, con un reclamo en cadena nacional, que más bien parece una aceptación de incapacidad.
El presidente sabe que enfrenta la peor crisis de su gobierno, en un momento crucial, de cara a la renovación del poder ejecutivo.
Sabe que los penales tienen un severo problema de saturación, donde la carga se cimenta en las entidades federativas, que tienen que resguardar a peligrosos delincuentes del crimen organizado en situaciones de hacinamiento y defectos de seguridad, derivadas de la falta de apoyo federal.
Al 2006, el 53 por ciento de los centros penitenciarios del país tenían sobrepoblación con casos extremos como el de Chiapa de Corzo, con un 837 por ciento.
Sabe también que las corporaciones policiacas municipales y estatales deben ser reforzadas ante la federalización del delito de narcomenudeo, que deberá ser atendido por las corporaciones locales virtud a la reforma de 2009, sólo que esto ocurrirá sin más recursos económicos.
Es obvio que la federación por sus responsabilidades cuente con el mayor techo presupuestal. De los 89 mil millones de pesos autorizados para 2011, solo siete mil fueron enviados a las entidades y municipios a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.
Es lógico que por esa concentración de recursos para seguridad pública, la federación asuma la mayor responsabilidad, y que en la medida en que esas responsabilidades son trasladadas a las entidades, también exista un traslado de recursos financieros de manera proporcional.
Pero esto no ocurre así.
Por ese motivo, el ya basta presidencial es inoportuno, dramático y meramente mercadológico.
Los ciudadanos esperan un Ya basta auténtico desde las políticas públicas que con eficiencia combatan el delito, recuperen los espacios, generen empleo y reactivación económica.
