Mejorar los
mecanismos de protección a los periodistas no se agota en la implementación de
acciones remediales y reactivas –aún y cuando resulten vitales-, como es el
caso del sistema implementado desde la Federación con fundamento en la Ley
Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Esta es solo
una parte de la solución. La otra parte la componen las acciones preventivas,
particularmente la capacitación a los periodistas y comunicadores, así como a
los integrantes y mandos medios de cuerpos policíacos.
Es cierto que
ante una agresión que pone en riesgo al comunicador, las primeras horas
resultan fundamentales para proteger su integridad y la de su familia. Y en
ello es clave contar con un mecanismo ágil de protección, fines que persigue el
recién aplicado instrumento nacional, y que en estos momentos –según datos
difundidos- protege a medio centenar de periodistas.
Sin embargo,
¿cómo debe actuar el periodista frente a una agresión? ¿Cuáles son las medidas
de precaución que debe adoptar? ¿Cuáles son las experiencias internacionales
ante situaciones de alto riesgo? Esta etapa, la preventiva, vía la
capacitación, adquiere gran relevancia para eficientar la etapa protectora,
porque permitirá al comunicador superar las primeras horas de tensión, e
incluso, en muchos casos, resolver por sí mismo los casos de presión para
evitar que escalen en gravedad.
Desde 2010,
el sistema estatal de protección contra periodistas distinguía estas dos
necesarias etapas de protección, la preventiva y la reactiva. Este modelo bien
puede trasladarse a nivel nacional en cuya norma jurídica se contiene pero no
se aplica de manera generalizada y solo en los casos particulares sometidos a
su consideración.
Por ello
resulta relevante que el pasado miércoles 12 de agosto, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos haya convocado a organizaciones de distinta índole y
naturaleza a una reunión con los responsables de políticas públicas de la
Secretaría de Gobernación, y que en ese marco, se haya planteado la necesidad
de adoptar el modelo a nivel nacional desde la experiencia de Chihuahua.
La Secretaría
de Gobernación ocupa un papel clave en la implementación del sistema nacional
de protección a periodistas, de hecho, es la secretaría del ramo responsable
del mismo. Por ello, es quien debe asumir la responsabilidad de impulsar esta
vertiente de la prevención en busca de disminuir las agresiones, que en algunos
Estados de la República son un verdadero escándalo, como es el caso de
Veracruz, más aún con el homicidio del colega Rubén Espinosa en la colonia Narvarte
en la ciudad de México, por la presunción de amenazas gubernamentales en su
contra.
Un sistema de
protección que solo busca de manera reactiva proteger al periodista al momento
del riesgo no resuelve de fondo los problemas. Ataca el efecto, pero a veces es
demasiado tarde. Por ello debe impulsarse con vigor una cruzada de capacitación
en prevención en todas las entidades federativas.
Una vía para
ello pueden ser las mismas Comisiones de Derechos Humanos estatales y las
organizaciones periodísticas.
No debe
perderse de vista, como ha ocurrido lamentablemente en Chihuahua en lo que va
del año, las agresiones provienen en muchos de los casos de los integrantes de
los cuerpos policíacos, que no comprenden la labor de los comunicadores y
aplican a ciegas –y muchas veces con exceso, abuso y prepotencia- las normas reglamentarias
de su actividad.
Una
capacitación constante a comunicadores y cuerpos policíacos puede auxiliar a
prevenir sucesos lamentables de agresiones, en una ruta que no puede esperar
más tiempo y que debe ser abordada de manera sistemática y permanente, con el
impulso institucional, bajo la premisa de que la libre expresión de las ideas
es uno de los derechos humanos fundamentales y pilar del Estado moderno.
