Pasado el proceso electoral y con la recomposición de la nueva legislatura, una de las tareas primordiales será la revisión de dos grandes tareas, la seguridad y la economía, dos grandes boquetes de la administración de Felipe Calderón.
Por lo que toca a la seguridad, hay varios aspectos que los legisladores tendrán que analizar, la creación de una policía única, la modificación a las atribuciones en materia de combate al crimen organizado por parte de las policías estatales, una redefinición de la distribución de los recursos económicos a los estados y municipios y finalmente, el ejercicio de las funciones de inteligencia desarrolladas por la PGR y la Policía Federal.
Se ha querido tomar como modelo a Colombia para el combate al crimen organizado. En términos generales es correcto: la experiencia colombiana es muy rica en tareas de prevención y participación social para recuperar espacios públicos y detener –vía la denuncia anónima- a las cabezas de los carteles; sin embargo, siendo un Estado Centralista, cuenta con una policía nacional, con una estructura militarizada y jerárquica lineal.
La característica central de su gobierno le permite contar con una fuerza policiaca de esta naturaleza. No es el caso de México, donde existe una distribución de competencias en razón de la naturaleza de los delitos o bien, por el sujeto activo que los comete. Habría que modificar el sistema y regresar a uno que centralice estas funciones, en un evidente retroceso federalista.
Este aspecto, la naturaleza de los delitos, permitió distribuir las competencias en la persecución e investigación de los mismos, dejándole al órgano descentralizado municipal la prevención y las faltas menores; al ámbito estatal le corresponden los llamados delitos del fuero común, aquellas conductas antisociales cometidas por un individuo, con ciertas excepciones: que no haya delincuencia organizada y que no se trata de diversas materias, como delitos contra la salud.
Así, por ejemplo, un delito como secuestro corresponde al fuero común, pero en función de la participación de delincuencia organizada, materialmente pasa a ser del conocimiento del fuero federal, pero no formalmente, porque requiere atracción, un dique fabuloso que le permite a capricho al gobierno federal investigar o no ciertos delitos.
La federación ya le envió a los municipios facultades –pero no recursos- para combatir el narcomenudeo, con desastrosas consecuencias, ya que los cuerpos policíacos municipales se han corrompido y enfrascado en luchas contra grupos en franca desventaja.
Se requieren más recursos económicos para los municipios y entidades federativas y no sólo remanentes que a la Federación se le ocurre. Hay que revisar las tablas y el mecanismo de calculo: sus variables deben modificarse.
Por último las labores de inteligencia. A nadie le queda duda que es el camino correcto, pero no se hace o bien, no adecuadamente. Habría que llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República para que explique la ineficiencia en el rubro. Algo esta fallando, no cabe duda.
Estas son tareas inmediatas que los nuevos legisladores están obligados a atender.
