El Índice Nacional de Percepción de la corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional, es un balde de agua fría para los gobernantes mexicanos, en momentos en que concluían la negociación de un presupuesto federal superior a los tres billones de pesos.
Según el informe, México presenta un índice de 3.3, en el puesto 89, en el mismo sitio que naciones como Ruanda o Malawi, muy lejos del lugar 72 que sostenía hace un año. La corrupción no solo continua, sino que se agudiza en el país.
Las razones de dicha percepción, de acuerdo al estudio, se encuentran en las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados, que frustran iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible.
Ante esta situación, el organismo internacional sostiene que es indispensable "una activo control por parte del poder legislativo, un poder judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados", así como la aplicación "enérgica" de la ley, transparencia presupuestal y espacios para los medios de comunicación independientes.
Nadie puede cuestionar en términos absolutos las sugerencias para reducir la corrupción ni cuestionar las causas mencionadas.
Sin embargo, debe señalarse que las instituciones son débiles, no por sí mismas, sino como reflejo de la corrupción que las carcome. Las instituciones en México son tan fuertes que soportaron un gobierno débil y ambiguo como el de Vicente Fox, sin hacerse añicos, al contrario, emergiendo una y otra vez del escándalo y la omisión.
Contrario a lo que señalan los expertos, las prácticas de gobernabilidad no son deficientes, por supuesto que no: son de tal eficiencia que permiten en estos momentos que los tres grandes partidos políticos lleguen a acuerdos que les permitan gobernar con la comodidad de los impuestos descansando sobre la base de los contribuyentes, sin una real política de austeridad, y que incluso, con gran desfachatez, se insista, ante la grave crisis económica, en un nuevo edificio para nuestros legisladores, para sustituir San Lázaro.
Es cierto, hay una injerencia excesiva de los particulares en las decisiones, pero de los intereses particulares de la clase gobernante, y unos cuantos empresarios que detentan la concentración de la riqueza en el país.
Desafortunadamente la corrupción en el sistema gubernamental es reflejo de una sociedad laxa y pragmática, que no solo permite dicho estado de cosas, sino que lo impulsa y se aprovecha de él; no es que el gobierno se haya alejado del sentir comunitario, al contrario, lo refleja en su mayor crudeza.
