Nueva ley de amparo

Es trascendente la nueva ley de amparo cuya vigencia inicia el día de hoy. La discusión en torno a la misma fue intensa, no solo por lo sustantivo de sus cambios, sino por la urgencia de su promulgación y publicación, ante el gran vacío que se género después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que sustituye el concepto de garantías individuales en un afán de máxima protección contra los actos de autoridad y de los mismos particulares. Los titulares de los poderes ejecutivo y judicial se encargaron de resaltar la importancia de la reforma, fundamentalmente por tres ejes, protección a los derechos humanos con el reconocimiento de los tratados internacionales firmados por México, agilización de los juicios de amparo y el fortalecimiento del Poder Judicial. En particular, debe resaltarse el reconocimiento del interés colectivo que supera el interés jurídico concreto, personal en los asuntos; los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad y sus facultades sean derivadas de una ley, también podrán ser sujetos de amparo; el ejecutivo y el legislativo podrán solicitarle al poder judicial que priorice la resolución de juicios de inconstitucionalidad que resulten de urgencia; el poder judicial podrá hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas cuando el poder legislativo se niegue a modificar las leyes o normas que así hayan sido declaradas. Se trata de modificaciones de gran relevancia que colocarán al poder ejecutivo en una nueva tesitura. ¿Deberán conocer de los juicios que cualquier ciudadano inicien en contra de particulares que, por ejemplo, desmontan el bosque violando el derecho humano al equilibrio ecológico, bajo el supuesto de que dicho particular puede resultar una persona moral mercantil, sujeta en su actividad a una ley? Cualquier ciudadano podrá también demandar a la autoridad por el mal estado de los parques y jardines, bajo el concepto de violación a ese equilibrio ecológico, conservación del medio ambiente, espacios de recreación adecuados; por la ausencia de plena seguridad, ¿vivienda?, ¿igualdad de oportunidades en lo económico, educativo, social? La reforma abre una puerta interesante para los tribunales, que deberán resolver asuntos y distinguir en ellos la real violación a un derecho humano, ahora en el más amplio concepto como lo señala a misma constitución, y aquellos que resulten simplemente del capricho o de intereses económicos de personas morales o físicas, en un marco de posibilidades reales de la administración pública que carece de los recursos para atender todas las necesidades de ciudadanos, de la ciudad, el desierto y la montaña, sujeto a un presupuesto limitado por condiciones económicas locales, nacionales e internacionales. La decisión de otorgarle al ejecutivo y al legislativo, a través de la consejería jurídica y los presidentes de las cámaras, que respetando los plazos de ley se priorice la resolución de aquellos asuntos que por su relevancia resulten de necesaria urgencia, genera un equilibrio que evitara que las controversias por leyes duerman el sueño de los justos. Esta facultad, que podría parecer un exceso que fortalece el presidencialismo, es acotada por la determinación que tendrá el poder judicial para realizar declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas: se supera la simple inaplicabilidad: ahora el poder judicial podrá decirle a las cámaras que tal ley ha sido declarada inconstitucional, y de no modificarse o derogarse, podrá ordenar la publicación de la declaratoria general en el Diario Oficial. Se trata de la primera gran reforma al juicio de amparo en 172 años, institución garantista de talla internacional, que adquiere tintes de protección social y colectiva, por encima del interés individualista que siempre ha protegido. Tiene razón el Presidente Enrique Peña Nieto: la modernización de esta norma no garantiza por si sola el éxito de su aplicación, por lo que toca al Poder Judicial, a los litigantes y a los ciudadanos todos, lograr que este instrumento sea un derecho al alcance de todos los mexicanos.