"Reconocimiento al Lic. José Luis Armendáriz por su informe anual al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos"
Desde el gobierno se pueden y -desafortunadamente- se realizan conductas que violentan la libre expresión de las ideas y el ejercicio periodístico.
El favorecimiento a medios de comunicación para manipular contenidos o desviar recursos públicos es una practica indebida, que significa comisión de faltas por parte de servidores públicos y deteriora la capacidad financiera de las empresas que contribuyen informativamente en la construcción de la opinión pública. Los recursos públicos no deben utilizarse para privilegiar amigos en medios nacionales o locales, en una reedición de la postura de Lopez Portillo, en lugar del "No pago para que me peguen", "Pago a mis cuates por que me comprenden".
Las generalizaciones de posibles actos de corrupción o prácticas indebidas de la prensa no solo lastiman a los comunicadores y a quienes desarrollan empresas editoriales, sino que además los colocan en riesgo en un entorno de inseguridad y acoso del poder. Al señalar sin actuar contra supuestas acciones indebidas se convierte en un arma política del Estado.
Negar entrevistas e información porque los medios no son cómodos políticamente, también es un mecanismo de violación a la libre expresión, tutelado por la Constitución y por la convención americana de los derechos humanos, la declaración sobre libertad de expresión y diversas relatorias auspiciadas por la misma OEA. Se niega información a medios locales y luego se utilizan medios nacionales para manipular a la opinión pública.
Una estrategia adicional es la creación de medios de Estado para ejercer pseudo periodismo crítico en contra de los rivales políticos. El Estado genera un monopolio de comunicación para propagar los contenidos de su interés con fines de permanencia en el poder. Hace periodismo impreso que distribuye en ciertos estratos sociales, y genera televisión y radio con el uso de internet, en espera, seguramente, de concesiones públicas que le permitan acceder a la frecuencia modulada. Esos medios constituyen un gasto que contradice la política de austeridad proclamada, con un agravante: se favorece a un editor impreso sin licitación pública, incurriendo en errores del pasado.
Estas acciones, el favorecimiento a medios de comunicación con la adquisición de publicidad, el manejo informativo discriminatorio y la estatización de contenidos creando monopolios informativos con fines de propaganda, generan consecuencias graves en la convivencia social de un Estado democrático.
Ese manejo informativo no alienta la crítica y las acciones de contrapeso en el ejercicio del poder. Al contrario. Representan medidas de censura previa e indirecta, prohibida a nivel convencional.
El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, referente a la libertad de pensamiento y expresión, establece (párrafo 1) "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
Este derecho (párrafo 2) no puede "estar sujeto a previa censura" que sería una forma directa de intervención ni tampoco por medios indirectos (párrafo 3) "tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
Más aún, la Declaración de principios sobre libertad de expresión emitida por la CIDH prohibe (principio 1) la discriminación en la búsqueda de información, (principio 7) condicionar la información por cuestiones como veracidad o imparcialidad, (principio 12) los monopolios estatales de información "que conspiran contra la democracia" y (principio 13) el uso de la hacienda pública para premiar o castigar.
Asunto grave, sin duda, que debe ser remediado, en una auténtica alerta a la libertad de expresión.
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