La Organización de las Naciones Unidas, a través del capítulo México de defensa de los derechos humanos, ha puesto el dedo en la llaga: Ante la gravedad y el sentido de urgencia del problema, el gobierno federal debe rediseñar su estrategia, adoptar sin dilación un programa concreto de medidas con recursos presupuestales suficientes para prevenir la ola de violencia contra el gremio periodístico y proteger a sus integrantes.
La afirmación corresponde a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien cuestiona el bajo presupuesto destinado en el país para instrumentar medidas cautelares de protección a los periodistas: solo 26 millones de pesos frente a los 40 millones de dólares, unos 520 millones de pesos mexicanos que invierte Colombia en el rubro.
Esta desproporción indica un grado de atención al problema por parte del gobierno federal. Pero no todo son recursos. La voluntad política siempre ha estado mermada. El sistema de protección a periodistas integral nunca avanzó en la secretaría de gobernación en todo el sexenio, hasta llegar a construir únicamente un mecanismo acotado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, distinguido por la lentitud y burocracia del procedimiento.
Desde la óptica de las naciones unidas una solución para encontrar mayor índice de castigo a delitos contra periodistas es la federalización. Sin embargo, una restricción importante a ella es la débil estructura y eficacia con que cuenta actualmente la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas. Con la propuesta de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso de la Unión no hay mejora sustancial porque continúa el concepto de discrecionalidad para atraer delitos. No existe en la norma una disposición que ordene la atracción directa e inmediata.
La presupuestación de mayores recursos y la federalización de los delitos no representan la solución integra. Se necesita instrumentar acciones amplias en todo el territorio nacional que involucre a todos los sectores, no solo el gubernamental en todos sus niveles, sino el social y el privado, construyendo esquemas de manera horizontal para construir estrategias conjuntas, fuera de la premisa simplista de que desde Bucarelli se dicten las decisiones.
Los sistemas de protección a periodistas, construidos desde la base de la participación de los directamente beneficiados permiten alertar del riesgo de incurrir en obstrucciones a la libre búsqueda de información.
Incluso, medidas no consensadas, aunque pudiesen ser positivas, al ser tomadas como una imposición, resultan contraproducentes. En Sinaloa, recientemente, se presentó una propuesta gubernamental que no fue consensada ampliamente con los medios de comunicación y esto generó reacciones en contra.
Lo positivo es que lleva el tema a la palestra y creo que debe motivar una mesa de discusión para aterrizar un sistema de protección integral que aborde, como ocurre en Chihuahua, temas de desarrollo social, capacitación, flujo de información gubernamental, medidas cautelares y de autoprotección, estrategias de cobertura periodística en situación de alto riesgo, entre otras acciones que resultan de urgente implementación en todo el territorio nacional: tan sólo en este año ocho periodistas han sido asesinados y se han perpetrado cinco ataques a instalaciones de medios de comunicación, los más recientes al diario El Buen Tono de Córdoba, en Veracruz, y El Siglo de Torreón, en Coahuila; además de la desaparición de dos empleados de El Financiero.
