El afianzamiento de la globalización económica y la diversidad de intereses trasnacionales de empresas privadas y de gobierno provocarán nuevos y constantes conflictos, como ocurre en argentina con el decreto expropiatorio de la empresa petrolera YPF propiedad de la española Repsol.
Argentina tiene en todo momento el derecho de proteger sus intereses nacionales. Su presidenta Cristina Fernández no se equivoca en ello. Los pueblos tienen el inalienable deber de proteger aquellas materias de la economía, que como es el caso del petróleo, resultan estratégicas para efectos de sobrevivencia, desarrollo y seguridad nacional.
En lo que se equivoca la nación argentina es en violentar acuerdos internacionales de comercio a través de los cuales, no solo los inversionistas privados, sino los mismos gobiernos, han construido un entramado de producción y consumo de bienes que solo gracias a la globalización pueden obtenerse a mejor costo y a menor precio.
Es cierto: la economía neoliberal privilegia el mercado y con ello el consumo: los habitantes nos hemos convertido en una serie de dígitos que producimos y compramos: si no hay dígitos, no produces ni compras, y por lo tanto, el mercado te expulsa y te condena al retraso, al subdesarrollo, a la inanición.
Sin embargo no creo fatalmente que esa visión sea del todo correcta. Corresponde a los Estados establecer mecanismos de contrapeso, de equidad, para compensar las desigualdades naturales en una sociedad.
Cristina Fernández está asumiendo una posición que busca proteger una deficiencia de la economía argentina: en función de ello, proceder de acuerdo a la norma nacional e internacional en asumir los compromisos y obligaciones que se derivan de la decisión, así como a las consecuencias, en concreto, la indemnización de daños y costos, que no son pocos.
El mercado internacional habrá de castigar la decisión de argentina por violentar la seguridad jurídica en los negocios, como ha ocurrido con otras naciones. Este es el riesgo calculado que ella ha adoptado, como en su momento lo hizo México con el petróleo.
Argentina es un país soberano que no debe ceder a sus intereses. Sin embargo no puede sustraerse a una realidad de una economía global que exige la interacción comercial y de negocios con empresas internacionales y otras naciones.
En relación con México ya tuvo una primera diferencia en materia de importación de autos, por una balanza comercial nada favorable.
Cerrar la frontera puede no ser la solución: el aislamiento es un mecanismo no idóneo para un país que exporta anualmente el .354 por ciento del mercado mundial; tiene una relación intensa de importaciones de bienes con Brasil (28,0%), Estados Unidos (20,0%), Alemania (6,2%) y China (3,5%) y de exportaciones con Brasil (18,8%), Chile (11,5%), Estados Unidos (11,5%), y China (4,3%). Paradójicamente el principal producto exportado son los combustibles, materia del diferendo.
Un dato de la década pasada ubica en 35 mil 100 millones de dólares la inversión directa extranjera en Argentina. Por supuesto actualmente la cifra es mayor.
Esperemos que la diplomacia permita a Argentina encontrar un justo medio, que proteja el interés nacional por la industria y la realidad imperante de intercambio comercial ineludible a nivel mundial. Seguramente así va a ocurrir y Fernández solo presiona para negociar.
Por lo pronto, deberá negociar con Repsol, quien tiene el 57 por ciento de las acciones de la empresa, por lo cual está pidiendo 9 mil millones de dólares. De esa cantidad, una parte es de México. Pemex es propietaria del 9 por ciento de las acciones de Repsol.
