Columna de análisis crítico

martes, 9 de octubre de 2012

Efectiva investigación policial

La investigación de los delitos forma parte de las tareas fundamentales de cualquier gobierno, y con ella, el esclarecimiento y sanción de las conductas delictivas. Por el contrario, la impunidad, es decir, la ausencia de castigo, prohíja la sensación de fragilidad social ante los delincuentes que amenazan con afectar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos de bien. La afectación al bien público "sensación de seguridad" es distinto de acuerdo al tipo de delito cometido. Un delito de afectación patrimonial personal podrá causar indignación, pero es distinto que cuando se ve afectada la integridad física de una persona, como ocurre cuando hay lesiones u homicidio. Tiene en la sociedad un mayor impacto, escozor, el segundo de los delitos. De igual forma, cuando la sociedad percibe acciones contundentes que castigan los delitos, se fortalece la confianza en las instituciones. Esto esta ocurriendo con motivo del arresto del presunto responsable del múltiple homicidio cometido en el Bar Colorado, donde perdieron la vida los estimados colegas Javier Moya y Javier Salinas, junto con 14 personas más, el 20 de abril pasado. Al esclarecerse esté crimen, con la detención de uno de los responsables del mismo, se pudo resolver también el asesinato de la activista social Marisela Escobedo ocurrido el 16 de diciembre de 2010. La investigación policial a cargo de la Fiscalía General del Estado permitió establecer el móvil de los crímenes, en ambos se buscaba enviar mensajes a la sociedad, uno de terror y el otro de mordaza. El crimen organizado utiliza la comunicación como una técnica para reforzar su posicionamiento social: la activista es asesinada porque estaba causando mucho ruido y las personas en el bar porque era necesario generar ruido. Posiciones contradictorias del crimen organizado que generan dolor a decenas de familias en Chihuahua y el país entero, en medio de una guerra nacional e internacional por la venta y trasiego de droga y actividades ilícitas conexas, donde el gobierno federal ha tratado de trasladar la responsabilidad a las entidades federativas y municipios de manera irresponsable, ya que las mayores facultades están ayunas de mayor presupuesto. Una posición responsable de la administración pública federal es modificar el marco legal y presupuestal de manera integral y coherente. Que las entidades federativas asuman cada día mayores responsabilidades, pero acompañadas del recurso necesario. En tanto, los esfuerzos por combatir delitos del fuero común tienen trascendencia en el combate al crimen organizado, como ocurre en este caso, con el esclarecimiento de homicidios que han tenido y tienen un alto impacto social, como resultado de efectiva investigación policial.