Apresuramiento presidencial

Felipe Calderón Hinojosa envío al Congreso de la Unión una iniciativa de modificación a la Ley Federal del Trabajo en calidad de iniciativa preferente. La iniciativa preferente es un mecanismo por medio del cual el Congreso de la Unión esta obligado a resolver en 30 días la autorización de la ley. Esto es, debe votarse la iniciativa en el pleno, previo dictamen de la comisión respectiva. El método de iniciativa preferente impide que las leyes permanezcan ociosas en alguna de las cámaras, particularmente la de origen. No se trata de una norma constitucional añeja, más bien es una nueva disposición recién entrada en vigor, un nuevo matiz parlamentario en un sistema presidencialista. Dice el artículo 71 de la Constitución General de la República, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Hasta aquí la transcripción textual. La cuestión es que quedan a la administración de Felipe Calderón solo unos meses e introduce a la discusión legislativa uno de los temas torales, el aspecto laboral. Es cierto que desde el punto de vista económico, social y político resulta relevante un análisis de la materia, pero hay un grave problema: hay más de cuatrocientas iniciativas que buscan modificar aspectos laborales, particularmente la Ley Federal del Trabajo. No es la iniciativa presidencial la única que existe al respecto. Pero además, siendo una materia tan delicada, la presentación en su calidad de preferente lo único que provoca es, que sin carecer del tiempo suficiente para el análisis y consenso de la nueva legislatura, la iniciativa tenga que ser desechada. Esto es así porque apenas se están integrando las comisiones al interior de las cámaras para la distribución de las cargas de trabajo y el estudio de las diversas iniciativas existentes. No contribuye esta iniciativa a la civilidad para la transición: hay un presidente electo que tiene seis años de administración hacia adelante y el presidente actual se atraviesa con una propuesta de reforma sustancial, sin una mínima atención de tipo político. Una reforma legal en materia laboral requiere de un estudio profundo, pero principalmente, consensos entre los diversos actores. Así, la Cámara de Origen deberá pronunciarse, probablemente, por desecharla ante la ausencia de tiempo para llegar a acuerdos, y superar así la obligación de dictaminar en 30 días. Como muestra un botón: un tema de discusión que plantea textual la propuesta presidencial y que contribuirá al atorón legislativo, transcribo textual “A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones”. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? ¿Se las va a decir el gobierno federal a los sindicatos o las va a construir junto con ellos en pleno respeto a la autonomía sindical? Me parece que deberá abrirse un compás más amplio a los 18 días que restan al mes, superando el apresuramiento presidencial.