Corresponde al Tribunal Electoral de Chihuahua, -un órgano experimentado y fortalecido, cuyas resoluciones en su amplia mayoría han sido ratificadas por el criterio del tribunal federal- resolver la elección del pasado cinco de junio, por lo cual debe tenerse confianza en la determinación que tomen sus integrantes, presididos por el abogado César Wong
Los agravios contra los periodistas continúan. No son únicamente los agentes del Estado quienes los cometen, ni el crimen organizado, sino otros poderes fácticos, envueltos en la nube del derecho a la libre manifestación: en Oaxaca, mataron al compañero Elidio Ramos, cuando cubría los enfrentamientos de la policía con la CNTE.
No es la primer ocasión que ocurre un atentado de esta naturaleza, y que cobra la vida de un colega periodista. En 2006, ahi mismo en Oaxaca, otro reportero, en este caso un camarografo estadounidense, perdió la vida en un fuego cruzado entre manifestantes de la APPO y autoridad.
En aquel entonces, el deceso de Brad Will, puso de manifiesto la necesidad urgente de contar con un protocolo de protección para periodistas, que culminó con la ley federal a nivel nacional y antes con el mecanismo de protección tutelado en Chihuahua por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el último tramo del gobierno de José Reyes Baeza.
A Brad lo asesinaron cuando captaba en video los violentos enfrentamientos. Una bala cruzada lo hirió de muerte. Con la investigación, quedó de manifiesto que por un lado existió responsabilidad de la autoridad y de los mismos manifestantes en la muerte del periodista, por que era inconfundible, dado el volumen de su cámara, que se trataba de un periodista que ralizaba su labor.
Pero además, se evidenció, en toda su crudeza, que el periodista debe adoptar mecanismos de auto-protección. Por ello, en 2009 y 2010, se realizaron trabajos arduos bajo la coordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside el abogado José Luis Arméndariz, para construir un modelo de protección integral para los periodistas, con obligaciones de la autoridad y recomendaciones a los colegas, tomadas de la experiencia internacional, particularmente de Colombia.
Este mecanismo exigía capacitación para los colegas periodistas, con el fin de adoptar medidas de seguridad para la cobertura de sucesos de alto riesgo, asi como capacitación para los cuerpos policiacos, a fin de armonizar, por un lado, la necesaria tarea de seguridad pública y persecusión de los delitos, con la indispensable función del comunicador social.
Tan necesaria e indispensable es realizar esta labor de capacitación, que hoy nuevamente, el gremio periodístico se envuelve de luto. El colega Elidio Ramos, reportero del diario El Sur de Juchitan, cubría las violentas manifestaciones y enfrentamientos entre maestros de la CNTE y los cuerpos policiacos.
Elidio, antes de su muerte, texteo en whatts app con la subdirectora del medio, Ivonne Flores, que lo habían amenazado simpatizantes de la CNTE. Le pidieron que ya no tomara fotos. Luego no se supo más de él, hasta que fue localizado sin vida.
Con este crimen se elevan a 216 los asesinatos cometidos contra periodistas de 1983 a la fecha, gravísimo atentado a la libre expresión.
No se justifica el artero crimen por las demandas, lo justo o injusto de las manifestaciones: ninguna libertad puede ahogar a la otra. La violencia exacerbada acarrea destrucción de la libertad de expresión, indispensable para la construcción del estado democrático.
El periodista es interlocutor, censor social, testigo indispensable: no se le puede ni se le debe combatir: al contrario, debe protegerse su labor, ya que permite difundir la realidad de los acontecimientos sociales y plasmar su histórico acontecer.
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