Principios violentados

Los atributos de la norma jurídica han permitido construir leyes permanentes, pero no inflexibles, permitiéndole una adaptación paulatina y gradual a los cambios sociales, sirviendo como un impulsor y conductor del desarrollo de las comunidades y un dique a las conductas antisociales que amenazan con destruir y dañar el progreso y la convivencia pacífica de la colectividad. La norma jurídica, por su abstracción, generalidad e impersonalidad, posibilita que el legislador, cualquiera que este sea, carezca de un interés de grupo o facción: esto es, que la norma convertida en ley pueda alentar o prohibir conductas en términos generales, sin un destinatario especifico. Lo contrario, es que la norma jurídica, en este caso la penal, fuera personal, concreta y particular, lo cual resulta contrario al principio de estado de derecho que le garantiza a todos los ciudadanos igualdad de circunstancias frente a la ley. Desde el punto de vista penal, existe una tipicidad, una conducta apegada a un tipo, que no es otra cosa que la correspondencia de hechos a la descripción de la ley, elementos señalados por la norma como necesarios para castigar un comportamiento que causa daño de cualquier naturaleza a alguno de los sujetos o bienes jurídicos tutelados y protegidos, como puede ser la sociedad en su conjunto o de manera individual, la propiedad, el medio ambiente o la gobernabilidad o gobernanza. Las leyes no pueden ser inmutables ni estar escritas en piedra: requieren actualización continua, es cierto, pero basados en una actitud responsable y no caprichosa del legislador, como acaba de ocurrir en el Distrito Federal. En la Ciudad de México, como en todo el país, existe una conducta antijurídica castigada por la norma penal, se trata de los delitos cometidos en contra de la paz pública, un bien jurídico tutelado en vista del provecho que un clima de cordialidad, armonía y convivencia social procuran al mayor desarrollo de la comunidad. Este delito ha sido cuestionado, al igual que el resto de los contenidos en el capitulo de delitos políticos, porque sanciona las conductas que exceden el uso de libertades, como la libre manifestación o asociación, al volcarse en situaciones señaladas como delito, como el robo, los daños, las lesiones o el homicidio: los estudiantes del primero de diciembre se manifestaron pero lo hicieron por medio de la violencia, el ataque a los agentes policiacos y la destrucción de bienes de particulares. ¿Será legitima la conducta desplegada por estos manifestantes? En términos generales lo es: las manifestaciones son connaturales a un estado democrático, siempre y cuando las mismas se conduzcan en términos de ley. ¿Que significa esto? que no ataquen vías públicas, respeten los derechos de terceros y no alteren la paz pública. Los manifestantes del primero de diciembre cometieron daños en la zona de San Lazaro por un monto de 150 millones de pesos y en Reforma del orden de los 28 millones. El tipo penal atribuido a su conducta lo señalaba el artículo 362 del código penal del Distrito Federal: Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación. Sin embargo, los grupos radicales del Partido de la Revolución Democrática presionaron a sus diputados, que son mayoría absoluta -por virtud del principio de gobernabilidad, derogado en todo el país excepto en el Distrito Federal- para modificar la pena y permitir la libertad con el pago de una fianza, que al final terminó por ser ridícula: 140 mil pesos en total por todos los sujetos procesados, la cual fue pagada por dos legisladores perredistas. Los representantes de la Asamblea Legislativa violentan de manera legal -la norma fue autorizada por la asamblea, promulgada y publicada, entrando en vigor al día siguiente- los principios mediante los cuales se construyen las normas jurídicas, para beneficiar a un grupo de personas afines ideológicamente, pertenecientes a grupos anarquistas. Es cierto, había y hay que revisar en su conjunto los llamados delitos políticos, no solo la penalidad discutida; sin embargo, la realidad indica que estas conductas deben ser sancionadas de manera ejemplar: no existe en el país argumento que justifique la violencia por parte de estos grupos radicales: las vías democráticas de participación están abiertas y garantizadas por diversas instituciones y normas.

Tuvieron qué pasar diez años

Resultaba incongruente que las entidades federativas hubiesen avanzado con mayor rapidez en garantizar la transparencia, el acceso a la información y a la protección de los datos personales, que la instancia Federal. Entidades como Chihuahua, marcaron parte aguas en el ámbito nacional, cuando fruto del derecho comparado, probablemente de manera tardía, pero aprovechando la experiencia que ello mismo proporcionó, arribaron a un marco jurídico de avanzada en materia de transparencia. Esta era la segunda ocasión que el gran estado del norte se posicionaba a nivel nacional con figuras de inéditas como ocurrió en 1994 con la materia electoral. Tres aspectos fundamentalmente deben destacarse de la transparencia chihuahuense: la constitución de un órgano constitucional autónomo, la ampliación de los sujetos obligados y la reducción de plazos. Resulto inédito que nuestra entidad, sin titubeos, autorizará la creación de un órgano constitucional autónomo, garante de la transparencia, no subordinado jerárquicamente a ninguno de los poderes establecidos. También fue un hito la ampliación de los sujetos obligados a cualquier ente que recibiera recursos del erario público, sin limitación alguna: la categoría de sujeto obligado la otorga, no el carácter de personal moral pública, sino el hecho material de recibir dinero del sector público estatal, con lo cual se incorporó a los partidos políticos en automático, amén de que fueron señalados expresamente en el texto para que no cupiera duda alguna. Los plazos también fueron reducidos en el procedimiento de acceso a la información pública, bajo la interpretación de que la dilación en los tiempos solo propiciaba el incumplimiento al derecho constitucional del ciudadano de acceder a la información pública, por ejemplo, para la aclaración de la solicitud, a nivel federal se otorga un plazo de diez días al sujeto obligado para requerirlo al solicitante y a nivel estatal, en Chihuahua, solo se otorgan cinco días: los plazos fueron reducidos a la mitad. Estaba la transparencia federal retrasada. La semana pasada el Senado de la República autorizó la reforma constitucional en materia de transparencia avanzando significativamente. Por lo pronto, a reserva de revisar el decreto correspondiente, se aprecia una reforma de gran calado: se crea un órgano constitucional autónomo a nivel federal para garantizar la transparencia, sólo dejando de lado asuntos jurisdiccionales que deberá resolver, en la materia, un comité designado por el Poder Judicial de la Federacion, fórmula que de suyo resulta innecesaria si de antemano se considera a todos los procedimientos jurisdiccionales como información reservada. La reforma parte de diversas propuestas, la Presidencial y la presentada por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, ampliando el número de comisionados de cinco a siete, otorgando la categoría de inatacables a las resoluciones de órgano constitucional autónomo, calificándolas de vinculatorias y definitivas, y ampliando la categoría de sujetos obligados incluyendo partidos políticos. Adicionalmente le otorga al órgano constitucional la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados que atenten contra el principio de máxima publicidad y transparencia y se establece que las entidades deberán constituir órganos con igual categoría y facultades en las entidades. Transcurrieron apenas tres semanas de la nueva administración y se observa el consenso para llegar a fórmulas legislativas detenidas desde hace casi diez años, cuando nace el Instituto Federal de Acceso a la Información, en una disposición de las distintas fuerzas para sentarse a dialogar y llegar a acuerdos, en una visión a corto, mediano y largo plazo, sancionada en el Pacto por México, que demuestra su gran utilidad.

Reconocimiento

El panorama no es nada alentador: en cifras destacadas por medios nacionales, del 2006 al 2011, uno de cada tres hogares en el país cuenta con una víctima del delito; siete de cada diez mexicanos se siente inseguro; 70 mil personas murieron; hay nueve mil cuerpos sin identificar y mas de veinticinco mil desapariciones; se cometieron cerca de once millones de delitos, incrementándose el secuestro en un 83 por ciento y el robo con violencia en un 65 por ciento a nivel nacional. Mientras todo esto ocurría, inexplicablemente durante los últimos años se acusaba la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales; se señalaban complicidades con el crimen organizado, incluso con detenciones múltiples de servidores públicos que al final fueron liberados, como ocurrió en Michoacán y se sancionaba a los municipios con la disminución de recursos del fondo de seguridad pública, situación acontecida en la capital de Chihuahua. En suma, el gobierno federal disputó durante doce años con los estados y municipios y no se coordinó plenamente: se asumió un discurso mediante el cual se responsabilizaba a estos dos ordenes de gobierno del avance del crimen organizado, presumiendo que la federación acudía en auxilio ante la incapacidad de éstos para enfrentar la delincuencia. No se realizó política de seguridad pública, lo cual no fue impedimento para que entidades federativas, como es el caso de Chihuahua, redujeran los indices delictivos de manera sustancial en los dos últimos años, fruto del esfuerzo de coordinación y liderazgo estatal en la materia. Todo esto viene a colación por la presentación que de la Política de Estado por la Seguridad y la Justicia realizó el presidente Enrique Peña Nieto, donde destacan, como atributos necesarios la planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. En el marco del Consejo Nacional de Seguridad y en presencia de gobernadores de todos los partidos se anunció la creación de la Gendarmería nacional, la organización de cinco regiones así como la inversión de 117 mil millones de pesos para la prevención del delito, línea estratégica de atención transversal que busca reorganizar la atención social en la reconstrucción del tejido social, redimensionando, pero sin descuidar, la visión estrictamente policial. La presentación del proyecto de seguridad es precedido de un severo diagnostico: adicionalmente a los datos estremecedores señalados arriba, desde el punto de vista de la procuración de justicia y procesamiento de información estratégica, se señala una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación, con estructuras que no corresponden a la realidad, provocando fragmentación que bloquea y desfasa las acciones. Destacan en las políticas de la nueva administración federal, el respeto a los derechos humanos y las acciones de prevención del delito: se ordena la creación de protocolos que protejan los derechos humanos y se establece como línea rectora la corresponsabilidad de los tres ordenes de gobierno. Por supuesto, el contenido de los anuncios resultan importante, pero adicional a ello, se respira un nuevo aire de consenso en la aplicación de las políticas en materia de seguridad pública. No es casualidad que el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera haya reconocido en la visión de combate a la inseguridad el apartado de prevención, como línea toral para fortalecer un nuevo modelo de participación de todos los órdenes de gobierno y sociedad, que rescate y recupere la tranquilidad de todos los mexicanos. Tampoco es casualidad que, ayer, un día después de la presentación de las políticas en materia de seguridad, el presidente Peña Nieto haya decidido encabezar actos públicos relativos a seguridad e impulso a la reactivación económica en Chihuahua, bajo la hospitalidad del gobernador César Duarte, quien en el Consejo Nacional de Seguridad tocó el delicado tema del tráfico de armas como uno de los detonantes de la violencia en nuestro país, que requiere atención inmediata. La explicación de evento es simple: Chihuahua es clave a nivel nacional en cuestiones de seguridad, por la participación ciudadana en esquemas de cultura de la legalidad y rescate de espacios públicos, así como la reducción relevante de indices delictivos, que de manera general en el país están generando crisis, como es el caso del secuestro y la extorsión.

Normalidad democrática

Los recientes hechos ocurridos el pasado primero de diciembre constituyen un exceso al uso de la libertad de expresión por parte de grupos radicales que al final buscaban una doble afectación, empañar la toma de posesión presidencial y evidenciar la lucha intestina, con una izquierda moderada que se fortalece en la persona de Marcelo Ebrard y su sucesor Miguel Ángel Mancera, en una línea de negociación y consenso que ha alcanzado al mismo Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder ha aparecido, en menos de quince días, al lado de las otras fuerzas, en eventos encabezados por el nuevo titular del ejecutivo federal. Es difícil justificar bajo la premisa de la libre asociación y libre manifestación de las ideas las acciones protagonizadas por jóvenes embozados, armados con bombas molotov y artefactos caseros que lanzaban clavos como proyectiles; lamentablemente, la autoridad poco pudo hacer frente a ellos, mas que contenerlos, ya que no pudieron ser detenidos, salvo trece que están siendo procesados y 54 que tuvieron que ser liberados ante la falta de pruebas, en una evidencia de falta de preparación policial y un deficiente trabajo del ministerio público que consignó sin contar con elementos suficientes de prueba. Se trató por parte del grupo radical de evidenciar los abusos de la autoridad federal el mismo día de la toma de posesión presidencial, pero la prevención de instalar cercos los contuvo y provocó la ausencia de choque en la zona de San Lazaro, obligándolos, ante la impotencia del contingente agresor, a trasladarse a Juárez y Reforma, enfrentándose a la policía capitalina, aún bajo las órdenes de Marcelo Ebrard. De haber cedido a las presiones para retirar las vallas de seguridad en el área de San Lazaro, probablemente otro hubiera sido el escenario. Es evidente: se trató de reventar por fuera y por dentro la sesión solemne de toma de protesta: por fuera los grupos autodenominados anarquistas y por dentro, la diputación que se alejó del pacto de civilidad e intentó la toma de tribuna, sin éxito, ante una estrategia diseñada con macetones resguardados por decenas de diputadas priístas. Las acciones de beligerancia emprendidas por los grupos anarquistas terminaron por provocar la primera crisis en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en una campaña mediática nacional orquestada para evidenciar la falta de preparación de los elementos policiacos, que habrían cometido abusos en contra de ciudadanos inocentes detenidos y recluidos en Santa Martha Acatitla: ironía: los grupos de protesta terminaron violentamente enfrentados con policía comandada por un gobernante de izquierda. No cabe duda que hay corrientes radicales que están en contra del consenso y civilidad con que se han conducido tanto Ebrard y Mancera, no solo con la nueva administración, sino con la anterior, con la cual predominó una relación de sana distancia y respeto institucional. Ahora esos grupos mascullan la decisión política del líder nacional del Partido de la Revolución Democrática de honrar su palabra empeñada durante la firma del Pacto por México y aparecer de nueva cuenta al lado de Gustavo Madero, Cristina Diaz y el Presidente Peña Nieto, para la presentación del proyecto de reforma educativa, en un camino de normalidad democrática: discusión plural, disenso natural y al final consenso, entendiendo que no hay mayorías absolutas, sino relativas, y que por tanto los acuerdos son obligados, en una negociación donde todos los actores son tomados en cuenta y al final la colectividad es beneficiada mediante acciones de gobierno surgidas del crisol variopinto de la pluralidad.

Vandalismo

Es evidente que el detonante del Pacto por México firmado por las fuerzas políticas mas importantes del país, y atestiguado por el Presidente Enrique Peña Nieto, lo fueron los actos vandálicos del primero de diciembre. Un día antes, el Partido Acción Nacional -con su omisión y actitud dubitativa- secundó la decisión perredista de evitar la firma del Pacto, consensuada por el Presidente Nacional del Revolucionario Institucional, enviando un mensaje de ausencia de acuerdos previo a la toma de posesión del exgobernador del Estado de México, tratando -sin éxito- de lesionar la imagen del Jefe del Ejecutivo Federal. Se leía en la decisión cupular de la oposición un afán por presionar en medio de las medidas preventivas adoptadas para evitar un escenario de toma del Palacio Legislativo, anunciado por fuerzas radicales de izquierda. Les molestaron las decisiones de blindar el palacio legislativo en lo exterior y en el interior, en una decisión de inteligencia y determinación por preservar la realización sin contratiempos del acto solemne de transmisión del poder nacional, concretado en la colocación de la banda presidencial y la toma de protesta constitucional. Primero fue socavar la firma del Pacto: luego, el uso de bombas molotov en el exterior por medio de grupos anarquistas que chocaron contra los granaderos y destrozaron todo a su paso desde Bucarelli hasta Bellas Artes. La violencia utilizada por los jóvenes no tiene parangón: el mismo Marcelo Ebrard apareció en Televisión Nacional mostrando su enojo por el uso desproporcionado y planeado del vandalismo: el ala radical de la izquierda se movilizó para hacer evidente su malestar por la asunción de un nuevo presidente ajeno a sus intereses y deseos. La izquierda moderada inmediatamente se replegó a las manifestaciones vandálicas: Ebrard se coordinó en las acciones policiacas de contención con el subsecretario de seguridad del gobierno Federal, Manuel Mondragon y Kalb, quien hace apenas unos días fungía como el responsable de la seguridad en el gobierno del Distrito Federal. El saldo fue impresionante: 150 millones de pesos en daños a inmuebles en la zona de San Lazaro y 28 millones en Reforma: en total la zona comercial, turística y financiera dejó de realizar operaciones por 950 millones de pesos, según cálculos de la Cámara de Comercio. La condena a los actos vandálicos es unánime. No existe -salvo Andres Manuel y sus seguidores- quien justifique las acciones de los jóvenes utilizados como instrumento criminal de presión, y no de autentica libertad de expresión y manifestación, como debió haber ocurrido. La constitución y las leyes protegen la libre manifestación de las ideas. Es responsabilidad de todos, de la sociedad en su conjunto, alentar, no solo proteger, el derecho de discrepar e increpar, pero en el marco del respeto al derecho de terceros y la conservación de la paz social. Un sociedad plural se manifiesta en la tolerancia de la discusión de los asuntos públicos, no en la violencia del tono estridente, las bombas molotov y las manifestaciones incendiarias. Conscientes de ello, las fuerzas de oposición cedieron, probablemente asustadas de los actos vandálicos, a la firma de un pacto de alcances ambiciosos que busca rescatar la confianza en las instituciones y generar acciones de bienestar común a corto y mediano plazo, donde destacan la reforma educativa, salud y seguridad social, telecomunicaciones, combate a la delincuencia y corrupción.

Riesgo mayor

En un país democrático hay cosas que no debieran suceder, pero suceden. No debería haber noventa mil muertos a consecuencia de una estrategia fallida de contención de la violencia criminal organizada. No debería haber toma violenta de universidades, como ocurre en el Distrito Federal, dentro de una riña de grupos politicos de izquierda en busca de presupuesto. No debería haber paros ni bloqueo por la fuerza de carreteras principales como pasa en Oaxaca para presionar a un gobierno de izquierda a otorgar prebendas indebidas. No debería haber iniciativas preferentes del Presidente de la República en busca de romper la congeladora legislativa, pero así ocurre. No deberíamos gastar tanto dinero en financiar las elecciones para romper con las dudas e histerias colectivas de fraude, pero así ha tenido que suceder. México ha tenido que avanzar por el camino de la construcción de una democracia sui generis. La participación de la ciudadanía a través de la organización colectiva se desborda en ánimo que rebasa los límites de las expresiones señalados en la Constitución, es decir, es común que se violenten el orden y el derecho de terceros. ¿Cual es el limite para que la autoridad adopte medidas que permitan pensar en una actuación legitima? La proporcionalidad de dichas medidas, es una respuesta. Gabino Cue ha tenido que utilizar por un lado la fuerza pública y por el otro la negociación para levantar los bloqueos en Oaxaca; en el Distrito Federal, los granaderos son utilizados como fuerza contenedora ante los disturbios provocados por la pelea entre fuerzas de izquierda. Actualmente para la toma de posesión presidencial se ha tomado como medida de precaución la implementación de un cerco de seguridad común en todas las naciones ante eventos de esta naturaleza, que implica vallas y restricciones en el tránsito masivo de personas. Se ha criticado la decisión preventiva tomada para evitar la llegada de grupos beligerantes a San Lazaro con motivo del acto solemne de protesta del Presidente de la República. ¿Es proporcional la medida ante la amenaza de grupos hostiles por llegar al palacio legislativo a provocar a las fuerzas del orden y dar la noticia mundial de desorden y ausencia de gobernabilidad, golpes, lesionados y abuso de autoridad? La democracia plena, al menos en el apartado instrumental electoral, implica aceptación de los resultados, una vez validados por los órganos jurisdiccionales. La mayoría votó elegir a una autoridad, y por ese motivo debe considerársele con la legitimidad necesaria. Las manifestaciones de fraude o de inconformidad solo son mecanismos para patentizar fuerza de movilización popular como presión. Igual habrá de ocurrir hacia el interior de San Lazaro con las fuerzas políticas: esa manifestación exterior encontrará eco entre diputados y senadores de las fuerzas radicales. ¿Deben permitirse esas manifestaciones? Por supuesto que deben permitirse y además no reprimirse. Tanto en el exterior como en el interior de San Lazaro debe escucharse, con toda su fuerza y claridad, la voz de quienes no están de acuerdo con el actual estado de cosas: todos debemos estar posibilitados de expresarnos y escuchar a quienes se expresan. La colocación de vallas solo son un mecanismo de prevención a escenarios de mayor enfrentamiento y conflicto. La civilidad exige capacidad de razonar y exigir en un ámbito democrático, de tolerancia, de unos y otros. Cuando esa manifestación se convierte en una actitud rijosa y violenta pierde su naturaleza de expresión política y se convierte en una expresión facciosa de uso de poder material que trata de imponer puntos de vista por la fuerza. Esto es lo que ha ocurrido con los grupos de izquierda radical que se alejan de un comportamiento democrático y tolerante. Esto ocurre en Oaxaca y en la Universidad Autónoma del Distrito Federal. La colocación de vallas es proporcional a las amenazas de agresión, es una contención pacifica para evitar un riesgo mayor. Ojalá que la valla, construida con el respeto a protocolos y al cumplimiento de sus responsabilidades legales y constitucionales, por parte de los legisladores en el interior de Palacio Legislativo, también sea efectiva, y fuera de estridencias, manotazos y toma de tribunas, podamos escuchar el debate parlamentario que es fuente y expresión esencial de una democracia.

Tres Marías

Ha sido cuestionada la política gubernamental federal en el combate al crimen organizado. Fundamentalmente se refiere la critica a la ausencia de una real política de inteligencia nacional en lugar de asumir únicamente acciones de presencia militar y policial, y a las muertes violentas ocurridas durante el sexenio que se cuentan en decenas de miles. Adicionalmente se ha desplegado una campaña perversa en contra de las entidades federativas por la falta de acreditación de los cuerpos policiacos en el sistema de exámenes de confianza. Se ha dicho que las entidades federativas son las responsables de lo que ha estado ocurriendo en el país en materia de seguridad. La cuestión es que la intención federal de trasladar responsabilidades han caído por su propio peso, una y otra vez. Son muchos los ejemplos, el último de ellos el caso Tres Marías. Primero se dijo que los agentes policiacos atendían un secuestro y al observar un vehículo sospechoso, que se negó a hacer alto, se propicio el ataque armado. Posteriormente cayo el tinglado: se ha procedido contra una veintena de elementos federales, entre ellos mandos, que orquestaron un ejercicio de manipulación de las investigaciones para tratar de engañar a la Procuraduría General de la República. Ahora la comisionada nacional de la Policía Federal concluye que se trató de una estupidez. La verdad, fueron varias: primero los agentes federales violaron los protocolos y dispararon en contra de un vehículo. Estaban vestidos de civiles, en vehículos particulares, situación que se trató de ocultar presentándolos uniformados y en vehículos oficiales, por orden superior. Luego se dijo que habían sido atacados, lo cual quedo desmentido por la pericial, estableciéndose que por la concentración de los disparos en zonas específicas del coche, se presume un intento de ejecución. El hecho de que había un oficial de la marina y tres agentes encubiertos estadounidenses, y que viajaban en un vehículo blindado de la embajada- cosa de gran relevancia en las relaciones con los Estados Unidos- lo hace un asunto de alta gravedad, pero es más que eso: la falta de cumplimiento a protocolos por parte de los agentes, certificados o no, representa un mal existente en las corporaciones policíacas, que esta siendo erradicado y donde el ámbito federal no puede excluirse. Lo que acusa el gobierno federal en las entidades, de falta de preparación, se regresa y golpea en la credibilidad de los esfuerzos por combatir al crimen organizado. La ausencia de cumplimiento de protocolos por parte de las corporaciones federales propicia la violación de los derechos humanos. El proceso de certificación con los exámenes de confianza y las demás acciones que se realizan al interior de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales para garantizar un combate al crimen profesional y garante de los derechos humanos, debe continuar y prevalecer, pero no ser utilizado como arma política, porque al final, es la misma ciudadanía quien evalúa a los gobiernos y observa como sin tanto ruido, pero con trabajo, las entidades reducen la incidencia delictiva como ocurre en Chihuahua.

Reforma histórica

Será en estos días -probablemente hoy mismo- cuando el Presidente Electo Enrique Peña Nieto entregue a los líderes parlamentarios de su partido, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, una reforma histórica en materia de combate a la corrupción. Se trata de modificaciones constitucionales que crean un órgano autónomo con capacidad de persecución de delitos -antes en manos estrictamente del Ministerio Público Federal-, integrado por un cuerpo colegiado, designado por el Senado de la República. La Comisión Nacional Anticorrupción -que sustituye a la Secretaría de la Función Pública creada en abril del 2003 para sustituir en aquel entonces a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo- constituye uno de los tres ejes autónomos que la constitución reserva de la dependencia jerárquica subordinada de los poderes de la Unión, para realizar funciones clave en una democracia: las materias electoral, banca y, en breve, el combate a la corrupción. En un amplio artículo publicado en el periódico ABC en su viaje reciente por España, el Presidente Electo, de su puño y letra, describe las tres reformas estructurales que planteará al cuerpo legislativo, relativos a los aspectos hacendario, hidrocarburos y anticorrupción. El órgano anticorrupción mexicano, de acuerdo al adelanto realizado por el mismo Enrique Peña Nieto, será una instancia autónoma, con competencia en el territorio nacional, en los tres ámbitos, federal, estatal y municipal, que sin mayor formalidad que las denuncias ciudadanas podrá iniciar procedimientos de investigación. Como ocurre en el resto de los órganos constitucionales autónomos -Banco de México e Instituto Federal Electoral- los Comisionados deberán ser aprobados por el Senado de la República a partir de propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. Serán cinco los comisionados integrantes del órgano, los cuales solo podrán dedicarse -adicionalmente- a actividades académicas. La reforma representa el rompimiento de un paradigma en la función pública, primero, al desprender del Poder Ejecutivo la atribución de perseguir y castigar la corrupción y entregarla a un órgano colegiado, que por la conformación del Senado, se antoja será plural; segundo, porque, de acuerdo al anteproyecto de iniciativa -ventilado desde ayer en diversos medios nacionales- se contemplan reformas al artículo 21 constitucional para dotar a la Comisión Nacional Anticorrupción de facultades para investigar y perseguir delitos relacionados con la corrupción. En el ámbito mundial la tendencia de la administración pública es hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Transparentar es colocar en una vidriera la actuación de los servidores públicos; la rendición de cuentas es sancionar las conductas que se apartan de la actuación legal y ética. La reforma anticorrupción constituye esta evolución de la transparencia a la rendición de cuentas, en busca de construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente, fincado en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad, como escribió puntualmente el Presidente Electo en la página Tres del influyente diario madrileño, espacio editorial destinado a la pluma de los liderazgos y personajes influyentes del mundo.

Compromiso con la calidad

Las instituciones educativas tienen la obligación social de construir buenos ciudadanos, entendidos estos como aquellos personajes comprometidos con su entorno, en una visión de entenderse como seres responsables integrantes de una comunidad, que participan en la solución de sus problemas, generan riqueza a través del desarrollo profesional de sus habilidades o crean empresas, propiciando el empleo, en una actitud de respeto a la legalidad y demás valores colectivos. En resumen, la construcción de un ciudadano integro. Esta es la fase en la que se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua, en particular la Facultad de Contaduría y Administración. Con 3 mil 85 nuevos alumnos en el ciclo 2012-2013 - de una matricula total de mas de siete mil- en Contaduría y Administración la calidad educativa, ha sido un bastión cardinal y esencial, bajo los estándares de acreditación y evaluación de organismos nacionales como son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA); así como el organismo internacional “Asociación Internacional para la Educación en Administración de Estados Unidos” (AACSB), en una primera fase de afiliación. En la actualidad, el 100 por ciento de los programas de licenciatura se encuentran acreditados por CACECA, 3 de los cuales se han re-acreditado hasta el 2017; el 100 por ciento de los programas en licenciatura y posgrado han sido evaluados en el nivel 1 por CIEES, incluyendo, por primera vez en sus 26 años de vida, a los programas educativos de la Extensión Delicias. Si antes la acreditación por organismos nacionales era suficiente, hoy no lo es. Se requiere de la participación de organismos internacionales en consonancia con un mundo globalizado. Actualmente la Facultad de Contaduría se afilio a la Asociación Internacional para la Educación en Administración, dando el primer paso para obtener la acreditación internacional en calidad. Para darse una idea de este importante paso, basta conocer que solo se encuentran afiliadas a este organismo internacional el Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Anáhuac, la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Monterrey y hoy, la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de esta Facultad de Contaduría y Administración. Hace unos días, el Director de la Facultad, Alfredo de la Torre, fue recibido en Tampa, Florida, en las oficinas de este organismo internacional, donde entregó la información necesaria para iniciar el trámite de re-acreditación. Esta acreditación internacional es consecuencia natural del avance que ha mostrado la Facultad de Contaduria, en la presente administración que cumple dos años, y que es reconocida en el lugar 16 de las maestrías de administración y recursos humanos en el país. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de Contaduría, es la segunda institución en el país que se suma al Pacto Mundial de Responsabilidad Social, donde participan 409 instituciones. Contaduria es ejemplo de lo que se hace en Chihuahua en materia educativa. Se conoce y acepta que hay rezagos. Así lo aceptó el director Alfredo de la Torre frente a diversas autoridades, donde destaca Eduardo Avalos Director Nacional de CACECA. Las observaciones y recomendaciones que han señalado los organismos evaluadores y acreditadores, son fortalecer las tutorías y asesorías, abatir el rezago educativo, mejorar las tasas de egreso y titulación por cohorte generacional, cerrar las brechas de calidad entre los programas educativos y las extensiones, y fortalecer la planta docente, entre otras. Aceptar estos rezagos forma parte de una cultura de calidad, donde Contaduría da ejemplo de consolidación, con investigación y extensionismo nacional e internacional y un fuerte compromiso social.

El juego político

México vive por diseño constitucional un sistema presidencialista con rasgos de parlamentarismo. Es histórica la lucha entre ambos sistemas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, donde el centro de la discusión es el gobierno unipersonal contrario sensu del colegiado, bajo la existencia de la división de poderes garantizada por una constitución. El sistema presidencialista se distingue por la mayor presencia de facultades constitucionales y metaconstitucionales -o de facto- en el titular del poder ejecutivo, como vivimos en México durante setenta años, hasta el debilitamiento sufrido por la figura en los últimos doce años, en los cuales ha crecido el parlamentarismo como reflejo de la alta competencia electoral. Es cierto que no puede darse un presidencialismo o un parlamentarismo absoluto. Eso no ocurre siquiera en países con alta predominancia del Legislativo como Inglaterra. Lo que ocurre en todo el mundo son sistemas donde prevalece uno u otro sistema, pero con matices de ambos. En el caso de México este equilibrio se ha acentuado desde las reformas de 1977 hasta la fecha. Una tímida presencia de partidos de oposición en el legislativo estatal y nacional se ha fortalecido a partir de 1988 con el movimiento político principal de las izquierdas, 2000 con el triunfo del Partido Acción Nacional y en el 2006 y 2012 donde los resultados electorales se deciden por porcentajes mínimos de votos. Esta competencia electoral se transforma en presencia de representantes de distintas fuerzas en las dos cámaras, la de senadores y diputados, donde las alianzas coyunturales pueden provocar votaciones como las vividas con la reforma laboral, con acercamientos PAN-PRI en la Cámara Baja y PAN-PRD en la Cámara Alta, con una sobrevaloración de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista virtud de su carácter de partidos "visagra". Esta naturaleza plural complica los acuerdos ante los matices parlamentarios o bien presidencialistas que en el ámbito constitucional han sido autorizados en los últimos años. Uno de ellos, reciente, la Iniciativa Preferente, ha encontrado serias dificultades en su implementación pervirtiendo su origen. Esta figura permite al Presidente de la República que sus principales iniciativas de reforma legal eviten quedar en el sueño de los justos en el Congreso de la Unión. El problema es que nunca se pensó que esta figura pudiera ser usada como arma política en contra del sucesor: es decir, nunca se prohibió el uso de esta figura en la sesión de instalación del Congreso en el último año de administración del Presidente, con lo cual se hereda un problema de gobernabilidad al nuevo Legislativo y al nuevo titular del Ejecutivo. Si a esto agregamos que la figura, por su reciente autorización, carece de reglamentación, se le condena a la no autorización, como ha ocurrido en el caso de la Reforma Laboral. Cuando Calderón presenta su iniciativa preferente -sin la mínima atención de correr cortesía al Presidente Electo- no estaban constituidas las comisiones legislativas por que los nuevos diputados apenas se estaban instalando en su responsabilidad. Aun más, versando el proyecto de iniciativa de ley calderonista acerca de un problema mayúsculo -que no atendió de fondo en su sexenio- era natural que se complicara en las negociaciones: en principio la reforma del Presidente fue modificada por los diputados, para que luego, el proyecto de estos, sufriera también modificaciones, para que, perdida la iniciativa preferente, regresara al cauce legislativo normal y vuelva a ser sujeta de negociación. Queda claro que la iniciativa preferente puede constituir un mecanismo que fortalece el presidencialismo frente a la congeladora del Congreso de la Unión por la ausencia de acuerdos, pero debe ser reglamentada. En principio, es necesario que no puedan presentarse este tipo de iniciativas en el último año de la administración, para que no se preste al juego político en los estertores del ejercicio del poder.

Un grave problema de salud pública

Las drogas constituyen uno de los principales problemas de salud pública para nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2002 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en conjunto con la Secretaria de Salud, el tabaco, las drogas y el alcohol afectan a una gran porción de la población. La encuesta se realizó sobre un universo poblacional de 69 millones 767 mil 017 personas, en edades de 12 a los 65 años, arrojando datos sumamente interesantes para la definición de políticas públicas y acciones de la sociedad civil. De estas personas, 28 millones 526 mil aceptaron haber consumido tabaco en algún momento de su vida, 45 millones 254 mil consumieron alcohol y 3 millones 508 mil drogas ilegales, como es el caso de la marihuana (2 millones 430 mil 285), cocaína (857 mil 766) e inhalantes (314 mil 760). De esta forma, de la poblacion encuestada, el 40 por ciento consume o ha consumido tabaco, el 64 por ciento alcohol y el 5 por ciento drogas ilegales. En un ejercicio de simple comparación, si proyectamos la estadística nacional a chihuahua, tendríamos unos 840 mil personas que fuman o han fumado, 1 millón 344 mil que consumen o han consumido alcohol y 105 mil personas que consumen o han consumido drogas ilícitas. El dato no es nada despreciable. Se requiere de una atención conjunta de todos los sectores con la finalidad de reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Los padres de familia tienen responsabilidades, igual el maestro, el sacerdote, la policía, las autoridad en conjunto, siendo, como lo es, un problema multifactorial, requiere de soluciones integrales. Una de estas acciones es sin duda incentivar la participación social, reconociendo e impulsando los esfuerzos que se realizan en la materia. Los poderes ejecutivo y legislativo convocaron al premio estatal de atención a las adicciones, en busca de reconocer los proyectos y acciones que desde la sociedad civil se realizan, que concluye en la aceptación de trabajos el próximo 31 de octubre. Existen múltiples organizaciones no solo en chihuahua, sino en el país que todos los días contribuyen en la promoción para reducir y erradicar el consumo de drogas, así como para dar tratamiento a las personas que padecen este problema de salud pública. La participación conjunta de autoridad y sociedad civil es la vía de solución de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Este premio es ese reconocimiento a cientos de miles de personas que colaboran desinteresadamente por construir una sociedad más armónica y saludable.

UACJ: el rostro de la frontera

Las instituciones de educación superior constituyen una de las expresiones auténticas del desarrollo de los pueblos. Difícilmente una comunidad puede sentirse avanzada si carece de una universidad, el espacio de expresión y adquisición del conocimiento: creadora de los profesionistas que orientan el crecimiento y consolidación de valores y oportunidades. Crisol ideológico, punta de lanza en la discusión de los temas torales, la universidad debe acariciarse como un foro emblemático, ágora moderno, que no admite exclusiones e intolerancias. Si a estas virtudes universitarias agregamos la excelencia académica, fruto del esfuerzo de los últimos años, es evidente que la institución educativa se convierte en la clave para el desarrollo comunitario. Es decir, como apunta Héctor Murguia, alcalde juarense, la Universidad resume los valores del pueblo No es casualidad que en chihuahua, particularmente en Juárez se hablé así de la Universidad. El Subsecretario federal de educación, Tuiran, lo reconoce: chihuahua es importante enclave cultural, una de las diez entidades con mayor desarrollo educativo, basados en una transición democrática y tolerante, donde debe destacarse la formación de valores. El alto funcionario federal se refiere a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: la número 277 en Iberoamérica, la 27 a nivel nacional en investigación, la 199 en América Latina. Se trata de la toma de protesta del rector Ricardo Duarte Jaquez, acerca del cual el gobernador platica una anécdota, cuando él de17 y Ricardo de 24, le dio un "aventon" a este último en su primer día de clases, hace treinta años. El jefe del ejecutivo aclara: "no hay quinto malo". Ricardo es el quinto hijo. Y agrega, de cara a la sociedad juarense, en un teatro "Rascón Banda" totalmente lleno: Hombre honorable, honesto de valores, que merece haber llegado a donde llego y -sobre todo- que ustedes lo hayan decidido, refiriéndose al Consejo Universitario del alma mater juarense. Sincero, el gobernador Cesar Duarte apunta : "No me es fácil que la relación familiar nos haya llevado a esta situación", expresiones que arrancaron los aplausos de la concurrencia. Y acota: la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez tendrá mi respaldo. "Respeto absoluto a la autonomía de la universidad, seré respetuoso de las decisiones y los planteamientos que se ofrezcan". De entrada le pidió al subsecretario su gestión para obtener noventa millones para el desarrollo de infraestructura de la Universidad. Dice el gobernador, y lo dice bien, el estigma de Juarez debe ser la Universidad. Esa es la imagen que chihuahua debe vender. El estigma de juarez no debe ser más la violencia inusitada que agobia a las familias, ahuyenta inversiones y genera pobreza, en un círculo vicioso que por sí mismo se convierte en criminal. Juárez, ciudad, debe adoptar la imagen fuerte, pujante y esperanzadora del pensamiento universitario.

Efectiva investigación policial

La investigación de los delitos forma parte de las tareas fundamentales de cualquier gobierno, y con ella, el esclarecimiento y sanción de las conductas delictivas. Por el contrario, la impunidad, es decir, la ausencia de castigo, prohíja la sensación de fragilidad social ante los delincuentes que amenazan con afectar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos de bien. La afectación al bien público "sensación de seguridad" es distinto de acuerdo al tipo de delito cometido. Un delito de afectación patrimonial personal podrá causar indignación, pero es distinto que cuando se ve afectada la integridad física de una persona, como ocurre cuando hay lesiones u homicidio. Tiene en la sociedad un mayor impacto, escozor, el segundo de los delitos. De igual forma, cuando la sociedad percibe acciones contundentes que castigan los delitos, se fortalece la confianza en las instituciones. Esto esta ocurriendo con motivo del arresto del presunto responsable del múltiple homicidio cometido en el Bar Colorado, donde perdieron la vida los estimados colegas Javier Moya y Javier Salinas, junto con 14 personas más, el 20 de abril pasado. Al esclarecerse esté crimen, con la detención de uno de los responsables del mismo, se pudo resolver también el asesinato de la activista social Marisela Escobedo ocurrido el 16 de diciembre de 2010. La investigación policial a cargo de la Fiscalía General del Estado permitió establecer el móvil de los crímenes, en ambos se buscaba enviar mensajes a la sociedad, uno de terror y el otro de mordaza. El crimen organizado utiliza la comunicación como una técnica para reforzar su posicionamiento social: la activista es asesinada porque estaba causando mucho ruido y las personas en el bar porque era necesario generar ruido. Posiciones contradictorias del crimen organizado que generan dolor a decenas de familias en Chihuahua y el país entero, en medio de una guerra nacional e internacional por la venta y trasiego de droga y actividades ilícitas conexas, donde el gobierno federal ha tratado de trasladar la responsabilidad a las entidades federativas y municipios de manera irresponsable, ya que las mayores facultades están ayunas de mayor presupuesto. Una posición responsable de la administración pública federal es modificar el marco legal y presupuestal de manera integral y coherente. Que las entidades federativas asuman cada día mayores responsabilidades, pero acompañadas del recurso necesario. En tanto, los esfuerzos por combatir delitos del fuero común tienen trascendencia en el combate al crimen organizado, como ocurre en este caso, con el esclarecimiento de homicidios que han tenido y tienen un alto impacto social, como resultado de efectiva investigación policial.

Los ejes de la administración

Tres son los ejes sobre los cuales descansa la política pública en el Estado de Chihuahua: salud, educación y seguridad. De esta manera se aterrizan las funciones del estado, servicios y gendarmería, traducidas en atención a la población en sus necesidades básicas elementales, como es la salud y la subsidariedad obligatoria de un estado social, así como la procuración de condiciones de desarrollo familiar y comunitario, y la recuperación de espacios públicos vía la reducción palpable de indicadores de violencia. En Juárez, que llegó a ubicarse como la ciudad con mayor índice de violencia a nivel mundial, se han reducido los homicidios, tomando como parámetro el mes de septiembre, en un 300 por ciento: en 2010 ocurrieron 289 homicidios contra 146 en 2011 y 44 en 2012. De ubicarse chihuahua en el primer lugar nacional en violencia mejoró su posición. Una de las tareas que más resultados ha generado es el combate al secuestro y a la extorsión, a través de acciones de inteligencia y uso de tecnología por parte de la Fiscalía General del Estado. En educación, chihuahua ocupa en indicadores uno de los primeros lugares en aprovechamiento, lectura y matemáticas. Se crearon en el último año 35 mil espacios educativos para jóvenes que sin esta oportunidad hubiesen quedado al garete y por tanto, a expensas de la delincuencia. Para ampliar la oportunidad educativa, rompiendo con actitudes centralistas, se construyeron 38 centros educativos en distintos municipios, propiciando el arraigo a través de la oferta regionalizada. En salud se logró una meta de un millón 295 mil personas incorporadas al seguro popular y se otorgaron 500 mil consultas seguras a través del Sistema Nominal en Salud. Se acreditaron 29 unidades médicas. En las unidades médicas se atendieron 59 mil personas de escasos recursos de un total de un millón 260 mil atenciones médicas, adicionales a las 340 mil acciones específicas de atencion a menores, 60 mil adolescentes, 170 mil mujeres y 180 mil adultos. Es cierto. Realizar todas estas acciones es responsabilidad del estado. Pero detrás de ello hay una visión estratégica y miles de personas colaborando. Se han planteado los tres ejes, bajo una vertiente sencilla de comunicar reiterada por el gobernador César Duarte: un andamiaje como una casa requiere piso, paredes y techo. Ahí están la salud, la educación y la seguridad. Habría que agregar como eje articulador la política. El informe público presentado el domingo es una muestra de ello. Personajes de la vida pública nacional y estatal, de distintos signos partidistas, acudieron a la presentación del trabajo desarrollado durante el último año. Para muestra un botón: los operadores cercanisimos de quien se va y quien llega: José Antonio Mead y Miguel Ángel Osorio. Como colofón, el cumplimiento de la obligación constitucional, el informe ante el congreso, en un formato donde el jefe del ejecutivo escucha la crítica de la oposición, ejercicio inédito para muchos lugares del país, para empezar la capital, donde el presidente, ante la intolerancia tiene que enviar un propio a entregar el informe en el vestíbulo.

Criterios absurdos

La energía eléctrica forma parte de la modernidad. Es uno de los principios fundamentales del desarrollo. Tiene una vinculación cotidiana y permanente con la calidad de vida de la población. Es además uno de los indicadores de desarrollo de las comunidades a nivel intencional. Por ese motivo resulta relevante el exhorto autorizado por el pleno del Congreso de la Unión para revisar las tarifas eléctricas, particularmente el mecanismo de medición del consumo. El punto de acuerdo presentado por los legisladores federales Pedro Domínguez e Ignacio Duarte busca que el gobierno federal tenga una visión equitativa en la aplicación de las tarifas. Resulta que el criterio vigente para fijar el cobro de la energía eléctrica al ser homogéneo, resulta inadecuado, toda vez que desdeña las características climatológicas específicas de cada región de nuestro territorio nacional. La aplicación de ese criterio da un promedio de temperatura que no corresponde a lo que se vive en verano y en invierno en Chihuahua, cuando se le ubica con los mismos criterios de medición, por ejemplo, que zonas de climas templados, como es Cuernavaca, Morelos. Por ese motivo, en la clasificación de las tarifas referidas deben considerarse elementos como la humedad, la presión atmosférica, la lluvia y los vientos para aplicar un trato igualitario. Otro factor que debe considerarse es el calentamiento global que ha afectado a diversas entidades del país y esto afecta al mayor consumo de energía eléctrica. Que es lo que pasa con el cálculo de las tarifas. Chihuahua tiene un problema, no existe una medición de las temperaturas adecuada. La Comisión Federal de Electricidad no tiene una base objetiva de clima. Pero además de carecer de esa base objetiva, al calcular simplemente promedia la temperatura más fría y la más cálida. Pero como son temperaturas extremas, da un promedio de veinte grados centígrados, lo cual se aleja totalmente de la realidad. Y con base en esa fórmula se determina que en Chihuahua lo que ocurre es que derrochamos la energía y por ese motivo debe castigarse con una tarifa alta. La verdad es otra: sea invierno o verano siempre hay que utilizar aparatos eléctricos. Si es verano, los aparatos enfriadores y si es invierno, iluminación y calefactores. Una cuestión más: como el consumo de energía se calcula bimensual, los chihuahuenses siempre consumen por encima de los kilo watts subsidiados, y por lo mismo pagan sobre precio. Se propone en el exhorto del legislativo federal que se facture mensualmente, con lo cual habría un beneficio para la población al ubicarse dentro de los márgenes del subsidio federal. El exhorto busca que la Comisión Federal de Electricidad revise las tarifas no solo para chihuahua, sino para todo el país. Porque la misma situación sufre Guerrero, Chiapas, Tabasco, Baja California o Tamaulipas. Es cierto. Estos puntos de acuerdo quedan por lo regular en llamados a misa. Se trata de que esto cambie, y que los criterios para determinar consumo de energía eléctrica castiguen el abuso, pero de manera que no atropellen el derecho humano fundamental de acceso a la electricidad, uno de los insumos esenciales en la vida moderna, superando criterios absurdos.

Los escollos de Andrés Manuel

El Partido de la Revolución Democrática esta por enfrentar una de sus peores crisis con la desbandada que habrán de protagonizar militantes y simpatizantes adheridos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. El reto para dicha institución política, nacida a la luz del movimiento de izquierda de 1988, bajo la visión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, es conservarse dentro de las opciones preferentes del electorado mexicano y no perderse en la atomización cíclica. Es obvio que la incorporación al proyecto de gobierno priísta de figuras de la izquierda mexicana fortalecen a esa opción en la ubicación central de una opción derecha-izquierda radical. Ni el Partido Acción Nacional ni el Partido de la Revolución Democrática pudieron construir una opción electoral de centro, que el Partido Revolucionario Institucional reconfirmo con una plataforma electoral balanceada. ¿Si el Partido de la Revolución Democrática pretende conservar la hegemonía como oferta de izquierda, única opción de mercado electoral posible, donde queda entonces Andrés Manuel con la propuesta electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)? Las opciones partidistas se convierten en viables a través de su estructura interna y externa. El PRD tiene presencia en las 32 entidades federativas a través de sus comités directivos estatales así como en cientos de municipios por medio de los comités municipales. El PRD ha construido cuadros partidistas guiados por líderes integrados en consejos estatales y municipales. Ocupa gubernaturas y presidencias municipales. Actualmente ha logrado una fuerte presencia en los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Pero resulta que dichos representantes populares tienen conexión y lealtad hacia el proyecto de Andrés Manuel, quien los llevo a las candidaturas y, por medio de su presencia electoral, hizo posible el voto en su favor. Entonces, ¿A quien resultaran leales estos cuadros? ¿Como sacar adelante las propuestas legislativas emanadas de los cuadros de dirección del Partido de la Revolución Democrática, si primero deberán ser autorizadas por Andrés Manuel? Primero de manera factica ocupara Andrés Manuel el papel de Lider de esos servidores públicos, pero posteriormente -un año y medio, dos mas- lo podrá hacer formalmente con la creación de su partido político Desde el partido Andrés Manuel podrá permanecer presente en la línea sucesoria rumbo al 2018. Sin embargo no es tan sencillo. Dos escollos deberá enfrentar primero, el liderazgo construido por Marcelo Ebrard Casaubon y el proceso formal de creación del partido. Marcelo esta construyendo la sucesión desde la jefatura de gobierno con Miguel Angel Mancera, su pragmatismo político y alianza con Manuel Camacho Solis, una bisagra interesante con el sistema; por otro lado las instituciones le pueden decir a Andrés Manuel que debe cumplir a pie juntillas con los requisitos, que no son pocos, difíciles si no se cuenta con estructura, no la de MORENA, desarticulada y atomizada, sino la del Partido de la Revolución Democrática, donde el Lider nacional Jesús Zambrano luchara para ejercer formalmente el poder.

Apresuramiento presidencial

Felipe Calderón Hinojosa envío al Congreso de la Unión una iniciativa de modificación a la Ley Federal del Trabajo en calidad de iniciativa preferente. La iniciativa preferente es un mecanismo por medio del cual el Congreso de la Unión esta obligado a resolver en 30 días la autorización de la ley. Esto es, debe votarse la iniciativa en el pleno, previo dictamen de la comisión respectiva. El método de iniciativa preferente impide que las leyes permanezcan ociosas en alguna de las cámaras, particularmente la de origen. No se trata de una norma constitucional añeja, más bien es una nueva disposición recién entrada en vigor, un nuevo matiz parlamentario en un sistema presidencialista. Dice el artículo 71 de la Constitución General de la República, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Hasta aquí la transcripción textual. La cuestión es que quedan a la administración de Felipe Calderón solo unos meses e introduce a la discusión legislativa uno de los temas torales, el aspecto laboral. Es cierto que desde el punto de vista económico, social y político resulta relevante un análisis de la materia, pero hay un grave problema: hay más de cuatrocientas iniciativas que buscan modificar aspectos laborales, particularmente la Ley Federal del Trabajo. No es la iniciativa presidencial la única que existe al respecto. Pero además, siendo una materia tan delicada, la presentación en su calidad de preferente lo único que provoca es, que sin carecer del tiempo suficiente para el análisis y consenso de la nueva legislatura, la iniciativa tenga que ser desechada. Esto es así porque apenas se están integrando las comisiones al interior de las cámaras para la distribución de las cargas de trabajo y el estudio de las diversas iniciativas existentes. No contribuye esta iniciativa a la civilidad para la transición: hay un presidente electo que tiene seis años de administración hacia adelante y el presidente actual se atraviesa con una propuesta de reforma sustancial, sin una mínima atención de tipo político. Una reforma legal en materia laboral requiere de un estudio profundo, pero principalmente, consensos entre los diversos actores. Así, la Cámara de Origen deberá pronunciarse, probablemente, por desecharla ante la ausencia de tiempo para llegar a acuerdos, y superar así la obligación de dictaminar en 30 días. Como muestra un botón: un tema de discusión que plantea textual la propuesta presidencial y que contribuirá al atorón legislativo, transcribo textual “A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones”. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? ¿Se las va a decir el gobierno federal a los sindicatos o las va a construir junto con ellos en pleno respeto a la autonomía sindical? Me parece que deberá abrirse un compás más amplio a los 18 días que restan al mes, superando el apresuramiento presidencial.

Espacios y calidad

Uno de los principales problemas de nuestro país es el rezago educativo: cuatro de cada diez mexicanos en edades de quince años y más lo padecen. Para el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, hasta el momento las soluciones que se han planteado son incompletas, parciales y coyunturales. En el país hay 5.4 millones de personas analfabetas así como 10 millones de mexicanos que no cuentan con estudios completos de primaria, y 16 millones y medio más sin concluir la secundaria. Para Narro, México no puede ser una nación moderna, mientras no se mejoren los niveles instructivos. La tarea es compleja. Tiene que ver no solo con recursos materiales e infraestructura, sino con profesionalización y capacitación continua al personal, mejora de procesos y la reforma curricular acompañada de un riguroso seguimiento y evaluación. Sobre todo tiene que ver con planeación y resultados a corto, mediano y largo plazo. Los jóvenes requieren soluciones inmediatas. Esta necesidad se debe conciliar con la capacidad de las instituciones de crecer de manera racional en el ámbito educativo. En cuanto a espacios, hay universidades en el país que hacen el esfuerzo de ampliar la oportunidad para más jóvenes. La Universidad Nacional Autónoma de México hace su parte. La matricula en solo tres años se ha incrementado en 55 mil: 269 mil en 1999 contra 324 mil en 2012. En el interior del país también hay esfuerzos significativos, incluso de mayor relevancia porcentual, como es el caso de chihuahua, donde la Universidad Autónoma en la capital creció en el ciclo agosto-diciembre del 2011 en 1 mil 747 espacios, un 37.13 por ciento adicional. Para 2012, en el mismo ciclo, la cifra de admitidos llego a siete mil en todas las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un incremento en la matricula del 47 por ciento. Siete de las 15 Facultades que tiene la UACH, Ciencias Agrícolas y Forestales, Agro tecnológicas, Filosofía y Letras, Zootecnia y Ecología, Contaduría y Administración, Educación Física, y Economía Internacional aceptaron al 100 por ciento de aspirantes. Aceptar más alumnos no significa reducir la calidad de la educación ni adoptar sistemas institucionales de simulación. Es el reto de las instituciones, sobre todo del cuerpo académico. La acreditación de programas académicos forma parte del instrumento para evaluar continuamente el desempeño de los estudiantes y maestros. Aumentar la matricula, más bien es la ocasión que debe ofrecer el sistema educativo para romper el círculo vicioso de la ausencia de oportunidades para los jóvenes, en los mismos términos de competitividad y calidad, en un entorno social donde los valores se han roto y es necesario restañar heridas y generar opciones. Hoy más que nunca las calles están produciendo delincuentes. Por eso hay que arrancar a los jóvenes de esos espacios de vulnerabilidad. En ese compromiso debemos estar todos.

Un final anunciado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de tribunal que revisa la constitucionalidad y legalidad de la materia electoral encontró que solo el .37 % (524) de las casillas instaladas en el país, unas 143 mil, se adecuan a las causales de nulidad por vicios distintos al instalarse y funcionar como mesas receptoras de votos, por lo que se refiere a la elección presidencial. Esto es, de las 70 mil casillas impugnadas por Movimiento Progresista, exigiendo el recuento de votos así como la nulidad, dentro de ellas, de 33 mil, para sustentar la anulación de la elección presidencial, solo queda –en términos generales- en una modificación a la votación en 225 distritos que no altera el resultado en términos porcentuales y de manera numérica solo mueve las cantidades en un rango pequeño, conservándose la diferencia entre los contendientes. Los argumentos esgrimidos por Movimiento progresista, consistían en que las mesas directivas de casilla estaban integradas por personas que no eran funcionarios y que los consejos distritales se habían negado al recuento de votos, ambas hipótesis que requieren de causales estrictas señaladas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otros señalamientos consistieron en irregularidades graves que no fueron demostradas a cabalidad en el juicio, y que se referían a un dolo en los escrutinios y cómputo en casillas, dolo que no es dable presumirse y que debe ser soportado mediante elementos que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual no ocurrió. Resueltos estos juicios de inconformidad -349 de los 378 intentados ya que se desecharon 27 y se sobreseyó 1- ahora corresponde resolver el juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012 a través del cual se impugna la validez de la elección presidencial, y que debe quedar listo en su resolución el 31 de agosto. En una decisión excesiva pero legal, el Tribunal ha requerido a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal Electoral, aportar los elementos derivados de procedimientos a través de los cuales hayan resuelto denuncias en relación con la elección presidencial, con el fin de analizarlos de manera conjunta con la impugnación presentada. Siendo el tribunal electoral un auténtico tribunal de derecho, debía apegarse a los elementos aportados por el promovente del recurso y sobre ellos resolver, y solo requerir informes de las autoridades como probanzas, cuando así se requiera en el mismo recurso y no de manera oficiosa como se lo autoriza la misma ley. En este sentido, deberá conocer el Tribunal del asunto Monex y Soriana. Pero además sería bueno conociera también de las empresas SAD, AFK y AAR, vinculadas con contratos millonarios del gobierno perredista del DF, y que se triangulaban hacia Honestidad valiente y Austeridad republicana para apoyar la campaña de Andrés Manuel. Resueltos los 349 juicios de inconformidad se anticipa, el que resta, que busca invalidar la elección presidencial, será rechazado, al haberse desechado uno a uno los argumentos de manera exhaustiva, con lo cual se deja sin materia la última impugnación, en un final anunciado y esperado.

Un instrumento auténtico de protección

El pasado veinticinco de junio se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ordenamiento legal largamente acariciado y exigido por organizaciones periodísticas, el cual debe ser analizado cuidadosamente en busca de ser aprovechado como un instrumento auténtico de protección. El ordenamiento, que podría tardar hasta seis meses en llegar a su aplicación técnica plena, tiene varias fases que deben adelantarse en una voluntad política del gobierno federal para enfrentar con mayor decisión la violencia en contra de comunicadores y derecho humanistas. Por ejemplo, el reglamento esta previsto para estar listo hasta en seis meses después de la entrada en vigor del ordenamiento; igual ocurre con el establecimiento pleno del mecanismo de protección, para lo cual se otorgan hasta cuatro meses. Así las cosas, se tendría reglamento hasta diciembre, y listo el mecanismo hasta octubre. Es necesario que estos tiempos se reduzcan. En lo que va del año 14 periodistas han sido asesinados en el país, dos por mes. Hace un par de semanas se dieron atentados en instalaciones periodísticas en el norte del país. Además del plazo otorgado para la implementación del sistema deben analizarse diversas situaciones. La cabeza del órgano de protección a periodistas será la Secretaría de Gobernación por disposición de la ley. Se trata de un sistema rebasado, que el órgano político del gobierno federal tenga estas atribuciones. En Chihuahua se ha optado por una coordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo mismo pudo ocurrir en el ámbito federal. Otra cuestión es la coordinación con las entidades federativas. Deberá preverse en su momento el establecimiento de mecanismos locales con la participación de asociaciones de periodistas y derecho humanistas, para la coordinación con el instrumento federal, como ya ocurre en Chihuahua, propiciando una auténtica coordinación y no una centralización que al final termine haciendo inalcanzables las medidas cautelares de protección. La coordinación será fundamental. Los casos ocurren en el interior del país y no necesariamente solo en el Distrito Federal. El mecanismo y procedimiento de coordinación tendrá que ser revisado cuidadosamente y sobre todo, socializado con organizaciones y mecanismos locales de protección. Una cuestión más: los tiempos de atención a los casos urgentes. La ley prevé un mecanismo que puede llegar hasta las nueve horas para la implementación de medidas urgentes. Es obvio que esto debe revisarse. Es demasiado tiempo para proteger la integridad y la vida de un periodista o derecho humanista amenazado de muerte. Si el análisis de estas variables se concentra en la ciudad de México existirá un ánimo de exclusión e imposición.

Ineficacia legislativa

Para una mejor eficacia en las tareas legislativas, la ley orgánica del Congreso General permite a la cámara de diputados constituir comisiones ordinarias y especiales. La diferencia entre una y otra, esencialmente resulta ser la capacidad de presentar dictamen ante el pleno, su permanencia y que a las primeras se les señala desde la Ley su contenido y competencia, en cuanto que las segundas quedan al dictamen de creación; en cuanto a su temporalidad, las especiales se extinguen cumpliendo su objeto o bien a la conclusión de la legislatura que las crea. Los asuntos relativos al periodismo han sido atendidos desde hace varias legislaturas por una comisión especial. Particularmente con Gerardo Priego a la cabeza, la comisión especial que da seguimiento a los atentados contra periodistas y medios de comunicación, tuvo un avance significativo. El diputado tabasqueño se distinguió por su empuje a las iniciativas ciudadanas impulsadas desde el periodismo organizado y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. Dos fueron los aspectos que deben reconocérsele: haber enfrentado al entonces secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, por su cerrazón para implementar e impulsar acciones de protección a la actividad periodística, y la creación, de facto, de un consejo consultivo ciudadano de apoyo a la comisión especial. Las reuniones en Bucarelli fueron ricas en expresiones de solidaridad y acompañamiento al gremio periodístico nacional liderado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, donde destacaban y destacan Teodoro Rentería Arroyáve, José Antonio Calcáneo e Hilda Luisa Valdemar y Lima. El consejo consultivo, que sesionaba periódicamente en San Lázaro, resultó caja de resonancia para las modificaciones legales recientes en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Los diarios de debates de aquellas sesiones deben rescatarse porque enriquecen el fundamento y filosofía de la defensa a la libre expresión de las ideas. Resultó una lástima que no se haya concretado en aquel entonces la permanencia de consejo consultivo, situación que debe ser reparada en la legislatura que está por iniciar, toda vez que es crucial para dar puntual seguimiento a la ley recién autorizada. Pero además, dicho consejo, con la presencia de liderazgos como el de Fapermex, es indispensable para evitar que la Comisión Especial se convierta en elefante blanco, como ocurrió con la mayoría de las 42 comisiones de esta naturaleza creadas en la legislatura que está por concluir. Cada Comisión Especial costo 2.5 millones de pesos al año. En total ejercieron un presupuesto de 105 millones por año. Pocas, muy pocas presentaron resultados. La comisión de seguimiento a atentados contra periodistas se limitó a hacer denuncias de agresiones y presentarse en eventos. No hubo ningún avance significativo. Mientras dicha comisión dormía el sueño de los justos, las agresiones contra periodistas continuaron, como lo establece con puntualidad Teodoro Rentería en el informe semestral: del 2000 a la fecha, 112 periodistas asesinados, once en el primer semestre del año.

Certeza jurídica electoral

El derecho electoral ha avanzado hacia la consolidación de un autentico sistema jurídico, donde las normas son de aplicación obligatoria para los actores del proceso democrático de renovación del poder público. Esto significa que los actores deben ceñirse a una determinada conducta antes, durante y después de los comicios, teniendo garantizada la posibilidad de recurrir las decisiones administrativas y jurisdiccionales: es decir, pueden levantar actas de protesta en contra del computo en una casilla o bien, inconformarse en contra de las determinaciones tanto del Instituto Federal Electoral como de las salas regionales del Tribunal Electoral, entre otros mecanismos de queja. Siendo autentico derecho, la norma electoral goza de todas las características de la misma, es obligatoria, es creada por un órgano legislativo, implica derechos y obligaciones, se refiere a actos o conductas externas, etc., de tal manera que todos, autoridades, partidos, candidatos y ciudadanos, debemos acatar sus términos o bien, podemos ser obligados a ello. Esto implica que el cumplimiento de la norma electoral está fuera de caprichos, determinaciones a priori, ocurrencias, conciliábulos en lo oscurito: hay reglas y órganos encargados de vigilar su cumplimiento, con lo cual se garantiza la libre emisión y secrecía del voto, así como su carácter universal. Cuando hay violaciones a la norma electoral, cualquier personaje puede acudir a denunciar los hechos, para que se levanten actas que soporten la irregularidad, incluso se puede pedir la intervención de observadores electorales o de la misma policía, durante la jornada electoral; posteriormente a ella, deben cumplirse requisitos y presentarse pruebas adecuadas que sustenten las acusaciones. Resulta que del total de pruebas presentadas por la Coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial (6 mil 294), el 65.50 por ciento (4 mil 123) son relativas a los comicios donde se eligió gobernador, diputados o senadores, por lo cual no cumplen con los requisitos que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Se refieren a elecciones distintas a la cual se pretende impugnar. No son pertinentes. Aun mas, de acuerdo al análisis previo realizado por el IFE, de las dos mil 171 pruebas restantes relacionadas con la elección presidencial, mil 112 no cumplen con los requisitos que exige la ley procedimental electoral: no fueron emitidas ni consignadas ante fedatario público, fueron elaboradas a mano (495), en computadora (507) o bien cuentan con diversos membretes pero sin cumplir con las formalidades de ley (108). Se agregan también 2 mil 235 tarjetas de la empresa Soriana y 628 telefónicas, estas últimas con la imagen del candidato triunfador. Es previsible que al no cumplir con los requisitos elementales, las pruebas sean desechadas. Estas deficiencias en el soporte a las denuncias de Andrés Manuel no son nuevas. Lo mismo ocurrió en el 2006. Si estuviéramos frente a un sistema electoral distinto, por ejemplo, uno donde la negociación política marcara la ruta de la organización y calificación de las elecciones, probablemente el estruendo post electoral hubiera provocado un desenlace distinto, porque no, en el ánimo de la especulación y capricho, un presidente interino. Estamos muy lejos de ello. El sistema electoral se ha consolidado y permite transitar en un marco de certeza jurídica.

Ausencia de equidad

La equidad en la información de medios de comunicación social es un ingrediente fundamental en la democracia moderna, tanto por lo que tiene que ver con publicidad como noticias. Sin embargo, regular el contenido y la cantidad de la información es un asunto sumamente delicado por la controversia natural que existe por tratarse de libertad de expresión. En nuestro país se ha optado por un sistema donde se ha excluido la posibilidad de contratar publicidad con fines político-electorales por parte de particulares, candidatos y partidos, en todo momento. Es decir, se trata de una prohibición absoluta aplicable solo a radio y televisión, que por disposición legal son permisionados o concesionados. El resto de los medios de comunicación, internet y prensa escrita, no son sujetos a la regulación pero sí han sido impelidos por los lineamientos expedidos por la autoridad electoral que propugnan por una equidad en el manejo de la información. En estos medios, los partidos, candidatos y particulares no tienen restricción para su contratación. En cuanto a las autoridades, estás tienen prohibido realizar contratación de publicidad durante las campañas electorales para realizar promoción de obra pública o acciones de gobierno, y de manera absoluta, no pueden apoyar a ningún partido o candidato. La equidad en la información es un asunto complejo. En principio, hablar de equidad es pensar en un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este es el principio mediante el cual se distribuye el financiamiento público. Los recursos son distribuidos de acuerdo a la cantidad de votos de manera prevalente. Debiera pensarse que, en este sentido, también de esa manera debieran distribuirse los espacios noticiosos, lo cual no ocurre así. De acuerdo al estudio presentado por la Universidad Autónoma de México al Instituto Federal Electoral, de 136 mil 463 piezas informativas divulgadas en las estaciones de radio y canales de televisión muestreados, 132 mil 610, esto es, un 97%, estuvieron ausentes de valoraciones, negativas o positivas en relación con candidatos o partidos. Las valoraciones negativas se distribuyeron 45.27% a Josefina Vázquez Mota, 26.87% a López Obrador, 10.87% a Enrique Peña Nieto y 16.97% a Gabriel Quadri. Las positivas, a Josefina 23.88 exactamente igual que Andrés Manuel, Peña Nieto 28.20% y Quadri 24.03%. Del total del espacio monitoreado en el muestreo, 156 mil 984 piezas informativas que se refieren a candidatos o partidos, Peña Nieto captó 30.64% del tiempo, seguido por la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, con 26.52%; el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, con 26.3%, y Gabriel Quadri de la Torre, con 16.48% del tiempo. De acuerdo al computo final de la elección presidencial, Josefina Vázquez Mota obtuvo el 25.41 por ciento de los votos; Peña Nieto el 38.21%; Andrés Manuel el 31.59 y Quadri 2.29 por ciento. Es obvio que los porcentajes de notas positivas y negativas así como la cobertura en espacio dado a los candidatos es incongruente con los porcentajes de votación obtenidos. Lo que es cierto, es que el estudio muestra que la información negativa cargo sobre la abanderada panista y no sobre Andrés Manuel, y que las notas positivas representan una diferencia mínima (4.32%) entre Peña Nieto, Josefina y Andrés Manuel. También permite establecer con claridad que los tiempos se distribuyeron, no con equidad, sino casi con igualdad, entre los tres punteros de la elección, y que incluso Quadri fue tratado con un exceso de tiempo si se compara votación contra porcentaje de espacio recibido. Es cierto. Debe perfeccionarse el sistema para permitir una contienda con mayor equidad. Sin embargo, un sistema rígido coarta las libertades de prensa y expresión y es propio de estados totalitarios. Cada medio de comunicación tiene su propia línea editorial, basado en sus intereses políticos, sociales, culturales y económicos. Los lectores, radioescuchas o televidentes tienen la última palabra en relación con ellos. Lo que cobra importancia es la apertura de nuevos espacios y romper con el duopolio.

Responsabilidad histórica

En el año dos mil seis el Presidente Felipe Calderón tomo protesta de manera atropellada. Estuvo a punto de no hacerlo debido a las acciones de resistencia y oposición adoptadas por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La dificultad fue superada gracias a un acuerdo político de gobernabilidad e institucionalidad con algunas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Revolucionario Institucional. La institucionalidad en el Congreso mexicano se ha roto desde hace tiempo. En la época post-revolucionaria los asuntos se arreglaban a balazos. Luego las cosas se apaciguaron durante el periodo de partido hegemónico y la institucionalidad de la revolución. Las reformas de 1977 permitieron la llegada de diputados de partido representantes de fuerzas parlamentarias minoritarias. Unos años después la cámara de diputados y senadores se pluraliza aun mas con el sistema mixto, mayoría relativa y representación proporcional, con el agregado de la cláusula de gobernabilidad, que evita la sobre-representación del partido mayoritario. Con estas reformas el sistema político se pluralizo desde la ley, de manera artificial. Con el tiempo, como ocurre hoy, ya no resulta necesario. La sociedad ha dividido la preferencia política, con lo cual se acaban las mayorías simples o calificadas: la aprobación de reforma legales y constitucionales requiere de manera obligada el consenso de fuerzas heterogéneas. Sin embargo esta pluralidad se ha malentendido. Se han olvidado que la pluralidad no significa parálisis ni chantaje. La pluralidad debe ser debate, pero sobre todo acuerdo en una institucionalidad democrática. El debate permitirá que la sociedad conozca los argumentos y de esta manera califique las decisiones de sus representantes en el plebiscito cotidiano de los comicios. Una discusión que debe ser de altura y profundidad, con propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo, no la estridencia, la obstaculización, la toma de tribunas, las mascaras de cerdo o las grandes mantas desplegadas a lo largo del recinto oficial en San Lázaro. Un congreso auténticamente plural, responsable e institucional, debió permitir en la normalidad la protesta de Calderón. Pero desafortunadamente no había tolerancia, autentico respeto a la democracia, como tampoco la habrá ahora con el Presidente Enrique Peña Nieto. Las fuerzas parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento ciudadano y Partido del Trabajo, trataran de obstruir la toma de protesta del mandatario virtualmente electo. Ya se esperaba una reacción de esta naturaleza. Lo que no se esperaba es la posición irresponsable que ha adoptado Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, cuya figura cada día desmerece mas, no solo por la ausencia de liderazgo, sino por la torpeza de olvidar su responsabilidad en la gobernabilidad del país y pretender ocultar en irregularidades -que solo existen en su cabeza y en la de Andrés Manuel- la falta de eficacia en su trabajo partidista. En una democracia lo correcto es aceptar la voluntad popular construida mediante un andamiaje administrativo y jurisdiccional que garantiza la efectividad del sufragio. Lo incorrecto es hacer lo contrario. En 2006 prevaleció la institucionalidad democrática. De esta manera asumió Felipe Calderón. En 2012 debe prevalecer esta misma institucionalidad. Esperemos que Gustavo rectifique y asuma su responsabilidad histórica.

Estridencia post-electoral

El sistema electoral mexicano ha evolucionado no solo en su eficiencia administrativa de operación logística para garantizar el sufragio en su expresión, libre, secreta e individual, sino que ha consolidado un sistema de medios de impugnación con base en una visión estricta de derecho. Hasta antes de la construcción de un tribunal electoral especializado y técnico, las elecciones eran calificadas por un órgano político, en este caso el Congreso de la Unión, con lo cual no se garantizaba un estudio verdadero de las inconformidades ciudadanas o partidistas. Posteriormente, en 1987, se crea un tribunal contencioso electoral, órgano auxiliar de los colegios electorales, máxima autoridad en la calificación de las elecciones. Las decisiones políticas seguían predominando sobre las decisiones jurisdiccionales. En 1993 se crea el Tribunal Electoral Federal, paso fundamental para que en 1996 se constituya el tribunal electoral del poder judicial de la federación, dotándolo de la atribución de cómputo final y emisión de declaración de validez, soportado en la definitividad e inatacabilidad de sus decisiones. El fortalecimiento orgánico del tribunal electoral fue acompañado de modificaciones al marco jurídico, con un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y una Ley General de Sistema de Medios de Impugnación Electoral, instrumentos técnicos que sirven de base para la organización comicial y el desahogo de las inconformidades de los actores políticos y la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos. La estridencia en las calles era el instrumento de presión para forzar las negociaciones de los resultados electorales. El voto del ciudadano podía ser modificado mediante el acuerdo cupular con el voto del colegio electoral. La decisión política prevalecía sobre un sistema de estricto derecho electoral. A partir de 1996 las elecciones fueron revisadas por órganos administrativos, en primera instancia y posteriormente por el tribunal. Cientos de miles de casillas electorales han sido revisadas en los últimos años para garantizar los presupuestos establecidos en la ley. En 2012 entró en vigor una nuevo sistema legal que obliga al recuento voto por voto en las casillas cuando la diferencia entre primer y segundo lugar es menor al uno por ciento. De esta manera, en la elección presidencial, se abrieron cerca de ochenta mil paquetes electorales, cerca del sesenta por ciento del total. Estos paquetes, por disposición legal, ya no pueden ser abiertos por el Tribunal Electoral. Sus resultados se dan por definitivos. Por eso se encuentra en aprietos el equipo legal de Andrés Manuel. Han tenido que invocar violaciones constitucionales, para, sin entrar en el expediente técnico electoral, buscar la nulidad de la elección por supuestas violaciones al gasto, compra de votos, uso de encuestas como marketing electoral, entre otros argumentos generales. Saben que no tendrán resultado. Y lo saben porque conocen el sistema jurídico electoral. El sistema de medios de impugnación señala como causales de nulidad de la elección presidencial irregularidades en el 25 por ciento de las casillas o que éstas no hayan sido corregidas en el recuento; que el 25 por ciento de las casillas se hubieran instalado y que el candidato ganador resulte inelegible. De que irregularidades hablamos: de la instalación de la casilla en lugar distinto, entrega extemporánea de paquetes, escrutinio y cómputo realizado en lugar distinto, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, dolo o error en la computación de los votos, entre otras. Ninguna de estas ni de las restantes seis causales pudo ser acreditada en el documento entregado por el PRD, donde se impugnan de manera genérica 290 distritos de la elección presidencial. La decisión del tribunal se anticipa será confirmar la legalidad de la elección y el voto mayoritario de 19 millones 226 mil 784 ciudadanos. Lo demás es estridencia post-electoral que para nada concierne a un tribunal de estricto derecho.

Votos nulos

Los votos nulos alcanzaron la cifra de dos millones 472 mil 614 en la pasada elección de diputados a nivel nacional. Representan el 4.6 por ciento del total de votos sufragados por los mexicanos el pasado primero de julio. Las entidades federativas presentaron diversos porcentajes de voto nulo, agudizándose el fenómeno en aquellas donde no se presento coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México en las elecciones de diputados y senadores. Así de esta forma, Aguascalientes tuvo una incidencia de voto nulo de 7.97% (38,779); Baja California, 2.45% (30,399); Baja California Sur, 8.38% (20,883); Campeche, 6.49% (24,557); Coahuila, 6.93% (81,607); Colima, 3.18% (9,515); Chiapas, 6.89% (138,570); Chihuahua, 9.0% (119,270); Distrito Federal, 3.41% (164,226); Durango, 8.04% (54,576); Guanajuato, 4.59% (105, 326); Guerrero, 6.73% (94,002); Hidalgo, 7.15% (86,793); Jalisco, 3.81% (129,563); México, 3.07% (210,772); Michoacán, 8.68% (141,716); Morelos, 4.69% (39,619); Nayarit 7.76% (35,882); Nuevo León, 2.97% (59,649); Oaxaca, 7.18% (113,712); Puebla, 4.26% (104,765); Querétaro, 6.79% (57,626); Quintana Roo, 3.29% (17,478); San Luis Potosí, 8.85% (98,893); Sinaloa, 8.04% (93,869); Sonora, 6.81% (74,062); Tabasco, 3.21% (34,677); Tamaulipas, 5.91% (83,820); Tlaxcala, 8.43% (43,727); Veracruz, 3.21% (113,376) y, Yucatán, 2.60% (27,203). Destacan por el porcentaje de votos nulos Chihuahua, el primer lugar nacional, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Durango y Sinaloa, todos arriba de los ocho puntos porcentuales, seguidos de Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo por encima de los siete puntos, y debajo de ellos con seis puntos porcentuales Coahuila, Chiapas, Sonora, Querétaro, Guerrero y Campeche. En el rango de cinco puntos de nulos se encuentra solo Tamaulipas, y en el de cuatro, Morelos Guanajuato y Puebla. En los tres puntos porcentuales de votos nulos, aun un porcentaje atípico, se localizan Jalisco, Distrito Federal, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Colima y México. En la normalidad de votos nulos, por así decirlo de acuerdo a los históricos de votación nacional y local, se encuentran solo Nuevo León, Yucatán y Baja California. El fenómeno de nulos se relaciona con la coalición parcial efectuada entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, pactada en 199 distritos electorales del país (66.33% de los 300 distritos uninominales) y diez formulas de senadurías (31.25% de las 32 formulas), donde ambos resultan ser los únicos afectados por esta anulación generalizada de votos. A esta situación debe agregarse que las coaliciones de diputados y senadores, no siempre coincidieron en las entidades federativas. Por ejemplo, en Baja California, la coalición parcial aplicó para diputados, pero no para Senadores. De ahí que el PRI ganara abrumadoramente en la elección de diputados con una tasa de nulos sumamente baja, la más baja en el país (2.45%) y que en senadores haya sido elevadísima, de las más altas en el país con 103,536 votos nulos (8.32%). Esto genero una situación compleja para el ciudadano, ya que en la elección presidencial ambos partidos contendieron coaligados de manera total. El Tribunal Electoral, por la magnitud del fenómeno, debe revisar en su momento lo que ocurrió, en una visión de respeto integral al voto, con la visión crítica hacia la campaña masiva implementada por el IFE, la cual abonó a la confusión. Se transmitieron cientos de miles de spots tratando de instruir al ciudadano como votar, en una campaña nacional, a través de cientos de estaciones de radio y televisión en el país, en una decisión que excede sus facultades de promoción del voto. Hay un derecho político del ciudadano que ha sido negado, que es el valor de su voto. Un voto que, por los márgenes de diferencia, puede significar reveses en resultados, como podría ser el del distrito 03 en chihuahua o el senado en Baja California, donde las diferencias entre el primer y segundo lugar son menores a los nulos atípicos, con lo cual también se viola el derecho político del candidato como receptos de dichos votos. Esos votos nulos que representan la voluntad ciudadana volcada de manera sistemática y mecánica hacia una preferencia electoral de coalición no puede simplemente ser desechada, sino que debe tomarse en cuenta. El ciudadano jamás trató de anular su voto. Trató de manifestar su voluntad, lo cual hizo en error, provocado en gran medida por la campaña de comunicación. Los saldos, en principio, un equilibrio ficticio en la conformación tanto de la cámara de diputados como la de senadores, por ambos principios, generando una sobre representación causada por la nulidad de sufragios, y por supuesto, la decepción de más de dos millones de ciudadanos que ven vulnerada su decisión.

Reformas periodísticas

Al concluir el proceso electoral, este fin de semana, con la entrega de constancias de mayoría, y posteriormente con la resolución de las impugnaciones que pudiesen existir ante el tribunal electoral, es momento de reflexionar acerca de las necesarias reformas legislativas en el apartado periodístico que el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos sostienen, partiendo de que la conformación del Congreso y la oxigenación política en las entidades plantea una posibilidad real de concretarlas. La despenalización de los delitos de difamación y calumnia es el primer apartado. Las entidades han avanzado en ese sentido. A nivel federal ya ocurrió la reforma. Sin embargo, es necesario profundizar y avanzar en los estados donde aún se persiguen estas conductas desde el punto de vista penal. Morelos acaba de legislar en materia de desarrollo social para periodistas. Es esta ley la más avanzada desde la Ley Guerrero, la primera en su tipo. Debe ser por ello un primer referente para continuar en la legislación que protege socialmente al periodista, desde un punto de vista que privilegia el ejercicio periodístico como un pilar de la democracia y el fortalecimiento de las libertades. Se debe revisar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las correspondientes de los estados, para su modificación en lo que tiene que ver con procedimiento, reserva y confidencialidad, tomando como referencia Chihuahua, en busca de procedimientos abreviados y criterios que auténticamente protejan la publicidad de la información. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República debe ser revisada para elevar de rango a la actual fiscalía especial para la atención de delitos contra periodistas, que se ha convertido en un elefante blanco, incapaz por su falta de recursos y el perfil no idóneo de sus titulares, de evitar la impunidad en el tema de delitos contra periodistas, partiendo de la base de que la mayoría de los delitos son competencia del ámbito federal. En este sentido, si bien es un avance la reforma constitucional que federaliza a medias los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, creemos que es necesario evitar la discresionalidad en la atracción federal y ubicarla como una obligación por parte de jueces y ministerios públicos federales. Es fundamental elevar a permanente y ordinaria la comisión especial que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para otorgarle la posibilidad jurídica de presentar dictámenes al pleno. En este aspecto, cobra importancia, para recuperar un foro de expresión y caja de resonancia, por parte de organizaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, formalizar la existencia del Consejo Consultivo de la Comisión que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que no quede su existencia y funcionamiento a la discrecionalidad de la legislatura en turno. Fase relevante será impulsar un verdadero acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión para operar un programa que proteja a los periodistas que han recibido amenazas de muerte, mediante un comité de riesgo que evalué cada caso en particular y presupuesto interinstitucional, que sustraiga al periodista y su familia de la situación de riesgo, rescatando los avances que ya existen al respecto, en una construcción horizontal y sin exclusiones. Finalmente, como un avance sustancial, el reconocimiento constitucional del secreto profesional del periodista y la cláusula de conciencia.

Compromiso por México

Es cierto que en mexico se vive una alta competencia electoral. La ultima elección presidencial se definió con una diferencia de apenas el .5 por ciento. Las instituciones en general, a pesar de no estar preparadas para enfrentar una diferencia tan pequeña, soportaron la estridencia post-electoral gracias a la disciplina y método del ejercito ciudadano que organiza los comicios desde el Instituto Federal Electoral. Las condiciones han cambiado. Las ultimas encuestas nos hablan de diferencias importantes entre el primer y segundo lugar. Enrique Peña Nieto tiene en promedio, según las distintas casas encuestadoras, una diferencia de doce a ocho puntos, en una preferencia que ha sido consistente y que naturalmente ha fluctuado en pocos puntos debido a las distintas estrategias de promoción y golpeteo implementadas por Josefina Vázquez y Andrés Manuel López. Es curioso que, contrario a las encuestas, la candidata panista hable de una elección dividida en tercios, cuando ella apenas roza una quinta o sexta parte. Es una ilusión que trata a toda costa de vender como ultima estrategia mercadológica, sumida en una inusitada caída libre en las preferencias con las cuales arranca, vírtud sus erráticas acciones de campaña y el costo del ejercicio de gobierno Felipe-calderonista, coronado con la pifia del arresto del hijo del "chapo" guzman. Andrés Manuel, por su parte, se muestra incongruente, inconsistente: por un lado dice que va adelante en las preferencias, mostrándose ganador en sus anuncios de radio y televisión, violando la ley electoral, ya que nadie puede inducir al electorado diciendo que es el ganador, al menos de manera sistemática y con recursos del erario publico, y por el otro anticipa un fraude y prepara el camino hacia el conflicto post-electoral, pensando en un resultado cerrado que no va ocurrir, de acuerdo a las casas encuestadoras. La clave de la elección no va a estar en el voto duro, que indudablemente es la plataforma de cualquier candidato. Creo que la clave esta en el indeciso que rechaza la posibilidad de un sexenio mas de ineptitud y mercadotecnia del panismo, así como el sueño de Andrés Manuel, sin mas asidero que sus convicciones caprichosas personales, sustentadas en la nada: demoler el sistema, sus instituciones, el mexico que se ha venido construyendo a lo largo de los años, ¿para construir que? ¿Decisiones personalistas, megalómanas? Es cierto cuando se habla de alta competencia. La hay. Las votaciones cerradas se va a dar en ciertas entidades, en otras las diferencias serán amplias para uno u otro. La suma permitirá avanzar al puntero a la diferencia pronosticada. Esto por si solo debe acabar con la posibilidad del conflicto post-electoral. Pero creo que no va a ser así. Andrés Manuel no va a aceptar. Josefina se va a disciplinar por orden presidencial. La fortaleza del sistema será otra vez el IFE. Los ciudadanos que organizan la elección y los ciudadanos que votan serán el mejor resguardo del resultado de la voluntad popular. La alta calidad moral y experiencia de los consejeros electorales nacionales, como Macarita Elizondo son también pilar electoral. Ahora solo falta salir a las urnas y votar por mexico, es nuestro compromiso.

Desesperación mesiánica

Por supuesto que en estas elecciones México se juega un modelo de país. No se discute que dentro de este modelo debe considerarse como pilar la democracia, pensada en todos los ámbitos, el aspecto social, económico y político. Una democracia donde todos los pensamientos tengan cabida, en función de una tolerancia que desde el ejercicio del poder se convierte en la principal política pública. La autoridad en todos los niveles de gobierno debe ser la principal responsable de asumir una política de tolerancia y congruencia. Por ese motivo resulta incongruente que un aspirante presidencial como Andrés Manuel López busque la presidencia mediante un método electoral democrático y asuma posiciones antidemocráticas y anti-tolerantes. Andrés Manuel se ha destacado y diferenciado: utiliza la retórica para tender la mano pero al mismo tiempo amenaza, intimida, augura ajustes, cacerías, denuncia de manera estridente, asume acciones de gobierno imposibles de cumplir, demagogo. Dice el candidato presidencial que todo esta mal y hay que refundar el país, que todo es corrupto y en perjuicio del pueblo, cuando el mismo es producto de las instituciones que en mexico se han construido a lo largo de los años, mediante una visión de largo aliento. Propone reducir presupuestos en 300.000 millones. Coloca fotos al revés en debates. Los cálculos no le salen. Vende espejitos en una sociedad golpeada por el desempleo, la inseguridad, y a quienes no se los compran los llama masoquistas, como buen poseedor de la verdad absoluta. Pide a sus asesores buscar dinero a como de lugar: se organiza una cena donde se piden seis millones de dólares, hay una grabación testigo de ello, viola las leyes electorales de manera impune y luego con desfachatez se deslinda: dice: yo no sabia nada. Soy ajeno. Mientras Creel, Bodino y su prospecto a la Secretaría de Energía, Adolfo Hellmund, salen ilesos y las redes sociales callan, como ocurre en este momento con el ex delegado perredista de Tlahuac, Rubén Escamilla, hoy candidato a diputado federal, cuya grabación en You Tube lo muestra en practicas sexuales a cambio de una cuestión laboral con una subordinada. Anticorrupción es una de las principales banderas de Andrés Manuel y lo debe ser para todos. Una política pública permanente. Pero ante los hechos, ¿donde queda Andrés Manuel? Solo silencio, en una táctica mercadológica igual a la asumida cuando el coordinador de campaña, en desfachatez e incongruencia, asume que Andrés Manuel solo acudirá a foros estudiantiles cuidados, para evitar un 132 ¿Donde esta entonces la congruencia? El ultimo destello mercadológico del candidato perredista es mostrarse como triunfador. Así se presenta de manera irresponsable en los spots de radio y televisión que el IFE le permite transmitir, en una mas de sus incongruencias. Aun no hay votación y se dice ganador. ¿Si ya ganó, que estamos haciendo entonces con las elecciones? La verdad es que un análisis de las encuestas lo ubica muy por debajo de Enrique Peña Nieto. En promedio son ocho o nueve puntos. No lo dice solo Mitofsky, sino diversas casas encuestadoras: Excélsior, Organización Editorial Mexicana, Milenio, el Universal,UnoTv. Solo reforma otorgó una diferencia de cuatro puntos hasta el 31 de mayo, situación que ya modificó después del segundo debate: la diferencia es de doce puntos al 19 de junio. Por eso es obvia la nueva estrategia del candidato presidencial perredista. Andrés Manuel esta muy desesperado. Por eso asume y agudiza las posiciones mesiánicas de verdad absoluta, y de estridencia mediática. El problema es que alienta a sus seguidores a una batalla política post-electoral riesgosa, de nueva cuenta genera un clima de desasosiego e incertidumbre, genera temor, angustia, en una estrategia perversa de oratoria. Asume de antemano en los hechos, que no admitirá una derrota y anticipa Reforma con sus bloqueos y todo. Sabe que es su ultima oportunidad, por el momento. En seis años tal vez podrá ser buen candidato, con una dosis de mayor humildad y menos protagonismo megalómano. Ojalá.