Existen en el país doscientos setenta mil internos en los centros de readaptación social, de los cuales, según cifras periodísticas, cincuenta mil corresponden a procesos del orden federal y el resto del fuero común.
Como se observa el número de reos de un orden y de otro contrasta grandemente, como contrasta también el poder corruptor con base en el dinero según el tipo de delincuencia de que se trate.
La fuerza económica no sólo corrompe el orden jurídico y funcional de las instituciones en términos generales, sino que además provee de la capacidad de armamento necesaria para evadir la acción de la justicia, como ocurrió con la fuga de reos el fin de semana en Chihuahua.
Es obvio que ambos internos no pueden compartir los mismos centros de reclusión porque la seguridad se encuentra en permanente riesgo de colapso.
No pueden ni deben los internos federales diseminarse a lo largo y ancho del país debilitando a los penales, que por su naturaleza no corresponden a un alto nivel de seguridad.
Puede decirse que los gobiernos de los estados comparten responsabilidad en la seguridad de los penales, sin embargo es muy complicado explicar como ocurre esto cuando los delitos son del orden federal, son juzgados por lo tanto por jueces de dicho orden y es la federación, por tanto quien debe aplicar las medidas sancionatorias respectivas y vigilar que auténticamente se cumpla, como es la reclusión.
Pero además, los gobiernos de los estados carecen de la posibilidad táctica y de armamento requerida para blindar adecuadamente a los penales, que en este caso incluye preparación y fuerza militar.
Se antoja de mayor factibilidad que el gobierno federal opere con el modelo de penales de máxima seguridad ubicados en zonas estratégicas, debidamente resguardados y protegidos con la fuerza necesaria, fuera de la mancha urbana de las ciudades.
La operación de estos ceresos, como ya ocurre en La Palma, por ejemplo, se efectúa entonces bajo estrictos procedimientos de seguridad que no se pueden aplicar, por sentido social y humano, a miles de internos del fuero común encerrados a lo largo y ancho del territorio nacional en los ceresos estatales.
Para colmo, las participaciones federales que se destinan a la manutención de los reos del orden federal son escasas e insuficientes, estrangulando a las entidades federativas desde el punto de vista operativo de manera incongruente: por un lado les exijo seguridad máxima porque ahí tengo internos y por el otro no suministro los recursos necesarios, en la necesaria y elemental lógica, constituyendo un absurdo perverso.
