La mexicanidad como genuino espíritu nacionalista, arraigado en el corazón de quienes vivimos y morimos en este país fue uno de los ejes principales del pensamiento vasconcelista.
El Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, el Proconsulado, La Flama, entre otros, resultan un grito desesperado del maestro de América por rescatar la fuerza y dignidad del mexicano, mediante un proyecto nacional basado en la educación.
Sabía Vasconcelos que el conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos, y que su ausencia, por tanto, es el principio elemental de la tiranía.
Un pueblo ignorante y sin dignidad es presa fácil del lenguaje populista y demagógico de los caudillos dictatoriales.
Por ese motivo mandó imprimir cientos de miles de textos para distribuirlos por el país, en una gran cruzada por desterrar la ignorancia; además, impulsó la construcción y mejoramiento de instalaciones educativas y luchó por la autonomía universitaria junto a Caso Lombardo y Gómez Morín.
Recordar a Vasconcelos, sin duda, es una necesidad permanente de los mexicanos.
A ello se refirió Carlos Carrera Robles, comunicador del gobierno de César Duarte, en su alocución durante la entrega del Premio de Periodismo que anualmente edita el Foro de Periodistas de Chihuahua y que lleva por nombre el del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Carrera, a nombre del gobernador, agradeció a los periodistas por recordar a Vasconcelos cada doce de octubre con motivo del reconocimiento entre pares.
Conocedor de la historia de México y del pensamiento vasconcelista, el arquitecto Carrera delineo el pensamiento de uno de los principales filósofos, políticos y educadores que ha tenido nuestro país.
José Vasconcelos Calderón acompaña al Premio de Periodismo de Chihuahua desde hace dieciséis años. Su efigie aparece en una de las caras del centenario acuñado año con año con motivo de esta fiesta periodística.
No cabe duda que el pensamiento Vasconcelista encuentra similitudes en la actividad periodística, desde el afianzamiento de la mexicanidad hasta el espíritu luchador por detonar el crecimiento intelectual y cívico del pueblo, donde la moral pública, la solidaridad y la justicia, son valores perennes.
Un periodismo de contenido que estimule a la crítica, pero que ayude a construir permanentemente un mejor modelo de sociedad.
jueves, 14 de octubre de 2010
Transparencia y gobernabilidad
El sistema electoral mexicano es un modelo complejo por la multiplicidad de candados para garantizar que cada voto cuente y se cuente.
Esa complejidad tiene un costo, que en términos reales es bastante bajo en comparación con la afectación que en el mercado de divisas tiene una situación de o inestabilidad política.
Esto es: el sistema electoral ha soportado el vendaval político provocado por una diferencia de punto cincuenta y tres en una elección presidencial con éxito.
Si la gente no salió a la calle a manifestarse masivamente fue porque existe confianza en los resultados: los electores los consideramos legítimos, aún cuando pudiésemos no estar de acuerdo con ellos.
Esa legitimidad proviene precisamente del largo enunciado de candados establecidos, desde la credencial de elector y las boletas con sus medidas de seguridad, hasta la conformación ciudadana de las mesas receptoras de votos y la integración plural de los organismos municipales, distritales, estatales y federales.
El ciudadano advierte, en alguno de los elementos, la posibilidad creíble de legitimidad. Incluso alguien pudiese pensar en la revisión de una autoridad distinta, fuera de las entidades federativas, como la característica indispensable de imparcialidad.
Por ese motivo, la renovación de cada órgano es fundamental para generar confianza, como en este caso ocurre con el consejo general del Instituto Federal Electoral.
Se habla de establecer la transparencia como elemento indispensable de legitimidad en la elección de consejeros. Creo que es cierto, es importante que así sea: que la renovación ocurra de cara a la sociedad, para que luego no se rompan acuerdos por simples caprichos, y –en su caso- todos seamos testigos de ello.
Pero me parece más importante el acuerdo de los actores políticos, porque al final de cuentas son ellos quienes deben acatar las determinaciones adoptadas de conformidad con el orden legal y constitucional vigente.
De nada sirve que haya transparencia si los consejeros designados no generan confianza en los actores o si estos, los consejeros, olvidan que forman parte de un órgano en esencia político, que requiere cierta flexibilidad para enfrentar los retos que plantea el alto nivel de competencia existente en la disputa por el poder.
La flexibilidad en decisiones que generan gobernabilidad, en el marco e imperio de la ley, puede resolver una situación de crisis en una democracia. Por ello el análisis de los próximos consejeros no es tan simple como un examen de conocimientos o el mayor nivel académico; ambos son elementos necesarios e indiscutibles, pero no deben ser los únicos: debe ponderarse el mayor consenso, la experiencia y el perfil para enfrentar situaciones de alta presión.
Nada fácil la decisión.
EN EL TABLERO…Felicidades a Teodoro Rentería Arroyave, amigo y líder moral del periodismo en México, por la continuidad en la presentación de su libro “Mi vida son mis amigos” por el territorio nacional, en esta ocasión Chiapas, acompañado por nuestra dirigente nacional Hilda Luisa Valdemar y el siempre distinguido compañero José Antonio Calcaneo…
Esa complejidad tiene un costo, que en términos reales es bastante bajo en comparación con la afectación que en el mercado de divisas tiene una situación de o inestabilidad política.
Esto es: el sistema electoral ha soportado el vendaval político provocado por una diferencia de punto cincuenta y tres en una elección presidencial con éxito.
Si la gente no salió a la calle a manifestarse masivamente fue porque existe confianza en los resultados: los electores los consideramos legítimos, aún cuando pudiésemos no estar de acuerdo con ellos.
Esa legitimidad proviene precisamente del largo enunciado de candados establecidos, desde la credencial de elector y las boletas con sus medidas de seguridad, hasta la conformación ciudadana de las mesas receptoras de votos y la integración plural de los organismos municipales, distritales, estatales y federales.
El ciudadano advierte, en alguno de los elementos, la posibilidad creíble de legitimidad. Incluso alguien pudiese pensar en la revisión de una autoridad distinta, fuera de las entidades federativas, como la característica indispensable de imparcialidad.
Por ese motivo, la renovación de cada órgano es fundamental para generar confianza, como en este caso ocurre con el consejo general del Instituto Federal Electoral.
Se habla de establecer la transparencia como elemento indispensable de legitimidad en la elección de consejeros. Creo que es cierto, es importante que así sea: que la renovación ocurra de cara a la sociedad, para que luego no se rompan acuerdos por simples caprichos, y –en su caso- todos seamos testigos de ello.
Pero me parece más importante el acuerdo de los actores políticos, porque al final de cuentas son ellos quienes deben acatar las determinaciones adoptadas de conformidad con el orden legal y constitucional vigente.
De nada sirve que haya transparencia si los consejeros designados no generan confianza en los actores o si estos, los consejeros, olvidan que forman parte de un órgano en esencia político, que requiere cierta flexibilidad para enfrentar los retos que plantea el alto nivel de competencia existente en la disputa por el poder.
La flexibilidad en decisiones que generan gobernabilidad, en el marco e imperio de la ley, puede resolver una situación de crisis en una democracia. Por ello el análisis de los próximos consejeros no es tan simple como un examen de conocimientos o el mayor nivel académico; ambos son elementos necesarios e indiscutibles, pero no deben ser los únicos: debe ponderarse el mayor consenso, la experiencia y el perfil para enfrentar situaciones de alta presión.
Nada fácil la decisión.
EN EL TABLERO…Felicidades a Teodoro Rentería Arroyave, amigo y líder moral del periodismo en México, por la continuidad en la presentación de su libro “Mi vida son mis amigos” por el territorio nacional, en esta ocasión Chiapas, acompañado por nuestra dirigente nacional Hilda Luisa Valdemar y el siempre distinguido compañero José Antonio Calcaneo…
Acciones contundentes
Uno de los pilares del Estado moderno es el principio de legalidad. Nadie puede actuar de manera tal que vulnere los derechos del resto de los ciudadanos, aún y cuando esté investido de alguna autoridad, ya que se encuentra sujeto –con mayor razón por la lógica elemental del ejemplo- a cumplir con la norma.
Los ciudadanos deben comprometerse y convivir en un estado de armonía, como requisito indispensable de la vida en sociedad. Por tanto, todas sus actividades se sujetan a las reglas morales que la comunidad acepta como valores de interacción social, así como al orden jurídico establecido.
Es imposible que un comunidad sobreviva en el caos, donde la ley del más fuerte se impone, porque tarde que temprano hay un aniquilamiento total de las personas. La fuerza es el origen primigenio del poder, pero ya institucionalizado conforma normas, legitimándose frente a los ciudadanos, porque teniendo como principio la igualdad, la única diferencia entre unos y otros es la capacidad de desarrollo personal e intelectual.
El orden jurídico y moral en una sociedad siempre está en conflicto con personas que buscan hacer de la anomia un modo de vida: el resquicio legal protegido por la impunidad, los alienta a mejorar su condición por medio de la fuerza.
En ese marco debe señalarse a las actividades ilegales como el tráfico y comercio de drogas, la prostitución, la extorsión, el secuestro, entre otras muchas conductas sancionadas socialmente y castigadas desde el punto de vista penal.
Frente a esas conductas, la fuerza legitima del Estado, no solo tiene el derecho, sino la obligación de asumir acciones contundentes y terminantes para eliminar el riesgo que plantean al orden social, con respeto a los principios universales de derechos humanos y al mismo ordenamiento legal.
Por ese motivo, cuando se anuncia la imposición de cadena perpetua para extorsionadores, secuestradores y homicidas múltiples por parte del gobernador César Duarte, se abre una expresión de sanción ejemplar y agresiva, dentro de los límites humanitarios y legales, para romper con una espiral de violencia que agobia a chihuahua y al país.
Es cierto, no toda la solución es sancionatoria, pero es la vía para manifestar la voluntad del Estado en contra de las acciones que vulneran la tranquilidad de los hogares de familias cuyos integrantes, todos los días, en la casa, en la escuela y en el trabajo, impulsan la consolidación de una comunidad armónica.
Los ciudadanos deben comprometerse y convivir en un estado de armonía, como requisito indispensable de la vida en sociedad. Por tanto, todas sus actividades se sujetan a las reglas morales que la comunidad acepta como valores de interacción social, así como al orden jurídico establecido.
Es imposible que un comunidad sobreviva en el caos, donde la ley del más fuerte se impone, porque tarde que temprano hay un aniquilamiento total de las personas. La fuerza es el origen primigenio del poder, pero ya institucionalizado conforma normas, legitimándose frente a los ciudadanos, porque teniendo como principio la igualdad, la única diferencia entre unos y otros es la capacidad de desarrollo personal e intelectual.
El orden jurídico y moral en una sociedad siempre está en conflicto con personas que buscan hacer de la anomia un modo de vida: el resquicio legal protegido por la impunidad, los alienta a mejorar su condición por medio de la fuerza.
En ese marco debe señalarse a las actividades ilegales como el tráfico y comercio de drogas, la prostitución, la extorsión, el secuestro, entre otras muchas conductas sancionadas socialmente y castigadas desde el punto de vista penal.
Frente a esas conductas, la fuerza legitima del Estado, no solo tiene el derecho, sino la obligación de asumir acciones contundentes y terminantes para eliminar el riesgo que plantean al orden social, con respeto a los principios universales de derechos humanos y al mismo ordenamiento legal.
Por ese motivo, cuando se anuncia la imposición de cadena perpetua para extorsionadores, secuestradores y homicidas múltiples por parte del gobernador César Duarte, se abre una expresión de sanción ejemplar y agresiva, dentro de los límites humanitarios y legales, para romper con una espiral de violencia que agobia a chihuahua y al país.
Es cierto, no toda la solución es sancionatoria, pero es la vía para manifestar la voluntad del Estado en contra de las acciones que vulneran la tranquilidad de los hogares de familias cuyos integrantes, todos los días, en la casa, en la escuela y en el trabajo, impulsan la consolidación de una comunidad armónica.
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