La actividad jurisdiccional es fundamental, elemento indispensable, en el estado moderno. Forma parte, junto con la actividad legislativa y ejecutiva, de un sistema de administración del poder público. Pero no solo ello, constituye una garantía que evita la concentración del poder en una sola persona o en una corporación única, con lo cual son posibles los pesos y contrapesos de que nos habla la teoría del estado y la doctrina constitucional.
El hecho de que se judicialicen las actividades de los particulares en sus relaciones comunes entre sí o con el Estado, no es algo que deba alarmar a nadie. Es de ordinario que se escuche con preocupación que las cuestiones tengan que resolverse ante los jueces, como si se tratara de algo extraordinario.
Creo que la intervención de los jueces debe ser, efectivamente, extraordinaria, pero en el sentido, de que antes de acudir a la justicia, debe buscarse una amable composición con base en el sentido común y la negociación, donde las partes ceden cada una en forma razonable.
Esta actividad jurisdiccional es aún más importante y necesaria cuando no existe esa posibilidad de arreglo, por constituir una forma civilizada, ordenada e imparcial de resolver los conflictos, que en teoría abandona el esquema de resolución vía cualquier esquema de la fuerza.
Es trascendental la función de resolución legal de conflictos en una sociedad democrática, por la polarización natural de intereses entre los partidos políticos, razón por la cual los tribunales en la materia se tornan en piedra toral de la instrumental electoral.
Toman especial relevancia sus características de independencia e imparcialidad, que deben reflejarse en sus magistrados, quienes deben en ocasiones construir la norma desde la interpretación, por lo que sus personas, su característica subjetiva, es determinante en el sentido de las resoluciones.
Chihuahua actualmente cuenta con un tribunal que se ha consolidado y profesionalizado, probado en diversos procesos electorales, generando confianza en los actores políticos, a tal grado de que por consenso se llega al nombramiento de la abogada Roxana García, como su nueva integrante, junto a José Rodríguez Anchondo y José Miguel Salcido.
2010 será una nueva prueba para éste órgano jurisdiccional, cuando se elija gobernador, alcaldes, síndicos y diputados; se espera una actuación sin dados cargados ni favoritismos de alguna especie.
