Disputa de derechos

El asunto judicial en que se ha envuelto Clara no es de fácil resolución. Hay una disputa de derechos, el de la sociedad por proteger a un ser vulnerable, y sancionar a quien lo colocó en riesgo, y el de la madre menor de edad por recuperar la patria potestad. En este entresijo, converge el derecho de la comunidad al acceso de la información en relación con un asunto que ha adquirido gran notoriedad pública, a través de las indagaciones periodísticas y su difusión, principalmente el desarrollado por Marina Martínez y publicado en El Heraldo de Chihuahua. Recordemos que una recién nacida es abandonada en el estacionamiento de un templo expuesta y vulnerable, en riesgo eminente e inminente de sufrir lesiones o perder la vida. Las investigaciones llevan a localizar a la madre y con ello se inicia el procedimiento judicial para sancionar la responsabilidad penal y civil por el abandono y exposición de la menor, y como consecuencia, sancionar y resolver la patria potestad. El ministerio público integró la carpeta de investigación y turno el caso al poder judicial, quien resolvió la vinculación de Clara por los delitos de omisión de cuidados y violencia familiar, en un juicio que deberá desarrollarse próximamente. Por la vía civil, el juzgado familiar esta por resolver la patria potestad, la cual pudiese recaer en un familiar cercano a Clara. Deberá dilucidarse hasta donde se justifica la conducta de Clara al abandonar a su bebe. Hasta dónde la familia tiene responsabilidad de omisión de cuidados hacia la misma Clara. En este inter, Clara ya ha obtenido amparo para que su padre y ella puedan visitar a la bebe, que se encuentra bajo custodia estatal. Es indudable que la autoridad actuó correctamente al tutelar los derechos de una víctima indefensa. Pensar lo contrario significa pedirle al estado que abandone su obligación de proteger a las personas y grupos vulnerables. En este caso en particular, se trata de un ser totalmente indefenso, expuesto a perder la vida, al ser abandonado en invierno a la intemperie, recién nacido, a un costado de vehículos que entran y salen del estacionamiento de un lugar de concentración como es un Templo. Obvio es reconocer que existen elementos para que el juez haya vinculado a proceso penal por el delito de omisión de cuidados y violencia familiar. Por tanto, se anticipa responsabilidad penal, que debe ser atenuada debido a la condición de minoría de edad, condición psicológica, entorno familiar, etc., elementos que seguramente la autoridad tomara en cuenta al individualizar la pena. La patria potestad es un asunto que también deberá resolverse próximamente, en beneficio de Toñita, dictamen que seguramente nadie tendrá empacho en acatar. Como se observa se trata de una cuestión que tiene gran relevancia no sólo para la familia directamente involucrada, sino para la sociedad entera. Por eso los medios de comunicación desde el primer momento se focalizaron en la noticia y no la han abandonado. La misma Clara y su defensa han hecho uso de la comunicación a nivel local y nacional. La máxima información enriquece la discusión pública al respecto y sobre todo, envía el mensaje de incrementar la prevención social para evitar situaciones lamentables como esta. En esa tarea los trabajos de investigación como el desarrollado de manera profesional por Marina Martínez, expresidenta del Foro de Periodistas de Parral, deben reconocerse. Es muy difícil pensar en violación a derechos cuando la información ya es pública, los mismos juicios han sido públicos, hay una ventilación cotidiana y profusa de información por parte de todos los actores. Creo que se debe privilegiar al máximo la información y su divulgación, protegiendo la libre expresión acerca de la misma, y sobre todo alentando los trabajos periodísticos de investigación como el desarrollado por Marina Martínez, periodista destacada, egresada de la segunda generación de licenciatura en periodismo y actualmente en proceso de titulación en Maestría de Periodismo, programas ambos impulsados por el Foro de Periodistas de Chihuahua.