"Felicitaciones a Marco Antonio Guevara por sus 58 años de ejercicio períodistico y 38 años de vida del Programa Opinión Pública"
La reforma electoral en materia de comunicación ha centrado sus postulados en la restricción y en la espotización masiva: Los partidos políticos y candidatos independientes tienen el monopolio de la comunicación política electoral durante las campañas electorales. Los ciudadanos carecen de la posibilidad de contratar publicidad para rebatir o apoyar las propuestas partidistas o de candidatos independientes.
Incluso, en una inequidad patente, éstos últimos son relegados legalmente en la cantidad de mensajes en radio y televisión, situación que ha merecido la intervención del tribunal electoral federal para imponer un criterio más fléxible y equitativo.
Por si fuera poco, la norma electoral no solo sanciona la compra de espacios por parte de partículares, sino además prohibe la intervención a favor o en contra de candidatos: cualquier persona que se pronuncia en este sentido, estaría cometiendo un delito electoral.
Por otro lado, los partidos y candidatos utilizan una cantidad exhorbitante de mensajes en radio y televisión, saturando el espacio hertziano.
Esos mensajes de treinta segundos vanalizan y tribializan la política: la demagogía electoral inunda la radio y la televisión con propuestas superfluas y mentirosas.
Los cliches y la ausencia de crítica son el discurso fácil de la mercadotecnia electoral: por repetición, el ciudadano termina harto, saturado: hasta en la sopa encuentra mensajes publicitarios.
En 2015 se difundieron 16.1 millones de mensajes publicitarios, de partidos y órgano electoral federal: en 2016, la cantidad fue de 9.5 millones en quince entidades con proceso electoral.
La reforma en medios de comunicación -de aplicación paulatina los últimos diez años- no alienta la participación ciudadana. Los niveles de votación se mantienen muy por debajo, tanto a nivel federal como local. En la elección federal de 1991 votó el 65.97 por ciento. En contraste, en 2015 apenas acudieron a las urnas el 47.72 por ciento.
Pero además, el mensaje de cliché aleja toda discusión crítica de las propuestas electorales: hay una ausencia completa de auténtico debate. A lo más que llegamos es a un contraste de capacidad demagógica que engaña al elector.
Por ello, hay concordancia con el postulado del director de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, que en una conferencia urge a fomentar espacios de libertad de expresión en materia electoral.
Es necesario hacerlo. La argumentación debe superar la diatriba y la demagogia simplista. Una argumentación debatida, auténticamente debatida, enriquece el pensamiento crítico de los ciudadanos y aleja las propuestas demagógicas de cliché.
Debe pensarse en un nuevo sistema de comunicación social, en el cual el ciudadano, el principal interesado en la fórmula democrática, éste presente y no ausente: que sea el protagonista y no un invitado rezagado.
Debe acudise a una liberación de los espacios publicitarios, donde la libertad de expresión, de crítica, no sólo sea permitida, sino impulsada continuamente. Por tanto, deben abolirse los tipos penales que prohiben la libre expresión: que los ciudadanos opinen a favor y en contra en total libertad en materia electoral.
El monopolio de uso de radio y televisión por partidos y candidatos debe eliminarse. Que los candidatos salgan a las calles a buscar el voto. Y que la radio y televisión solo sirva de canal para discutir las propuestas: que el debate de fondo sea la regla, superando el mensaje superfluo.
La democracia no debe ser medida en función de participación. Es cierto. Debe tener un elemento de calidad. Que no se vote por un rostro, por una voz o un color. Que se vote por una idea contrastada, y que se haga de manera conciente y crítica.
Reto mayúsculo, para lo cual hace falta una contrareforma electoral en materia de comunicación.
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