El municipio es la autoridad de primer contacto con las personas, porque de él depende la prestación de los servicios básicos elementales y de primera necesidad para que funcionen las comunidades.
Alumbrado público, recolección de basura, seguridad preventiva, limpieza en las calles, agua potable y drenaje, son de los principales servicios que se prestan a la comunidad desde los ayuntamientos.
Es cierto que en muchos de los más de dos mil municipios del país existe un manejo administrativo inadecuado de los recursos, opacidad, malas decisiones, contratación indebida de deuda, en unos corrupción, entre otras cuestiones que deben llamar la atención ante el crecimiento exponencial del problema financiero que los abate y que ha llevado a muchos a una auténtica quiebra.
Según datos oficiales, los dos mil cuatrocientos cuarenta municipios tienen una deuda en conjunto de treinta y un mil millones de pesos con la banca privada y de desarrollo. Muchos han logrado una renegociación exitosa, prolongando el plazo, reduciendo los pagos y comprometiendo a la hacienda municipal por quince o más años. Parece ser la única salida, ante la incapacidad de cubrir la deuda y la ausencia de recursos para pagar salarios y sus prestaciones, no se diga para brindar los servicios públicos a los cuales están obligados.
Ante esta situación, el gobierno federal ha adoptado una posición centralista: concentra el ochenta por ciento de los recursos que se destinan a los municipios en sus diversas partidas, envía los recursos y realiza una superficial fiscalización.
No hay una preocupación ni ocupación por fomentar las prácticas administrativas adecuadas en los ayuntamientos, como por ejemplo, ha sido un esfuerzo constante de la asociación nacional de síndicos, que preside la chihuahuense Liliana Álvarez.
Los municipios requieren mayores recursos para enfrentar sus compromisos con la ciudadanía, pero también, es necesario un esfuerzo serio a nivel nacional para proporcionarles las herramientas adecuadas para administrar adecuadamente.
La solución centralista es la más cómoda: te envío unos cuantos pesos, te doy libertad para administrar y luego focalizo la fiscalización para decir que estás mal, administras indebidamente y por lo mismo ya no te puedo apoyar con mayores recursos: hay evidentemente un circulo vicioso impulsado desde la federación, una especie de paternalismo reducido.
La muestra es el apartado de seguridad, donde los municipios en su totalidad reciben unos cinco mil millones de pesos a través del Subsemun, para financiar el rubro, cuando la Policía Federal recibe unos treinta y cuatro mil millones, y luego aún así se les pide a los municipios una mayor participación contra la delincuencia organizada, y en algunos casos, se les desplaza por su supuesta inoperancia, cuando carecen de los recursos para hacerlo.
L a tendencia pareciera marcar una decisión de golpear hasta desaparecer a los municipios, convirtiéndolos en una mera extensión de la federación. Ojalá no sea así.
