Los resultados electorales en Michoacán en los comicios de gobernador, con una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 2.72 por ciento, 43 mil 265 voluntades, resultan irreversibles. Lo demás, realizar señalamientos estridentes, es un signo preocupante que debilita la democracia.
Esa ventaja es sumamente firme, aun y cuando existan 879 actas con incidencias que deben conciliarse durante el cómputo, al haberse capturado 5 mil 195 de un total de 6 mil 74: esa lluvia de votos se distribuirá de manera homogénea entre los candidatos: así ha ocurrido de manera constante en las elecciones, aún en las atípicas, como esta que se vivió el pasado domingo.
Esa diferencia resulta suficiente, aun y cuando la cantidad de votos nulos sea mayor, y esto pudiera resultar llamativo: los nulos son, hasta el momento, el 3 por ciento, 47 mil 844 sufragios.
El marco legal en Michoacán no establece la obligación de un recuento, bajo los supuestos que si se señalan en la legislación electoral federal, que son la diferencia de un punto porcentual entre el primer y segundo lugar, y que los nulos porcentualmente hablando sean mayores que esa diferencia.
Probablemente el Tribunal Estatal, o el Federal, determinen que así ocurra de conformidad con la Constitución general de la república. De ser así, es muy difícil que el resultado se modifique, por pequeña que sea la diferencia: ya lo vimos en el 2006, con un margen apenas del .53 por ciento, en virtud de la asertiva intervención del ejército ciudadano que organiza las elecciones.
En lugar de asumir una posición responsable, los candidatos perdedores han ejercido una actitud visceral mediática, acusando incluso la intervención de crimen organizado en los resultados y el uso aplastante de la maquinaria federal para inducir el voto en favor de la hermana del presidente Calderón.
La batalla mediática es importante. Pero las elecciones se ganan en la calle y en los tribunales, con los elementos de prueba en la mano.
La primer batalla la ganó el PRI; la segunda, se anticipa, la va a ganar también, cuando sobre la mesa se efectúe el cómputo y las actas en mano hablen; la tercera, los tribunales, se estima correrá la misma suerte: aún un recuento ratificará la voz de las urnas, con base en la experiencia electoral reciente en el país.
Luisa María Calderón y Silvano Aureles podían haber optado por fortalecer las instituciones democráticas, pero no lo hicieron así: decidieron desgastar al sistema electoral y ponerlo a prueba una vez más, logística, política y jurídicamente, con todos los riesgos que esto implica y el mensaje enviado al país entero.
