De acuerdo con la posición del Foro de Periodistas de Chihuahua: es inadmisible la agresión contra periodistas en el ejercicio de la cobertura informativa; es impostergable retomar el Sistema Integral de Protección a Periodistas que duerme desde hace seis años.
En el año 2010, ya para finalizar la administración del Gobernador José Reyes Baeza Terrazas, organizaciones periodísticas encabezaron un esfuerzo inédito de consenso, bajo la intervención mediadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside el abogado José Luis Armendáriz.
Como fruto de ello, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto que creó el Sistema Integral de Protección a Periodistas, mecanismo que incluye tres grandes apartados: recomendaciones a los periodistas en la cobertura informativa, obligaciones del gobierno del Estado en la protección a periodistas y el reordenamiento de la generación de información.
Esas líneas de acción tienen como fin proteger y alentar la libre expresión de las ideas, bajo el entendido de que se trata de una materia crucial en el fortalecimiento de la vida democrática de las comunidades. En ella, el Gobierno del Estado juega un rol fundamental, en su papel de máxima autoridad estatal, para preservar y garantizar la integridad de los periodistas, impulsar el periodismo crítico y fortalecer las empresas periodísticas.
En el primer apartado, el Sistema Integral de Protección a Periodistas se refiere al protocolo, una serie de recomendaciones a los periodistas y comunicadores para un ejercicio periodístico cuidadoso, en beneficio no solo de su integridad, sino de la pluralidad informativa.
Desde aquel entonces, mucho antes de que a nivel federal se promulgara la ley en materia de réplica, el Sistema Integral ya se refería a la obligación ética de corregir errores y otorgar el derecho de réplica, sin más procedimiento que la simple solicitud.
También se recomendaban una serie de medidas de seguridad elementales, como la identificación permanente del periodista durante la cobertura de información, para evitar cualquier situación de confusión.
Estas medidas de comportamiento ético del periodista impulsan su protección y a la vez contribuyen a fortalecer su imagen ante la comunidad.
Del Gobierno del Estado, la obligación de no discriminar a los medios de comunicación al proporcionar información, lo cual deberá hacer en términos de veracidad, oportunidad, respeto, cortesia e igualdad.
El Sistema obliga a difundir y revisar de manera permanente las políticas de comunicación social, bajo la mirada de una Comisión de Trabajo plural integrada por organizaciones periodísticas y autoridades de los diversos niveles de gobierno.
Aunque en aquel entonces no se tocó el aspecto de publicidad, en función de que estaba pendiente la reglamentación federal, se trata de un elemento fundamental que debe abordarse, ante la tardanza inexplicable.
La publicidad es un elemento importante para fortalecer la pluralidad informativa, más allá de la necesaria e indispensable transparencia que debe existir.
Unicamente un Estado autoritario puede pensar en suprimir el papel de los medios privados de comunicación social mediante instrumentos de propaganda vertical ejecutados desde las oficinas de gobierno.
Finalmente, resulta crucial dar seguimiento al procedimiento de medidas cautelares ya contenidas desde aquel entonces en el Sistema Integral, bajo el convencimiento de que el Gobierno del Estado, con independencia de las obligaciones que en la materia tiene el apartado federal, debe asumir también sus obligaciones para proteger a periodistas y comunicadores y no mantenerse al margen de una tarea tan importante para la vida democrática.
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