Lo advertimos casi todos.
Un aumento a la gasolina traería complicaciones inmediatas en el precio de los productos debido al impacto en los costos de transportación.
No era pues oponerse a un incremento gradual en los combustibles un simple capricho, sino una razonable decisión de impedir la espiral inflacionaria y sus nefastas consecuencias en el bolsillo de quienes menos tiene y de la clase media, sector fundamental para el desarrollo y estabilizador social por excelencia.
Se considera que los precios de los alimentos crecerán entre un ocho y un diez por ciento en el 2010, en un duro impacto frente a un ridículo aumento salarial y el golpe fiscal que representa pagar una tasa de ISR de hasta el 30 por ciento y un IVA del 16 por ciento con excepción de la zona fronteriza donde será del once por ciento.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, en un estudio efectuado los primeros días del año, el impacto por el alza en combustibles ya afectó los precios de los productos básicos, entre ellos el huevo y el azúcar, y eso que apenas han pasado cuatro días del nuevo año.
El problema no acaba ahí. De acuerdo a la Facultad de Economía de la UNAM, el 2010 se perfila como un año particularmente adverso en materia de poder adquisitivo de la población.
Irónicamente, el gobierno requiere mayores recursos económicos apretando el cuello de la población vía alza en impuestos, pero con un sacrificio adicional a través de una contribución disfrazada con los aumentos en combustibles y su repercusión en la economía y el mercado.
En lugar de incentivar el pago de impuestos a través de mejorar los mercados, fortalecer la capacidad adquisitiva de bienes por parte de los ciudadanos, la política del gobierno federal ataca el consumo, no solo aquel considerado suntuoso, sino inclusive el elemental, el básico para la supervivencia, como son los alimentos.
¿Cómo generar una perspectiva de mejoramiento de las finanzas públicas y en general de la economía, si los ciudadanos se ven enfrentados, cotidianamente, a una mayor carga contributiva y a un deterioro real y creciente del poder adquisitivo?
La función de los gobiernos, cualesquiera que sea su extracción política o partidista, es el bienestar de los ciudadanos, en un equilibrio con el interés colectivo y la conservación de orden, seguridad, estabilidad, que necesariamente genera el Estado, como organización necesaria, instrumental, no causa final del sacrificio de la comunidad, principio que -a todas luces se confirma- no se cumple.
Y eso que el 2010 apenas inicia.
