La comunicación aérea es elemental en cualquier nación, sobre todo en aquellas que cuentan con una situación geográfica accidentada y largas distancias de ciudad a ciudad.
En dichas condiciones, el transporte terrestre se vuelve inoperante por los altos costos de operación y el consecuente impacto en el precio final de los productos.
Por su naturaleza, los permisos de explotación de la transportación aérea recaen en los gobiernos, regularmente centrales, expidiendo las autorizaciones mediante el pago de un derecho, que debe ser tal que permita la operación de la navegación, esto es, moderado y no fatalmente oneroso.
Dicho derecho debe considerar que los diversos costos de la navegación ya son impactados por una serie de impuestos, donde destacan el IVA, que es trasladado al usuario, y el Impuesto sobre la Renta, que debe asumir en teoría el empresario, así como el impuesto agregado a la turbosina.
Por tanto, no debe existir voracidad en el gobierno al imponer el derecho por kilometro recorrido de las aeronaves, considerando que debe alentar la navegación como un instrumento de ingresos de la misma autoridad y una finalidad útil para la colectividad.
Asimismo, las empresas aeroportuarias deben considerar en sus tarifas un margen de ganancia moderado y no exorbitante: que les permita pagar con holgura los impuestos y obligaciones de distinta naturaleza, como seguros y prestaciones laborales, entre otras, pero sin ahogar al usuario.
No es el caso de México: las empresas aeroportuarias se han quejado de los altos impuestos y la tarifa elevada de derechos, como un elemento que para nada incentiva el crecimiento de la industria; pero las empresas tampoco quedan atrás en las quejas: pese a la incorporación de empresas de bajo costo, las tarifas continúan siendo elevadísimas, sobre todo, cuando son sujetas a la ausencia de real competencia en algunas rutas aéreas, donde se impone la cuota que sea, al existir un cliente cautivo que está dispuesto a desembolsar ante la ausencia de alternativas.
Por supuesto que la demanda de los funcionarios de turismo de las entidades federativas debe ser atendida, en el sentido de que se revisen tarifas, pero no solo del sector privado, sino también de los cobros que realiza el gobierno.
Los estudios actuariales deben indicar cuáles son los márgenes de las tarifas y en aquellos casos en que se compruebe una ganancia verdaderamente ilícita, regularse por el sector gobierno: no es posible que el monopolio de rutas permita cobrar cuotas exorbitantes.
Debe tenerse cuidado de desalentar la inversión privada: no estamos hablando de acabar con la regulación de libre mercado de tarifas, sin embargo, debe entenderse que por tratarse de un permiso para uso de un bien público, como es el espacio aéreo, el servicio debe quedar regulado, con márgenes de ganancia aceptables y no leoninas, como ocurre actualmente.
