Se ha sostenido que el tema de libre expresión de las ideas constituye eje toral de un sistema democrático, y que por lo tanto, cualquier intento por acotarlo representa una regresión a un estado autocrático y represor.
Es cierto que en su ejercicio, la libre expresión de las ideas ha provocado excesos, las figuras públicas se han sentido lastimadas cuando se tocan ciertos aspectos de la vida personal que rebasan, en ocasiones, los límites del interés público y se constituyen en morboso pasatiempo del periodismo amarillista.
Aún así es preferible soportar los excesos, en espera del funcionamiento lento pero efectivo de la autoregulación por parte de quienes ejercen la libre expresión de las ideas e incluso del mismo público lector, radioescucha o televidente, que tarde que temprano sanciona, vox populi, vox dei, los arrebatos de la comunicación.
Esto es así, toda vez que, guardando el respeto a la privacidad, el respeto a la moral y al orden público –entendido como la preservación de valores comunitarios, como la solidaridad, el respeto, el cuidado, etc.- cualquier persona pueda expresarse, construyendo ciudadanía, participando en los actos de decisión de interés común.
Las elecciones constituyen un acto de interés común, probablemente uno de los más importantes, porque son el instrumento por medio del cual el pueblo designa a los representantes que ejercerán, en diversa medida, los actos de soberanía, dentro de ellos, el gobierno o sea la administración pública.
Por ese motivo las expresiones en torno a elecciones, candidatos, campañas, propuestas, plataformas, gobierno, deben alentarse y no suprimirse, aún con los excesos que pudiesen presentarse.
Las reformas en materia de medios de comunicación amenazan con suprimir esta capacidad de discusión a través de la regulación del derecho de réplica, en una segunda intentona, ahora desde el Instituto Federal Electoral.
Hace un par de años se discutió una propuesta legislativa impulsada desde el PAN, para dotar a la Secretaría de Gobernación de facultades para perseguir y sancionar faltas cometidas bajo el argumento de la protección al derecho constitucional de réplica consagrado en el artículo sexto.
Era a todas luces una propuesta que en lugar de garantizar la discusión de los asuntos públicos sujetaría a los medios de comunicación al arbitrio del operador político presidencial, dotado de la posibilidad de aplicar sanciones.
La nueva intentona ahora parte indebidamente del interior del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se pretende, desde un reglamento, decirle a los medios de que manera deben llevar a cabo el proceso de replica e incluso se habla de sanciones.
La propuesta es inadecuada, primero porque el IFE es un órgano que debe propiciar, por su naturaleza, una mayor participación y discusión de los asuntos públicos, específicamente en las elecciones; y segundo, porque la misma constitución habla de que sería, en su caso, una ley, la que deberá reglamentar el derecho de réplica.
Es obvio que el mismo constituyente cometió un exceso al pretender regular la réplica, sin embargo, genera un piso mínimo para ello, esto es, que deba transitar por el Congreso de la Unión, posibilitando un debate más amplio y plural, que una simple determinación de tipo administrativa como actualmente se pretende.
