El derecho de réplica ha recorrido un largo camino sin que a la fecha sea una posibilidad jurídica real, estancado en el Senado de la República, con severos cuestionamientos acerca de su constitucionalidad y operatividad.
Se trata de un asunto que desde la primer propuesta fue cuestionado porque busca reglamentar y crear un procedimiento que desde siempre -con sus errores y abusos si se quiere- ha existido desde los mismos medios de comunicación, que responsables de su labor plural y objetiva, abren los micrófonos o sus paginas a la opinión de quienes no están de acuerdo con alguna información o se sienten atacados por alguna de ellas.
Es decir, desde una visión de la auto-regulación, y no desde un punto de vista coercitivo implementado, primero administrativamente ante los mismos medios de comunicación, y después, en caso de resistencia, judicialmente ante los juzgados de distrito, como se pretende con la ley reglamentaria del artículo sexto, autorizada en la Cámara de Diputados el año pasado.
Las razones de una auto-regulación por encima de un acto de coerción, son diversas. Una de ellas, creo la principal, es la prevalencia de la libre expresión de las ideas, por su relevancia jurídica superior a una lesión en la esfera jurídica de alguna persona que detenta cargos de relevancia en el sector publico, privado o social, o cualquier otro, atendiendo al necesario e indispensable derecho a la información y la generación de equilibrios desde los mismos medios de comunicación.
Los medios de comunicación contribuyen a la generación de opinión pública critica que cuestiona el proceder de los actores sociales, politicos, económicos, culturales, etcétera, con lo cual se fortaleza el intercambio de opiniones y un estado democrático de organización.
Por lo mismo, resulta preferible que exista un exceso de medios de comunicación en el ejercicio periodístico, que un intento de coeccionar a los mismos para que se sometan a un derecho de réplica, que en la practica se realiza cotidianamente.
La ley reglamentaria del derecho constitucional de réplica fue construida bajo la visión coercitiva hacia los medios de comunicación. La amenaza al medio es la aplicación de multas que pueden llegar hasta los diez mil salarios mínimos, más la aplicación de sanciones consideradas, en el caso de los medios electrónicos concesionados, en la ley federal de telecomunicaciones, aún en ciernes.
Es precisamente este proyecto de ley la que considera, dentro del apartado de derecho de las audiencias, el ejercicio del derecho de réplica, acusado de violar la constitución por no tomar en cuenta las normas constitucionales en materia de telecomunicaciones.
La ley federal de telecomunicaciones se encuentra aún atorada en el proceso legislativo. Por lo mismo tampoco ha podido avanzar la ley que regula el derecho de réplica.
En cuanto a los señalamientos operativos a esta última, son diversos. La ley pretende ir contra los ciudadanos que hacen uso de las redes sociales y hacen publicaciones. No queda duda de esto cuando se lee en el dictamen enviado al senado que debe entenderse por medio de comunicación cualquier persona que transmita mensajes por cualquier medio de transmisión o soporte.
Se abre entonces un amplísimo espectro de aplicación de la ley, que creo, desnaturaliza su pretensión de tratar de garantizar el derecho de replica en los medios de comunicación masiva e incluso podría, al judicializar el procedimiento, colapsar al mismo poder judicial, ya de por sí saturado de procedimientos mil.
Otro aspecto de inoperatividad son los requisitos que obligan al promovente al acudir ante un juez de distrito: primero que la información lesione sus derechos. Si no se acredita la lesión no procede. Que esa información sea inexacta o falsa, lo cual, claro esta, debe comprobarse. Que la información haya sido transmitida y para ello debe mostrarse la grabación original o el documento que lo demuestre.
Como se observa, el procedimiento es tortuoso e inoperante. Es mucho mejor que los medios de comunicación sigan haciendo su esfuerzo ético de auto-regulación, que introducir un mecanismo que solo busca proteger intereses politicos y económicos de una clase política que busca protegerse de la labor periodística y construir una nueva espada de Damocles que penda sobre los mass media, en una clara amenaza a estos.
