Columna de análisis crítico

sábado, 7 de diciembre de 2013

Culmen de exceso

El rechazo a cualquier regulación en materia de libertad de expresión, que sirva para atarla, es necesario e indispensable en una democracia. La libre expresión de las ideas soporta el balance de poder, particularmente el público, ante los excesos del mismo. En este sentido, la minuta que autoriza reglamentar el artículo sexto constitucional, autorizada de madrugada este viernes pasado por la Cámara de Diputados, que utiliza el argumento falso de garantizar el derecho de réplica, constituye un serio atentado a la libre manifestación del pensamiento a través de la difusión de la palabra en imágenes, escritos y habla, impone una carga indebida en los medios de comunicación al tener que fundar y motivar su negativa a las peticiones concretas que con este motivo se presenten y les amenaza con multas excesivas. No es la primer vez que los señores legisladores federales han intentado colocar una mordaza a los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y líderes de opinión: Desde hace dos legislaturas el Partido Acción Nacional presentó proyecto de reglamento al derecho de réplica, que fue rechazado de manera unánime por considerar que traería mas perjuicios que beneficios al restringir la libre circulación del pensamiento. La idea base en materia de libre expresión es que la regulación en esta, cualquiera que sea, es una restricción a la misma. La palabra, y la difusión del pensamiento, debe ser libre, acotada exclusivamente por el derecho constitucional que tenemos todos de expresarnos bajo condiciones de respeto al derecho de terceros; respeto que por razones históricas, avaladas por la misma Corte, sufre una minusvalia cuando se trata de personajes dedicados a la función pública o que desarrollan tareas de mayor calado social, político, económico, deportivo, que por tal motivo, están sujetos a la critica, tarea necesaria para generar balances de poder público y factico. No es lo mismo, pues, criticar acremente, incluso con exceso, al monarca moderno -Presidente, Primer Ministro- o a su corte -Secretarios de Estado- o al parlamento -Senadores y Diputados- así como a los virreyes -Gobernadores-. Estos personajes realizan tareas vinculadas estrechamente con el interés público, y por tal motivo, son sujetos al escrutinio abierto y directo de líderes de opinión, comunicadores, incluso, del ciudadano común. Un análisis del contenido de los medios de comunicación permitirá encontrar que las críticas van dirigidas precisamente a ese grupo gobernante en el sector público y privado. El periodista, comunicador o líder de opinión, difícilmente se ocupa del ciudadano común, y si lo hace, el abordaje parte de un sentido de solidaridad y auxilio, y no de ataque. Por tanto, los señores diputados, al aprobar la minuta -que esperemos sea rechazada en el Senado- buscan un instrumento que les permita, a costa de los medios de comunicación, tener espacio para responder a las criticas, que en el desempeño de su función, se realizan. No buscan los legisladores proteger el interés social, buscan reducir una de las fortalezas de la sociedad, como es el periodismo. ¿Debe el comunicador, periodista o líder de opinión ofender el honor de los servidores públicos, difundir mentiras o calumniar personajes? Creo que no. El camino es la capacitación y el fortalecimiento académico del periodista, para avanzar en caminos de mayor profundidad en el análisis de la función pública, privada, económica, social, política, educativa, académica, en salud, etc., para evitar el periodismo fácil de la diatriba y la calumnia. El camino es la auto-regulación ética, como lo defendió el diputado Ricardo Mejía Berdeja. La auto-regulación permite -y de hecho genera de manera continua, diaria, cotidiana- la replica, en una discusión permanente que enriquece al lector, radio-escucha o televidente. Ordenar al medio de comunicación que reciba las solicitudes de replica, que responda en un plazo perentorio, que funde y motive, que notifique formalmente al solicitante de la resolución, que atienda las determinaciones de los Jueces que en su caso intervengan, y que si no lo hace, si no cumple una fase del procedimiento, deberá enfrentar sanciones de hasta 10 mil salarios mínimos, me parece que es el culmen del exceso: se le pide al periodista que se auto-censure, en una moderna censura previa prohibida por los ordenamientos internacionales de los cuales México es parte. Esperemos que el Senado haga su parte en este drama legislativo y evite la aprobación de tan execrable ley. EN EL TABLERO...Los cambios orquestados por Alejandro Domínguez en el Comité Directivo Estatal del PRI le permitirán preparar el próximo proceso electoral con personal de su entera confianza en todas las carteras...Destaca Normando Perales como Secretario Técnico del Consejo Político Estatal...El lunes se reúnen diputados y Hacienda con líderes del sector privado y personajes empresariales para airear el aumento al impuesto sobre nomina, que despertó muchísimas voces en contra por la carga tributaria que generara en las empresas chihuahuenses...Eduardo Ramírez e Ignacio Manjarrez, Canaco y Coparmex, llevan la voz cantante...