El Presidente Felipe Calderón realizó declaraciones justificando la imposición del dos por ciento en medicinas y alimentos, así como en servicios como electricidad y gasolinas, en el sentido de que beneficiarían a la población mas pobre.
Dice textualmente el señor presidente que “"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros, porque cada kilovatio-hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar".
Hay dos vertientes, primero en las declaraciones del mandatario nacional y posteriormente, por lo que toca con la propuesta fiscal que pretende imponer nuevas tributaciones para apoyar directamente a las clases mas desprotegidas.
Son desafortunados los comentarios presidenciales en función de que las clases más pobres son también quienes tienen un alto consumo de electricidad, por dos motivos, las instalaciones defectuosas y la falta de capacidad económica para adquirir electrodomésticos modernos.
Las clases pobres carecen de la posibilidad de invertir en instalaciones eléctricas y comprar fotos de bajo consumo de energía; al contrario, por lo regular los focos los compran en la tiendita de la esquina y la instalación eléctrica es de autoconstrucción, con materiales de baja calidad.
Los electrodomésticos son adquiridos usados o bien, son antiguos, muy alejados de la tecnología que reduce el consumo de energía. ¿Cómo reducir entonces los kilowatts en esas condiciones?
Se ve que el señor presidente desconoce la situación de las clases mas desprotegidas.
Con relación al paquete fiscal, el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, sin duda tiene el objetivo plausible de ayudar a las clases pobres.
Esos recursos se destinarían para apoyar directamente a las familias desprotegidas, pero la pregunta es ¿Cómo esperar que el regreso de impuestos en inversión y apoyo directo llegue específicamente a las personas en situación de pobreza extrema, cuando los programas sociales caen por lo general en el clientelismo electoral y la corrupción?
¿Cual va a ser la autoridad responsable de elaborar un padrón confiable de las personas en esta condición?, pero además, ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacer llegar el dinero? ¿Será acaso una tarjeta bancaria? ¿En efectivo? ¿O en cheque?
Es difícil para el señor presidente defender esta propuesta. Lo mejor sería retirarla antes de que sea desechada en la cámara de diputados, salvo que eso sea lo que al final se quiera, victimizar a la administración federal, argumentando la cerrazón de los partidos frente a las propuestas fiscales del gobierno panista.
