Apetito por el poder

Los gobiernos, en términos generales, utilizan la propaganda como medio para prevalecer en el ejercicio del poder, pese a que las leyes les prohiben el uso de recursos públicos con ese fin.
La Constitución y las leyes, particularmente la electoral, impiden el uso de recursos públicos para difundir logros o personajes con fines de posicionamiento político, pero los gobiernos violentan la norma de manera directa o indirecta, en ocasiones de manera burda, en otras, la mayoría, encubierta, subrepticia.
El artículo 134 Constitucional Federal establece: "La  propaganda,  bajo  cualquier  modalidad  de  comunicación  social,  que  difundan  como  tales,  los poderes  públicos,  los  órganos  autónomos,  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  y cualquier  otro  ente  de  los  tres  órdenes  de  gobierno,  deberá  tener  carácter  institucional  y  fines informativos,  educativos  o  de  orientación  social.  En  ningún  caso  esta  propaganda  incluirá  nombres, imágenes, voces  o  símbolos  que  impliquen promoción  personalizada  de cualquier  servidor público".
Es cierto que puede prestarse a interpretación la aplicación puntual de términos como institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. Sin embargo, todos entendemos algo muy parecido en relación con ellos, por ejemplo, que no se utilicen para campañas de imagen política que buscan adelantar rostros y nombres que luego aparezcan en boletas electorales, o bien, que no se utilicen para atacar al contrario político.
Lo informativo institucional tiene que ver con procedimientos y trámites de servicios y productos proporcionados por el Estado. Los medios de comunicación estatales deben sustituir sus cabezales "noticiosos" por cabezales informativos: en lugar, por ejemplo, de hablar de endeudamiento de otras administraciones, deben hablar del pago de la revalidación vehicular y su procedimiento para evitar molestias en el contribuyente: debe ser información útil y no información que busca formar opinión con un sesgo político.
La información educativa, y cultural, debe agregarse, trata de aquella que educa y forma al mexicano, que le comparte su historia, que es soporte del sistema educativo, que amplia el conocimiento científico de la realidad. Que los maestros pueden apoyarse en ella para lograr de mejor manera los objetivos de enseñanza-aprendizaje.
La orientación social es riquísima y tiene un profundo sentido de igualdad y equidad. Busca encaminar a los grupos más desprotegidos a estándares mejores de condición social. Busca afianzar la relación de los grupos sociales. Trata de hacer del hombre y de la mujer elementos conscientes de su realidad social y de la imperiosa necesidad de la cooperación, la subsidariedad, la solidaridad, principios sociales humanos tan necesarios para mejorar las condiciones de los más desprotegidos. Una comunicación con orientación social busca la revolución comunitaria orientando en materia de salud, donde todos los miembros de la comunidad se apoyan y resuelven en materia de salubridad, ante la natural incapacidad del Estado de proveer atención en todos los rincones del vasto territorio nacional.
Sin embargo, en lugar de ello, los gobiernos buscan afianzarse en el poder. Y para ello utilizan la comunicación social. Por medio de campañas de mercadotecnia posicionan un color y un logotipo, con un lema. A partir de ahí construyen un discurso político para legitimarse y deslegitimar al adversario.
Cambian de color los edificios y emiten nuevas placas para auto.
En el discurso, el político tiene la razón mientras está en el poder y deja de tenerla con la llegada del nuevo gobernante.
La democracia, y ahora aún mas con la reelección, otorga los incentivos para que el grupo político busque permanecer por el poder a toda costa, bajo una visión patrimonialista del erario público, olvidando que el Estado es un medio y no un fin.
Se olvida que el fin del Estado es atender las necesidades de sus habitantes, haciéndoles menos pesada la carga de sobrevivir y no constituyéndose, como lamentablemente ocurre, en una nueva carga.
A ello debe contribuir la comunicación social: a prestar servicios y resolver problemas del ciudadano y no a la preservación egoísta del poder.
El problema es que se trata de un mal endémico de la democracia: la autoridad no asume como tal su papel y continúa en campaña electoral dos, tres, cinco o seis años más, lo que dure el período gubernamental.
Al fin y al cabo, la clase política toda en su conjunto parece estar mimetizada en dicho apetito por conservar a toda costa el ejercicio del poder.
Ahora bien, en esa lógica, ¿deben los gobiernos permanecer impávidos frente al ataque político? Me parece que es legítimo asumir una defensa política. Pero ésta debe tener otros escenarios, como el ejercicio de la libre expresión por medio del auténtico periodismo, y no la publicidad oficial o el periodismo simulado por medios de comunicación auspiciados total o parcialmente por el Estado, que al final es publicidad convertida en propaganda.
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