Hasta el momento, ocho años después de su
aprobación, la administración pública federal ni el H. Congreso de la Unión , han tenido la
voluntad política de legislar reglamentariamente en materia de publicidad
gubernamental. Es decir, las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, evadieron y han evadido, respectivamente, el imperativo jurídico y ético
que impone la necesidad de regular la propaganda que emite el sector público,
pese haber tenido y tener la obligación legal y política de impulsar la emisión
de la ley especial.
En el caso de Felipe Calderón, fue su
administración la artífice, con la aprobación del Poder Legislativo, de las
adecuaciones al artículo 134 constitucional, que agregaron a la norma
fundamental los últimos dos párrafos, uno Octavo, que condiciona y señala
limites a la propaganda gubernamental, y uno noveno –y último- que se refiere a
la obligación de emitir las normas reglamentarias.
La adición respectiva queda de la siguiente
forma en el artículo 134 vigente: párrafo Octavo: “La propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público”.
El párrafo Noveno establece: “Las leyes, en
sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de
lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones
a que haya lugar”.
Al respecto, el tercer artículo transitorio
del decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 13
de noviembre del 2007, señala: “Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión deberá realizar las
adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de
treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este
Decreto”.
Existen en el seno del Congreso de la Unión iniciativas con
respecto a las normas reglamentarias de las cuales nos hace referencia el
noveno párrafo del artículo 134. Sin embargo están detenidas. No han sido
dictaminadas por comisiones y por tanto, no han llegado al pleno.
En cuanto a la mencionada ley especial
reglamentaria en materia de propaganda gubernamental, de acuerdo a un estudio
elaborado por la Relatoría
de la Comisión Interamericana
Además, la pauta debe ser planificada, es
decir, el órgano de gobierno responsable debe atender a criterios de planificación
y no decidir con base en aspectos coyunturales; debe estar, la pauta,
totalmente abierta y transparente en su consulta, exceptuándola de la reserva
o restricción; estar sujeta a la evaluación y seguimiento por parte de un
órgano externo; debe promover la pluralidad y la diversidad de información y
públicos.
Estos lineamientos representan una
oportunidad de dotar a la propaganda gubernamental no solo de eficiencia en su
ejecución, con miras a atender el fin último que es la atención social de las
necesidades de la colectividad desde los servicios públicos, sino además,
propiciar y coadyuvar con la sobrevivencia y creación de medios de comunicación
útiles socialmente como mediadores entre el poder público y el ciudadano y su
colectividad, basados en un acuerdo que propicie el cumplimiento adecuado de
los objetivos del poder público y del poder fáctico mediático.
Que por un lado, con una visión de Estado,
la comunicación social única y estrictamente emita propaganda gubernamental
útil socialmente, alejada de personalismos e intereses electorales o de
perpetuación del poder, y por el otro, los mass media cumplan su función de
contrapeso entre la discrecionalidad del poder público frente a la
colectividad, financiados por el mismo sector público y no solo por el sector
privado: que la inversión pública amplié y consolide la libertad de expresión,
como elemento indispensable de un régimen democrático.
El retraso en la emisión de la norma
reglamentaria del artículo 134 constitucional obstaculiza el arribo a este
estadio.
