Las entrevistas de Don Mario Vázquez Raña a interlocutores de talla nacional e internacional son siempre interesantes. De hecho, la última vez que lo vi en sus oficinas en la ciudad de México, me hizo el favor de obsequiarme una edición especial de ellas. Se trata de varios compendios con decenas de charlas que retratan la situación de México y el mundo desde distintas ópticas, pero que en conjunto permiten formarse un criterio puntual tanto del acontecer actual como de sucesos históricos.
Pero además, las entrevistas permiten acentuar y enderezar la crítica. Generan material interesante. Precisamente, hace unos días se transcribe una conversación con el secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien afirma que la presencia de la policía federal y el ejército fue a petición del gobierno de Chihuahua, y que, siendo así, en el momento en que hubiera una solicitud en contrario, las fuerzas federales podían dejar de ayudar en las tareas que actualmente realizan.
La declaración periodística es asombrosa, no solo por el desparpajo con el cual se afirma, superficialmente, que la autoridad federal puede retirarse o acudir a atender delitos, que son de suyo federales, dependiendo de la solicitud de las entidades federativas –como si fuera discrecional y no una responsabilidad legal y constitucional-, sino porque deja entrever que la estancia de los cuerpos policiacos y militares obedece a restablecer la seguridad pública por delitos del orden común y no federal, cuando los primeros –en esta situación inédita- son consecuencia directa e inmediata de los segundos: son derivados del crimen organizado y no al revés.
Pareciera que delincuentes comunes tienen asolada a ciudad Juárez, y por ese motivo, han tenido que actuar miles de elementos policiacos federales e integrantes del ejército, asumiendo las labores de seguridad pública.
Los delitos como homicidio, secuestro, robo a mano armada y extorsión son cometidos en el marco de una diversificación del crimen organizado, paralelo a actividades de tráfico de drogas. Se ha documentado que como resultado del combate a la transportación y venta de drogas, los grupos armados de la delincuencia organizada han tenido que buscar vías alternas para acceder a recursos económicos.
Esa diversificación ha provocado una psicosis en la población, por la presencia de distintos grupos que se disputan la plaza, y que cometen delitos todos los días, -teniendo como víctimas por lo general inocentes- no solo en Juárez o Chihuahua, sino en el país entero, ante la incapacidad de la autoridad federal, única responsable desde el marco jurídico de combatir el fenómeno denominado crimen organizado.
¿Cómo pensar en que un homicidio doble es un asunto del fuero común cuando se utilizan armas largas de uso exclusivo del ejército?
La cuestión es que la autoridad federal prefiere cómodamente dejar la investigación, el arresto y el juicio en la autoridad local, hasta que en el expediente resulta que ¡oh!, hay conexidad con un delito federal y debe ser atraído, en el mejor de los casos, pero en el peor, se deja la carga de una indagatoria que sin la fuerza federal es probable que jamás encuentre un responsable.
Entonces, ¿es lógico que el secretario de seguridad diga que el problema es estatal y no federal? ¿Es aceptable que diga que en cualquier momento se retiran si la autoridad estatal así lo dispone? Por supuesto que no, no lo es. Hay un grave problema de seguridad competencia de la federación, y al ser así, es obligación y no facultad discrecional intervenir.
En ese sentido, el gobierno federal no le hace un favor a las entidades federativas al atender lo que es su obligación, por más que ese sea el discurso cotidiano.
