El combate a la inseguridad es una de las principales prioridades del gobierno para el dos mil once. En eso estamos de acuerdo con el presidente Felipe Calderón.
El año que acaba de concluir cerró con la cifra más alta de ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, donde muchas de esas personas fueron víctimas inocentes, cuyas familias aún se preguntan ¿por qué?
La Presidencia de la República seguramente tendrá como respuesta que son muertes inevitables en una guerra necesaria por limpiar el país de las drogas y la extorsión, los principales delitos cometidos por grupos violentos en todas –sin excepción- las entidades del país.
No se discute que en una guerra haya víctimas inocentes. Desafortunadamente la realidad se impone. La cuestión es que la estrategia continúa equivocada.
A fines de semana se publicó una entrevista del gobernador de Jalisco, Emilio González, donde se trasluce de su explicación en materia de seguridad que las policías estatales se harán cargo de la persecución de los integrantes del crimen organizado en aquellos lugares donde los ayuntamientos carezcan de la fuerza suficiente para hacerlo.
¿Desde cuándo y en qué momento es competencia de las autoridades estatales combatir un delito que de origen, constitucional y legal es federal?
Se comprende que de la ineficacia federal para hacerlo, y de la presión que desde el centro se ejerce para que las entidades federativas asuman una responsabilidad que no les corresponde, para lo cual además carecen de los elementos financieros para hacerlo.
Es obvio que la tendencia federalizante que la autoridad central desarrolla desde hace varios años debe alcanzar también el aspecto fiscal.
Sí son las autoridades estatales las responsables de combatir el principal problema que enfrenta el país, deben también tener la posibilidad de allegarse de los recursos suficientes para ello: la solución no es enviar más facultades, sino acompañarlas de recursos económicos para desarrollarlas eficazmente.
Una auténtica federalización fiscal implicaría que las entidades federativas cobren los impuestos y los distribuyan a su vez a la federación, en un porcentaje que le permita sobrevivir solo administrativamente, ya que se ha adelgazado a grado tal que la educación, la salud y ahora la seguridad pública completa ha sido trasladada a las administraciones estatales, con la ministración económica mínima.
¿Por qué no hacer lo mismo con el aspecto fiscal?
Encuentro muchas razones por las cuales debe ser el gobierno federal quien asuma la titularidad fiscal, pero también las encuentro, y de sobra, para que auténticamente ejerza su responsabilidad en materia de seguridad pública en las materias que le competen, en lugar de trasladar culpas a los Estados y Municipios, involucrándolos en una estrategia inadecuada.
