Es necesario aprovechar las modificaciones recientes a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, superando sus limitaciones, con el fin de relanzar a la radio indígena, no solo por lo que hace al número de éstas, sino en potenciar su calidad y contenido, para cumplir de mejor manera su objetivo como medio de comunicación y reforzador cultural.
De acuerdo a un amplio estudio elaborado por la Investigadora Inés Cornejo -http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/25963/24442- en México al 2005 existían 12 millones de indígenas distribuidos en 62 grupos étnicos en todo el país, destacando la zona centro y sur del país en términos demográficos. En chihuahua aún subsisten personas pertenecientes a las etnias Raramuris, Pima, Tepehuan y Guarojio, aunque estas últimas mucho más reducidas que la primera.
Estos pueblos -siguiendo a la investigadora citada- tienen como único medio de comunicación masiva la radio indígena, que desafortunadamente se ha desarrollado sin una adecuada participación de las comunidades en el diseño y gestión de contenidos, ya que son dirigidas por mestizos y los indígenas incorporados asumen funciones de tipo operativo exclusivamente, con algunas excepciones muy contadas.
Esta situación es particularmente delicada si tomamos en cuenta que los pueblos indígenas son los pobres de los pobres en nuestro país: altos indices de natalidad, carencia de servicios, piso de tierra en sus viviendas, hacinamiento, analfabetismo, conflictos por la tierra, alto índice migratorio, que en conjunto provocan una esperanza de vida siete años menor que el promedio nacional.
En este sentido, la radio indígena cumple con un cometido crucial: servir como elemento de comunicación, enlace entre los habitantes de las distantes comunidades y revitalizador cultural; es también, el único vehículo para llevar de manera expedita y continúa consejos y prácticas en materia de salud, y educación.
Como se observa, lejos del mero discurso, al papel de la radio indigenista es de gran relevancia. Por ese motivo, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, debe ser aplicada a la letra, sin cortapisas: detonar el crecimiento exponencial de la radio indígena, mediante los apoyos financieros que ahí se estipulan, que si bien son escasos, permitirán la instalación de estaciones donde se hace más necesario, mediante el impulso de la organización comunitaria.
El papel del gobierno debe ir más allá de la tarea de esperar los proyectos para la instalación de la radio indígena: debe organizar e impulsar su realización, mediante los mismos instrumentos públicos con que ya cuenta, como es el caso de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las organizaciones estatales, como en Chihuahua, la Coordinadora de la Tarahumara.
Deberán sortearse algunos obstáculos. La nueva ley posibilita el otorgamiento de concesiones tanto en la frecuencia de amplitud modulada como de frecuencia modulada. Ambas tendrán que ser utilizadas de acuerdo a la mayor eficiencia tomando en cuenta la región geográfica especifica, ya que cada ámbito es diferente.
El problema en la norma es que mientras en la Frecuencia Modulada se ordena reservar el diez por ciento del espacio existente entre los 88 y los 108 mega hertz, en la amplitud modulada solo se establece la facultad discrecional de otorgar concesiones entre los 1605 y los 1705 kilo hertz, situación incongruente que deberá ser subsanada en la práctica con la voluntad de generar los espacios de radio transmisión más acordes de conformidad con la geografía en que habitan las comunidades indígenas.
La instalación de mayor número de estaciones -en Chihuahua sólo existe una, XETAR, en Guachochi- no resuelve por si misma el problema de la gestión de contenidos, que deberá ser atendido con una visión de inclusión de los mismos indígenas en posiciones de decisión, dando una mayor participación a la misma comunidad por medio de sus autoridades tradicionales, donde el gobierno solo sea un facilitador, propiciador de una radio auténticamente indígena.
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