La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
