Una de las aportaciones de la cruenta lucha revolucionaria al México moderno es sin duda la institucionalidad y la normalidad en el relevo del poder.
Tuvo que someterse el país a una lucha fraticida para encontrar un nuevo camino para el ejercicio de la política, donde se cumplieran los plazos y se evitaran las asonadas y golpes de timón, bajo la ley del más fuerte, al margen de la ley.
Por ese motivo, resulta preocupante que dos de los principales partidos políticos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el primero gobernante desde la Presidencia de la República, y el segundo, de la entidad federativa capital del país, no hayan sido capaces de superar una feroz crisis interna, que amenaza con debilitar aún más su fuerza electoral.
Ambos partidos constituyen las principales fuerzas opositoras del Partido Revolucionario Institucional, gobernante durante setenta años y principal fiel de la balanza, actualmente en el poder de decenas de estados y cientos de municipios, recién electo primer minoría en la cámara de diputados.
PAN y PRD disputan intestinamente ante una clara y evidente ausencia de institucionalidad:
En el PAN, perdidas las elecciones federales, se pide y obtiene la cabeza de German Martínez, el líder nacional, pero cuando se trata de renovar su puesto, se acusa al presidente Calderón de pretender la imposición de César Nava y se genera una insurrección interna que boicotea el proceso a nivel nacional.
En el PRD, el líder moral e histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, propone como solución a la crisis, la expulsión de Andrés Manuel López Obrador y la renuncia del líder nacional Jesús Ortega, en un intento de refundar el partido al margen de las tribus, logrando solo profundizar el grave problema interno.
Germán Martínez, como Jesús Ortega, fueron electos por los militantes de sus partidos por un determinado período. Con fracasos y triunfos, la normalidad exige que se cumpla con dichos lapsos, en un clima de madurez y responsabilidad, de análisis serio de las derrotas, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, por encima de coyunturas o caprichos personales, en una institucionalidad que recupera credibilidad en un sistema político en crisis.
