Levanta dedos

El gobernante se encuentra obligado a generar los espacios políticos necesarios que permitan dar cauce a las presiones de los grupos políticos formales e informales. Se trata de una obligación natural de encontrar puntos de negociación y consenso, cuando los cauces institucionales resultan demasiado rígidos y por tal motivo, restringen la posibilidad de acuerdos. Es esta la base fundamental del denominado Pacto por México: una opción innovadora para motivar a los grandes actores políticos institucionales a marcar la agenda y consensos en materia legislativa: una especie de pacto de Moncloa que permite dar cauce institucional a los puntos de vista confrontados de tres visiones de país, tras un choque electoral continuado desde 1988 en el ámbito nacional y local, en chihuahua, desde 1983, con el surgimiento de una real competencia electoral. Establecer una ruta de país, mediante un gran consenso, fuera de los apasionamientos políticos de la tribuna, estridentismo político caótico, producto de la natural lucha por el poder y aderezada con intereses personales y de grupo, en busca de los puntos de acuerdo, debe ser considerada plausible y no criticable. De esta forma surgió la reforma laboral, la ley de amparo, la norma en materia de competencia económica, entre otras modificaciones legales de gran importancia para la vida nacional. Se encuentran en el tintero la reforma en materia de telecomunicaciones y la energética, por ejemplificar la agenda pendiente. Nunca antes una legislatura había sido tan pródiga en modificaciones de gran calado. Es cierto que las modificaciones legislativas, sobre todo las constitucionales, deben ser sometidas a un procedimiento especial para evitar legislar al vapor. El procedimiento vigente mismo obliga a votaciones calificadas y posteriormente a la ratificación de las legislaturas estatales. Se ha pensado en agregar un elemento adicional como candado para que este tipo de modificaciones sean autorizadas por dos legislaturas distintas o incluso que sean previamente revisadas por la Suprema Corte como Tribunal Constitucional en una especie de control previo de la constitucionalidad. Sin embargo aún es proyecto, las modificaciones que se han efectuado en este periodo han cumplido con el procedimiento vigente desde el punto de vista material y formal. El Pacto por México solo es un catalizador político de las propuestas: el Congreso de la Unión ha tenido que revisar las iniciativas, dándoles el cause específico procedente de acuerdo a su naturaleza. El órgano regulador del Pacto no sustituye a ninguna de las cámaras ni asume funciones de estas. Los señalamientos de Ernesto Cordero descalificando al Pacto tienen que ver más con los problemas internos de su partido que el funcionamiento eficaz que hasta el momento ha demostrado este nuevo cauce institucional de negociación política del Presidente de la República con los actores políticos formales. Los legisladores están obligados a revisar a conciencia las iniciativas de ley, sean o no fruto del Pacto. Tienen la obligación de hacer cumplir el procedimiento de discusión y aprobación. Si bien no están obligados a ser expertos en las materias técnicas discutidas, por su origen ciudadano, deben ir al fondo con ayuda del cuerpo asesor. Limitarse a ser levanta dedos es una tragedia. http://robertopinon.blogspot.mx/