Auditoria ciudadana

La participación ciudadana como control y auditoria de un Estado democrático resulta en una necesidad indispensable. No puede pensarse en un orden de gobierno realmente democrático, si no existe ese canal de comunicación permanente, en dos vías, transparencia y rendición de cuentas. No es suficiente aperturar la información a través del mecanismo instituido de transparencia. Resulta indispensable que se rindan cuentas, es decir, se explique la conducta del servicio público, con el fin de conocer las motivaciones del mismo, su sustento técnico y jurídico. Elementos con los cuales, al final de cuentas, la opinión pública puede verificar la existencia de un soporte en las decisiones públicas y efectuar las acciones de verificación del mismo. En este sentido, un grupo de intelectuales integrantes de organizaciones de la sociedad civil plantearon, recién inaugurada la actual administración, la conformación de un órgano ciudadano que audite a la Policía Federal. La propuesta fue aceptada en principio, pero al final ha quedado en nada. Una auditoria a la Policía Federal se justifica en el análisis confidencial de datos estadísticos y en su caso, datos concretos, en sus versiones públicas, para evaluar la estrategia de combate al crimen en el país. Es cierto que una auditoria requiere método. El reto es conformar una participación ciudadana organizada que lo estructure con la experiencia internacional. La meta es reducir al mínimo las violaciones a derechos humanos por parte de la corporación policíaca federal y evaluar, en beneficio del mismo sistema nacional de seguridad pública, el desempeño. Estructurar una auditoria de esta naturaleza sería el antecedente necesario de la implementación de acciones similares en las entidades federativas. Una auditoria con base en indicadores precisos permitiría rescatar los consejos de seguridad pública con participación de la sociedad civil, considerados en las leyes federales y estatales de la materia. Estos consejos ya funcionan en la mayoría de las entidades. la Intención sería homologar el sistema de auditoria y evaluación. Estandarizar el método a nivel nacional, con el fin de poder conformar una sola base de datos ciudadana que analice el desempeño oficial en el combate al crimen. Se trata de evitar la simulación que aún existe en diversos sistemas y niveles de gobierno. Claro, hay resistencia. Los servidores públicos piensan que se trata de perseguirlos y estar encima de ellos, entorpeciendo su labor. Nada más alejado de la realidad. El mecanismo ciudadano de evaluación constituye un elemento indispensable para los mismos titulares de los poderes y gobiernos estatales y municipales, ante inconsistencias de los propios mecanismos institucionales en procuradurías, fiscalías, secretarias de seguridad pública u órganos de control estatales. Los gobernadores de las entidades federativas pueden contar con mecanismos ciudadanos de evaluación, acicate de servidores públicos de inferior rango que incumplen con normas que exigen respeto al debido proceso, entre otros derechos humanos constitucionales. La mayoría de las entidades federativas cuentan ya con un soporte jurídico constitucional o legal para establecer estos mecanismos. Lo importante es echarlos a andar, en una nueva área de oportunidad institucional, ante un resurgimiento de la violencia que amenaza con escalar, sin respetar entidad alguna: El Distrito Federal es sitio común de múltiples ejecuciones en lugares públicos, extorsiones, levantones y secuestros, no se diga Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua o Baja California. Ya existen consejos. No es suficiente. Son necesarios los datos duros y acceso a información que permita una real auditoria. Este es el reto de apertura del Estado mexicano, pero a la vez, es la oportunidad de avanzar a paso firme en las acciones de combate al crimen, las cuales no deben obviar la intervención ciudadana, pero sin ambages ni mascaradas. EN EL TABLERO...La Universidad Autónoma de Chihuahua destaca en la implementación de acciones en cultura de la legalidad, con la instalación de múltiples comités integrados por alumnos y maestros en las facultades...La Fiscalía General del Estado solicito orden de aprehensión contra Israel Zarate por el multihomicidio cometido en Villas de Salvarcar...El criterio es en el sentido de que la Corte no absolvió del crimen, sino solo acuso la existencia de violaciones al procedimiento, incluyendo tortura...Resulta complicado para la Fiscalía ejecutar la aprehensión, cuando el inculpado se encuentra fuera de la entidad soportado por organizaciones de protección a los derechos humanos...