El fin de semana realice un vuelo a través de la empresa aérea más antigua del país. No tuve ningún problema, todo salió conforme a itinerario.
Comprar el boleto fue una experiencia interesante porque la compañía de viajes se negaba a vender por esa línea, como una medida de precaución ante la crisis que aún hoy persiste por la quiebra declarada recientemente.
El anuncio de la intervención de un grupo de inversionistas mexicanos para adquirir el noventa y cinco por ciento de las acciones de Mexicana, Mexicana Click y Mexicana Link, dejando el resto en manos del sindicato de pilotos, debe ser aplaudido, sin embargo el asunto marca diversas aristas que no hay que perder de vista.
Primero, ¿hasta dónde el gobierno de la república debió intervenir materialmente a la empresa para garantizar a los usuarios del servicio la prestación del mismo sin contratiempos? Es difícil responder. Indudablemente la hubo en una fase preventiva, por lo que hace al cumplimiento de compromisos, pero la decisión de ser solo puntual observador y permitir a la empresa encontrar una solución envía un mensaje de confianza. Obvio es pensar que hubo una intervención tácita de las áreas responsables de regular el sector, aún y cuando poca información se tiene al respecto. Una posición distinta indudablemente habría sido una irresponsabilidad por parte de la administración pública federal. En el caso no hubo consecuencias graves que lamentar, salvo unas pocas suspensiones de vuelos, ¿y si no hubiera sido así? Para muestra solo hay que recordar el caso aerocalifornia.
Segundo, en el concurso mercantil hay intervención de la autoridad para revisar el cumplimiento de compromisos por parte de la empresa, revisando –se supone- la liquidación de la misma, para proteger el interés público de la sociedad, como es el caso de los derechos y garantías de los trabajadores. Ahora con la venta es claro que la intervención no debe cesar sino permanecer en esas dos vertientes, por un lado el concurso y por el otro la transmisión de derechos y obligaciones entre los empresarios.
Tercero, a nadie cabe duda de la necesidad de una adecuada intervención de la autoridad, no solo por la importancia de la empresa en número de empleados, sino porque el uso del espacio aéreo deriva de una autorización especial del Estado Mexicano y por lo mismo, su actividad debe ser severamente regulada.
Cuarto, un fracaso de una compañía aérea que realmente pelea el mercado nacional con el líder Aeroméxico redundaría en un ataque directo a la competencia y con ello, propiciaría un ahondamiento en el monopolio del comercio aeronáutico para pasajeros y carga, con una consecuencia directa en los precios.
Quinto, debe revisarse hasta donde es positivo que los trabajadores, bueno no todos, solo los pilotos, sean propietarios, aunque sea de una pequeña porción, de la empresa, tomando en cuenta que existe claramente un conflicto de intereses obrero-patronal.
Finalmente, la participación de capital mexicano es relevante en el rescate de una empresa también netamente mexicana, en un mundo globalizado donde el capital trasnacional predomina, en una suerte de expansionismo económico que subyuga y exprime la riqueza de las naciones.
Por todo esto, debe aplaudirse el rescate de mexicana, sin dejar de lado sus diversas aristas, principalmente el cuidado que el sector gubernamental rector debe tener en forma permanente en el proceso conclusivo de la crisis que aún envuelve a la primera empresa aeronáutica de nuestro país.
