La restauración de los delitos de difamación y calumnia constituye un
retroceso gravísimo a la libre expresión de las ideas. La sola pretensión o
pensamiento de ello es desafortunada, porque contiene un instrumento represor,
moderna espada de Damocles para evitar la crítica con la amenaza de cárcel,
como acontecía en el pasado.
Estas figuras delictivas, la difamación y la calumnia, fueron eliminadas
del Código Penal de Chihuahua y de la mayoría de las entidades federativas, con
la finalidad de fortalecer la libre expresión de las ideas, toda vez que eran
particularmente utilizadas por personajes del sector público o privado para
generar un campo de impunidad.
Es cierto que la libre expresión de las ideas no es patente de corzo para
mentir y difamar: sin embargo será preferible que los personajes de la
comunidad que han construido una fama pública en función de su liderazgo formal
o fáctico, soporten en mayor medida esos "excesos" de la crítica,
incluso con menoscabo al aspecto privado o familiar, en aras de generar
contrapesos ante el abuso e impunidad.
Incluso esa exposición pública hace más vulnerable al personaje de la
comunidad a una mayor transparencia y rendición de cuentas, elementos
fundamentales en el Estado de derecho y orden democrático.
Por ello, no solo la prensa, sino los modernos medios de comunicación
electrónicos, incluidas las redes sociales, deben gozar de esa protección, ya
que son depositarios de esa importante función de contrapeso. Limitar su
libertad es restringir no solo la libertad de prensa, sino anular el derecho a
la información.
Esto último resulta crucial: la libre expresión no se agota únicamente en
la posibilidad de divulgar datos o contenidos, sino en el derecho que tiene
todo ciudadano de acceder a la misma: violentar la libre expresión al mismo
tiempo vulnera el derecho a la información.
Ante esto, pensar en revivir los delitos de difamación y calumnia ataca a
ambos bienes jurídicos tutelados por la Constitución General de la República,
porque amenaza la libre expresión y al mismo tiempo, el derecho a la
información.
Es cierto que existe tentación en los círculos del poder por la
restauración de los delitos de difamación y calumnia, pero debe resistirse: no
es la vía adecuada. El camino adoptado en el ámbito internacional y nacional,
es la capacitación de quienes ejercen el periodismo como actividad profesional,
particularmente en el ámbito ético fortaleciendo la auto-regulación.
Aún más, puede pensarse incluso en tolerar un cierto abuso o exceso de la
libertad de expresión, soportando la máxima atribuida a Catalina de Medicis:
miente, miente que algo queda, fortaleciendo espacios de libertad, que adoptar
posiciones autoritarias y represivas, que se convierten en patente de corzo
para intimidar y coaccionar.
Un régimen de gobierno responsable no tiene de que preocuparse: las
mentiras caerán por su propio peso, y cuando no lo sean, permitirán generar
opinión pública y pensamiento crítico, tan necesario para el fortalecimiento
democrático.
El Congreso del Estado de Chihuahua y los de todo el país deben resistir
cualquier intentona restauradora de los delitos de difamación y calumnia. Y no
solo ello, sino profundizar el apoyo y fortalecimiento a la libre expresión de
las ideas mediante instrumentos de protección a la labor de los comunicadores y
de las personas que sin serlo de manera cotidiana y continua, hacen uso de una
de las principales libertades constitucionales, contrapeso indispensable en una
sociedad democrática.
http://robertopinon.blogspot.mx
