La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de atraer el expediente que contiene la investigación en torno a la muerte de 46 niños en una guarderia de Sonora, representa la oportunidad de que un órgano distinto intervenga para evitar impunidad y corrupción.
La corte interviene cuando aún no son hechos juzgados, concluidos: los asuntos son sustraídos del conocimiento de la autoridad judicial ordinaria, y excepcionalmente investigados bajo la orden de un ministro.
Este sistema ha sido cuestionado, cuando existen otros mecanismos previos de defensa por parte de las victimas en contra de los resolutivos de los jueces, quienes incluso pueden ser sujetos a sanciones de tipo administrativo o penal, por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Se entiende que la función excepcional investigadora que la corte asume tiene como objetivo preservar el estado de derecho, fundamentalmente proteger los derechos humanos de las personas, de abusos de autoridad; sin embargo, mas bien parece una función política que indagatoria.
La cuestión es que la investigación de los hechos se aleja de un procedimiento penal ordinario, esto es, un mecanismo sistematizado que permite a la sociedad, a través del ministerio público, y al presunto responsable, acudir a una acusación, fundarla y motivarla.
Se entiende que la facultad de investigación es un elemento añadido, un parche constitucional, para que la Corte genere una válvula de escape: ha demostrado su eficacia desde el punto de vista político, como ocurrió con Acteal y en estos momentos con la Guardería ABC en Sonora.
Pero, ¿debe la suprema corte politizarse? ¿Deben esas funciones de investigación de violaciones graves a los derechos humanos dejarse a otros órganos, con procedimientos establecidos, distintos a los ministros, que indaguen y sancionen, dejando a salvo el derecho fundamental de amparo?
Por eso, el artículo noventa y siete, párrafo segundo, permite que esa indagatoria sea efectuada por jueces de distrito o magistrados de tribunales colegiados, eso evita la politización de la suprema corte.
La cuestión es que son los ministros quienes la han asumido, colocándose en una situación que golpea políticamente al máximo tribunal del país, sumergiéndose en las aguas turbias de la política.
Ojala que la decisión sea para bien y no para deteriorar aún mas la imagen del poder judicial federal.
