Dice el presidente Felipe Calderón que la mayoría de las corporaciones municipales han sido rebasadas por el crimen organizado y que requieren una modificación estructural que permita el reforzamiento logístico a través de la creación de treinta y dos policías estatales que subsuman a aquellas.
Tiene razón. Pero no es la solución de fondo al problema, que es el vacío de poder, la ausencia de coordinación por parte de la federación que debe asumir el liderazgo en la materia y que se ha visto incapaz para hacerlo, alentando por medio de omisiones y ausencias la corrupción y con ella la impunidad.
Es correcto buscar la reestructuración del sistema policial en el país como un mecanismo de solución, sin embargo los problemas de corporaciones compradas por el dinero del crimen organizado subsistirá, por la sencilla razón de que no hay voluntad para activar los mecanismos de control y supervisión, mecanismos que serán necesarios en el nuevo esquema planteado como lo son en este momento para detectar a los agentes policiacos que están en la nómina oscura del dinero criminal.
Este nuevo esquema tampoco resuelve el problema de la ausencia de equipo adecuado en las corporaciones policiacas, porque si existiera la supervisión adecuada, no habría desconfianza para equipar suficientemente a los agentes municipales, porque serían policías preparados técnica y logísticamente.
Es cierto, concentrar los mandos de la policía municipal en una sola cabeza estatal otorgará mayor capacidad de acción, con una sola línea vertical jerárquica, fortaleciendo la capacidad de acción de los gobernadores, pero debe tenerse cuidado, porque de entrada esto significa mayores responsabilidades y gasto.
La medida debe ir acompañada de una revisión a la distribución de recursos hacia las entidades federativas, porque en los hechos significa una cesión hacia el ámbito estatal de una actividad, que en estos momentos le corresponde al gobierno federal, que es el combate a la delincuencia organizada: sería lamentable que solo se cargara en los Estados una nueva responsabilidad sin los recursos económicos suficientes, sería desastroso, una medida simplemente mediática, de imagen.
Igual ocurre con los centros de readaptación social, los que son administrados por los estados, que día con día reciben internos por delitos federales, lo que provoca un aumento en el grado de riesgo del resguardo, sin que exista reciprocidad federal en los recursos.
En los hechos hay una distancia con el discurso que exige a los estados mayor participación, sin la correspondiente retribución financiera: esto es, conservo el presupuesto, pero me desligo de responsabilidades, un doble discurso riesgoso por la materia tan delicada.
