Nada hay que celebrar éste siete de junio: en lo que va del 2016, seis periodistas han sido asesinados en todo el país. Urge retomar acciones de prevención y no esperar nuevos homicidios
La renovación del poder público estatal es la oportunidad de retomar la agenda que en materia de fortalecimiento de periodismo y libertad de expresión, se ha impulsado por el Foro de Periodistas de Chihuahua durante los últimos veintidos años.
Una agenda no exclusiva de Chihuahua, sino necesaria en cada una de las entidades federativas y que involucra también a la administración pública federal, y por supuesto al Congreso de la Unión.
Hoy, ya con los resultados prácticamente definidos -solo falta la entrega de la constancia de mayoría el próximo viernes para diputados y gobernador- las nuevas autoridades tendrán el reto de asumir a cabalidad compromisos para fortalecer la libertad de expresión, desde su ámbito de actuación.
La agenda planteada inicia con la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, que en el estado de Chihuahua ya es una realidad, pero que en diversas entidades aún es un rezago intolerable. Desafortunadamente la despenalización ha sido una solución a medias. Aún los periodistas, comunicadores y medios de comunicación son demandados por la vía civil exigiéndose cuantiosas -y en ocasiones exhorbitantes- sumas de dinero por reparación del daño, por parte de personajes públicos, del sector oficial o privado.
La clausula de conciencia y el secreto profesional caminan de la mano. La primera tiene que ver con el derecho del periodista de escribir sobre el tema que disponga, sin que se le pueda imponer línea editorial alguna: es un garante de su desempeño profesional; la segunda es la prohibición que tiene la autoridad para quebrantar ese secreto profesional. En Chihuahua ya se reconoce constitucionalmente el secreto profesional, sólo que no se sanciona penalmente y de manera expresa la intentona de funcionarios públicos por violentarla. Es necesario explorar un tipo penal exclusivo para ello, dentro del capítulo de delitos oficiales. La clausula de conciencia debe ser incorporada al texto constitucional.
Se planteó desde la creación del sistema estatal de protección a periodistas la creación de un órgano dentro de la entonces procuraduría estatal, en 2010, que investigue abusos o delitos contra periodistas. Es necesario retomarlo dentro de la actual Fiscalía, para que sea el enlace con las comisiones de derechos humanos, las mismas organizaciones periodísticas y el sistema que prevé la Ley General de protección a periodistas y defensores de derechos humanos a nivel nacional.
Dentro del poder legislativo estatal y federal es importante retomar la comisión de seguimiento a libertad de expresión, con la presencia de representantes de organizaciones periodísticas y diputados. A nivel federal ya existió en algún momento una comisión especial, hoy debe ser una comisión ordinaria. En el ámbito estatal rquerimos empezar con una comisión especial que realice balance y discusión acerca de esta fundamental libertad, foro crítico que revise políticas públicas en la materia.
Ya se habían dado pasos para generar beneficios sociales para los periodistas y sus familias en el ámbito estatal. Con cargo al erario público se contrató una poliza de vida, que el periodista podía incrementar de acuerdo a su posibilidad personal. Este seguro ayudó a múltiples colegas que fallecieron en los últimos años. Desafortunadamente se abandonó. Es necesario retomarlo, habida cuenta que la mayoría de los colegas carecen de seguridad social y sus familias no cuentan con el soporte económico para hacer frente al deceso. En otras entidades como Guerrero funciona un fideicomiso que genera posibilidades de acceso a vivienda o financiamiento para micro-empresas, fundamentados en una Ley de Desarrollo Social, que con sus mejoras podría funcionar bastante bien.
Transparencia y réplica son dos aspectos también necesarios de fortalecer. En transparencia se requiere una reforma legislativa que haga más expedito el trámite de solicitud de información, que podría tardarse meses antes de recibir el dato solicitado. Hay que acortar los tiempos. Además debe obligarse desde el mismo ejecutivo, judicial y legislativo, en su ámbito, una política más abierta y ordenada de la transparencia de la información pública, que en los hechos se oculta detrás de páginas tortuosas, datos incompletos o genéricos, que no abonan a la transparencia del quehacer público, y parecen destinados al ocultamiento de la información.
En cuanto a la réplica, tema federal, debe impulsarse más que la judicialización hoy planteada, la amable composición, el fortalecimiento ético de los medios, y no la espada de dámocles de sanción judicial que hoy pende sobre los comunicadores y medios de comunicación si se niegan a difundir la información solicitada.
La agenda está planteada. Que la renovación del poder público en 2016 sea oportunidad para retomar su cumplimiento.
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