¿Son los medios aliados del gobierno en turno en el combate al crimen organizado?
O mejor dicho: ¿deben los periodistas tomar partido en la lucha que despliega un gobierno en contra de una actividad ilegal?
Esta es, en el fondo, la cuestión ética que planteó el secretario de seguridad pública el pasado sábado en la conferencia de prensa, donde presentó a dos de los colegas plagiados en la laguna la semana pasada.
Es una pregunta interesante ya que cuestiona el papel que juegan los periodistas en la sociedad.
En torno a la actividad profesional se ha construido un andamiaje ético, donde destacan dos principios, el de imparcialidad e independencia.
El primero tiene que ver con el contenido de la información, que en todo momento debe ser equilibrado: nunca todo blanco, nunca todo negro: de esta manera, al contrastarse los datos desde diversas técnicas, entre ellas la comparación, el lector puede formarse un criterio.
Cuando se pierde la imparcialidad, se presentan textos con una sola visión de las cosas, se imponen criterios y se deja al lector indefenso.
La independencia implica que el periodismo se ejerce sin sujeción a un grupo de poder público o factico. El periodismo se desenvuelve libre sin ataduras, presentando los hechos, discutiéndolos, lejos, muy lejos, de convertirse, en virtud de la dependencia, en un simple órgano difusor del interés de un grupo especifico.
Es cierto: por lo regular los medios de comunicación y los periodistas defienden una postura ideológica, y de esa manera se colocan hasta cierto punto cerca de alguna posición política. Esta pluralidad enriquece la discusión, fortalece la opinión pública y forma debate periodístico.
Sin embargo el periodista sabe que su producto, la información, puede aproximarse a una posición de censura o aplauso, pero debe contener un halo de imparcialidad, de otra manera, el lector, que es sabio, lo detectará y –salvo que se trate de un sujeto político en ciernes- abandonará su lectura y buscará fuentes de información que al menos contrasten y presenten los diversos puntos de vista.
Por ese, motivo, pensar en los medios como un aliado del gobierno en el combate al crimen es incorrecto. Un aliado tolera excesos y errores. No es el papel del periodista hacer eso con la administración pública, porque abandona su rol imparcial e independiente, pero además crítico.
Genaro García Luna pudo plantear las cosas distintas y tal vez podríamos estar de acuerdo: el periodista es un aliado del Estado, porque solo en ese orden social puede sobrevivir; es un aliado de la democracia, porque vive de la discusión de los asuntos públicos; es un aliado de la sociedad, porque una de sus funciones fundamentales es constituirse en un controlador de los excesos del poder público, entre ellos la corrupción y la impunidad, campo fértil para el crecimiento de las conductas antisociales, que en su fase más perfeccionada, se convierten en crimen organizado.
El crimen organizado no es democrático porque sus estructuras no son electas por consenso y sus decisiones se imponen en forma vertical; vulnera los principios de organización social al aprovecharse y potenciar fenómenos como la corrupción; poco le interesan la discusión de los asuntos públicos y la formación de opinión pública crítica; no construye Estado, instituciones; sus leyes están escritas con sangre; solo busca el lucro.
Siendo un aliado del Estado y de la sociedad, el periodismo no es ni puede ser un aliado del crimen organizado.
