La decisión que debe tomar el senado de la república en relación con la ley de ingresos, es de suma importancia para recobrar el equilibrio en la política impositiva federal.
La cámara alta debe tomar en cuenta que en una economía deprimida es necesario impulsar el mejoramiento de los ingresos, y no su disminución.
Aumentar los gravámenes, en este caso el uno por ciento al impuesto al valor agregado y elevar el impuesto sobre la renta del 28 al 30, es reducir los ingresos de los ciudadanos.
Debe esperarse que el senado decida sostener el IVA en el quince y el ISR en la tasa actual. Y que los ingresos extraordinarios que requiere el gobierno federal, los adquiera vía optimización del gasto corriente y no de los bolsillos de los contribuyentes.
Esa restructuración no es sencilla, pero debe ser obligada por las fracciones parlamentarias que comparten la idea de un estado como medio y no como fin de la organización social.
Es extraño como el Partido Acción Nacional, ya en el poder, asume una posición contraria a la que enarbolaba antes de asumir la responsabilidad en el gobierno federal.
Los discursos señalaban la necesidad de que la administración pública asumiera su papel como rector de la economía, ampliando la libertad de los particulares y reduciendo los impuestos que sobre ellos pesaban.
Ese discurso es el que se espera que asuman incluso los senadores panistas, en congruencia con su pensamiento histórico.
Finalmente, la característica proporcional de los impuestos, permite su actualización en el tiempo y en las personas pasivas sobre las cuales recae la contribución.
Actualizar los porcentajes de los impuestos es una medida perversa, propia de un estado autoritario, que no tiene llene en la recaudación, en un sistema centralista que ahoga a las entidades federativas y a los municipios, concentrando los ingresos y los programas en perjuicio de los mexicanos.
Postergado un auténtico federalismo en las funciones, es lógico que ocurra lo mismo con los ingresos. Junto con la decisión histórica de abandonar el esquema del terrorismo fiscal de estado, sería deseable que Felipe Calderón retome el discurso auténticamente federalista, y más que el discurso, los hechos, que hablan por sí solos.
