En su momento, Francisco Barrio aceptó que la seguridad era el talón de Aquiles de su administración.
No se equivocó.
Desde el inicio arrancó con un ambicioso programa de renovación moral –por así llamarlo- privilegiando el combate a la corrupción.
Como resultado, el policía del año fue detenido con una carga de marihuana en la sierra de chihuahua.
Francisco Molina se autoproclamo incorruptible y surgió el caso Mesta y las Islas Caimán.
En estos momentos, el presidente Felipe Calderón, enarbola los mismos principios. Es legitimo. La sociedad espera un gobierno que le garantice su seguridad. El problema es que la seguridad no se garantiza con discursos transmitidos en cadena nacional.
Se garantiza a través del esfuerzo efectivo en las calles, en la persecución de los delitos competencia de la federación y en la prevención.
Ahí esta el error de cálculo de los gobiernos emanados del PAN, tanto el de Felipe Calderón, como el de Carlos Borruel.
No existe en la investigación de los delitos la aplicación de la inteligencia: hay una reacción que termina por echarle la culpa a los otros, en este caso los gobiernos estatales, del clima de inseguridad provocado por los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, cuando es responsabilidad federal.
En eso tiene razón Fermín Ordóñez, regidor del PRI, en la capital: el presidente Calderón no puede actuar en una dinámica de culpa, sino de actuación.
Los ayuntamientos y los gobiernos de los estados carecen de la capacidad de reacción ante dichos eventos criminales.
Solo en la mente de Felipe Calderón puede caber la posibilidad de que dichos ámbitos de competencia puedan hacer frente a dicha situación.
Lamentablemente, las víctimas no son las administraciones estatales y municipales, sino los ciudadanos todos.
