Felicitaciones al estimado colega Raúl Gómez Espinosa, presidente del Club Primera Plana, por la excelente anfitrionía a compañeros periodistas chinos, que la pasada semana fueron recibidos cálidamente en la ciudad de México
Las fuerzas que guardan y cuidan el orden, en el ámbito civil o militar, ya sean municipales, estatales o federales, tienen como principal obligación actuar dentro del cumplimiento de la ley, salvaguardar y proteger los derechos humanos.
El problema es que los integrantes de las fuerzas policiales incumplen de manera cotidiana con esta obligación. Es cierto que la violación a los derechos humanos es la excepción, pero no por ello debe dejar de señalarse la gravedad de estos acontecimientos, que al ser solapados, adquieren un matiz institucionalizado inaceptable.
Aún mas grave se convierte la actuación policial cuando, para encubrir sus actos ilegales, acuden a la invención de cargos contra las personas, criminalizando a un inocente, deteniéndolo, incomunicándolo, torturándolo psicológicamente y al final, sometiéndolo a un proceso judicial que podría no tener fin, como ocurre con el caso que da pie a la recomendación 19/2016 que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este asunto, un periodista fue golpeado, amenazado, detenido y procesado por el delito de lesiones, como represalia por haber tomado fotos de vehículos que ingresaban a instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.
Dos agentes de la policía estatal tamaulipeca lo acusaron penalmente del delito de lesiones y ataque a la autoridad: lo entregaron a la policía municipal, donde permaneció incomunicado, hasta que fue entregado a un juez, quien ordenó la liberación bajo caución.
Insólito: el agresor de los policías mostraba lesiones, que si bien no eran de consideración, si demostraban la golpiza a la que fue sometido: los agentes policiacos solo refirieron dolor, sin que se les practicará ningún examen médico: aún así el juez dictó auto de formal prisión y sujeción a proceso.
Aunque tardía -los hechos acontecieron en 2014-, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos emitida a principios de mayo de éste año, es un llamado de atención para la procuraduría estatal, la policía preventiva y el poder judicial tamaulipeco: que advierte la colusión criminal de agentes de Estado que violentan derechos humanos y atacan la libertad de expresión.
El reportero únicamente se limitó a tomar fotografías del acceso de vehículos a la procuraduría de justicia: un hecho de interés periodístico, que desató la furia de los agentes de policía que resguardaban el recinto.
Pero además, un ejercicio profesional protegido por las leyes mexicanas y las convenciones internacionales: la libertad para buscar y publicar información, base fundamental del derecho a la libertad de expresión.
Ahora toca que el gobernador Egidio Torre acepte la recomendación, inicie el procedimiento administrativo que sancione a los agentes policiacos que cometieron el abuso, repare los daños y perjuicios, e implemente acciones que sensibilicen y capaciten a los integrantes de cuerpos policiacos, en el respeto y protección de derechos humanos, particularmente el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores.
Tareas éstas últimas que son de obligada y permanente realización en los gobiernos de los estados, como acto preventivo de abusos contra la libertad de expresión, que desafortunadamente han caído en el olvido.
La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática, como tal debe resguardarse de la coerción directa o indirecta del poder formal o fáctico, que, per se, intenta manipular la comunicación para beneficio propio, tratando de desnaturalizar ésta preciada libertad.
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